El fin de la guerra civil estadounidense dio paso a un nuevo problema: ¿qué hacer con los derrotados estados sureños? Esta pregunta llevó a una crisis constitucional que abrió la puerta al primer juicio de residenciamiento en la historia estadounidense.

Tras el asesinato de Abraham Lincoln asumió la presidencia el Vicepresidente Andrew Johnson, un sureño que no sólo había sido miembro del Partido Demócrata, sino que también había poseído esclavos. Johnson era hijo de la tradición de Andrew Jackson y, por ende, se consideraba un defensor del hombre común frente a la aristocracia corrupta de noreste. El nuevo presidente simpatizaba con los blancos pobres y no tenía mucha empatía para los esclavos. Cuando estalló la guerra civil, Johnson era Senador por el estado de Tennesse, pero se mantuvo fiel a la Unión. Los Republicanos lo eligieron candidato a la vicepresidencia para promover la unidad y cortejar el apoyo de los sureños unionistas. En su gestión como Presidente, Johnson dejó claro que era un creyente en la supremacía de los blancos y, por ende, se opuso a la concesión de derechos políticos a los negros. Su simpatía para con los estados sureños fue más que evidente y le   llevó a una colisión con el Congreso.

En mayo de 1865, Johnson hizo público su plan para readmitir a los estados sureños en la Unión. El plan presidencial ofrecía amnistía a todo sureño que hiciera un juramento de lealtad a la constitución de los Estados Unidos. Sólo quedaban fuera los altos dirigentes civiles y militares de la Confederación, quienes sólo podían ser perdonados por el Presidente mismo. Para que los estados fuesen reintegrados a la unión, los sureños debían también ratificar la Enmienda 13, aboliendo la esclavitud. Rápidamente, los estados confederados aceptaron el plan de Johnson y pudieron elegir gobiernos propios. Para el otoño de 1865 diez de los once estados confederados habían cumplido con los requisitos del plan de Johnson

La primera reacción de los congresistas Republicanos al plan del presidente fue favorable. Tanto moderados como radicales decidieron darle una oportunidad a Johnson y a su plan. Éstos esperaban que los nuevos gobiernos sureños aprovecharan la gran oportunidad que el plan Johnson significaba y actuaran de buena fe. Desafortunadamente, esto no ocurrió porque los nuevos gobiernos sureños buscaron resucitar la esclavitud a través de una serie de leyes, conocidas como los códigos negros. Estas leyes buscaban obligar a los negros libres a regresar a trabajar a las plantaciones.  Además, Johnson le otorgó un perdón a básicamente a todo antiguo líder de la Confederación que se lo solicitó. Envalentonados, los sureños eligieron antiguos funcionarios confederados para representarles en el Congreso de los Estados Unidos. Antiguos generales y coroneles, legisladores y hasta el vicepresidente de la Confederación fueron electos al Congreso federal en representación de los estados sureños.

La actitud y las acciones de los sureños enfurecieron a los congresistas Republicanos, quienes decidieron no reconocer a los nuevos legisladores sureños. Para ello, aplicaron una cláusula de la constitución que le reconoce al Congreso el poder de aceptar o rechazar legisladores. De esta forma, todos los congresistas sureños electos bajo el plan de Johnson fueron rechazados por el Congreso.  En respuesta, los estados sureños eliminaron las alusiones raciales en los códigos negros, pero en la práctica sólo aplicaban las leyes a los negros libres.  Para complicar aún más las cosas, se desató una ola de violencia y terror contra los negros libres en diversos estados del sur.  Todo ello llevó a los congresistas republicanos a concluir que el Sur estaba deliberadamente evadiendo la Enmienda 13, y que era necesaria la intervención del Congreso.

En marzo de 1865 el Congreso creó la Oficina de  Libertos  (Freedmen Bureau) para brindar ayuda de emergencia a los antiguos esclavos.  Esta oficina había tenido un éxito limitado.  La Oficina de Libertos operó escuelas ayudando a crear las bases para un sistema de educación pública en el sur. También ayudó a los negros a denunciar los abusos de que eran víctimas. A principios de 1866, el Congreso aprobó extender la vida de esta oficina asignándoles fondos de forma directa y autorizando a sus agentes a investigar casos de maltrato de libertos. Además, el Congreso aprobó una ley de derechos civiles, confiriéndole la ciudadanía norteamericana a los negros. Esta ley definía como ciudadano a toda persona nacida en los Estados Unidos, aunque dejaba fuera a los amerindios. De acuerdo con esta ley, los negros estarían cubiertos por todas las leyes norteamericanas que garantizaban la seguridad y la propiedad de los ciudadanos estadounidenses.

En febrero de 1866, el presidente Johnson vetó la nueva ley de la Oficina de Libertos y la Ley de derechos civiles. Además, lanzó un fuerte ataque contra los radicales, acusándoles de traidores que no querían restaurar la Unión.

Los radicales toman control

¿Quiénes eran estos congresistas radicales que provocaron la ira del presidente Johnson?  La mayoría de los unionadicales eran individuos formados al calor de los debates en torno a la esclavitud. Éstos procedían, principalmente, de la zona de Nueva Inglaterra o del medio oeste. Les unía la creencia en la igualdad de derechos políticos y de oportunidades económicas, por lo que creían necesario un gobierno central fuerte. Según ellos, el establecimiento del trabajo libre, la educación universal pública y la igualdad de derechos llevarían al sur a disfrutar del mismo nivel de riqueza, progreso y movilidad social que poseía el norte. Su opinión del Sur no era la mejor, pues le consideraban una región en donde reinaba la ignorancia, se practicaba una agricultura de despilfarro, se rechazaba la manufactura, se despreciaba el trabajo honesto y estaba controlada por una oligarquía majadera. Los radicales querían transformar al Sur desarrollando la pequeña propiedad agraria, fomentando la manufactura, promoviendo la educación, cultivando el respeto al trabajo honesto y extendiendo la igualdad de derechos políticos entres sus habitantes.  Para los radicales, la prioridad no era reestablecer la Unión, sino rehacer al sur.

Charles Sumner

Para los radicales, el gobierno federal debía jugar un papel protagónico en la reconstrucción del sur, sobre todo, garantizando los derechos civiles y el voto de los libertos. Republicanos radicales como Thaddeus Stevens (Pennsylvania) y Charles Sumner (Massachussets) abogaban por una intervención federal directa que protegiera a  los negros y les brindara oportunidades educativas, sociales y económicas.

Los vetos de Johnson unificaron a los legisladores republicanos bajo el liderato de los republicanos radicales, quienes decidieron retar el poder del presidente. En abril de 1866, los radicales obtuvieron el respaldo de las dos terceras parte de los legisladores necesarios para aprobar las leyes vetadas por Johnson. Este fue un momento histórico porque por primera vez en la historia de los Estados Unidos el Congreso fue por encima de un veto presidencial.  En junio de 1866, el Congreso aprobó la enmienda la Enmienda 14 declarando ciudadano norteamericano a toda persona nacida en los Estados Unidos. Según la enmienda ningún estado “aprobará o hará cumplir ninguna ley que restrinja los privilegios o inmunidades de los ciudadanos de los Estados Unidos; ni ningún estado privará a persona alguna de su vida, de su libertad, sin el debido procedimiento de ley, ni negará a nadie, dentro de su jurisdicción, al igual protección de las leyes”. Esta enmienda histórica buscaba proteger los derechos de los libertos frente los abusos y atropellos de los sureños garantizando la constitucionalidad de la Ley de Derechos Civiles vetada por Johnson y aprobada por el Congreso.

En las elecciones de 1866, los Republicanos aumentaron su mayoría tanto en la Cámara como en el Senado, y ganaron control de todos los estados del norte. Los Republicanos entendieron su contundente victoria como un mandato, como una muestra de aprobación popular de sus posiciones, como una especie de referéndum que Johnson perdió. La victoria electoral unificó a los congresistas republicanos en su propósito de tomar control de la reconstrucción. Con ello quedó definido el escenario de un choque histórico y peligroso entre las ramas legislativa y ejecutiva del gobierno de los Estados Unidos.

Los Republicanos tomaron la iniciativa rápido aprobando una serie de leyes a comienzos del año 1867. En marzo, los republicanos aprobaron la Ley de la Reconstrucción que fue vetada por Johnson y vuelta a probara por el Congreso por encima del veto presidencial. Esta ley organizaba al sur como un territorio conquistado y ocupado, pues le dividía en cinco distritos militares, cada uno comandado por un general del ejército de la Unión. Para que se retirasen las tropas federales y los estados se reintegrasen a la Unión, era necesario que éstos le concediera en el derecho al voto a los libertos y privara de ese mismo derecho a los confederados que participaron en la rebelión. Cada comandante militar debía registrar a todos los votantes de su distrito, blancos y negros, y supervisar que se llevaran a cabo elecciones para escoger una convención estatal. Ésta debería redactar nuevas constituciones que garantizaran el derecho al voto de los negros en cada estado. Además, los estados sureños debían ratificar la Enmienda 14. Cuando todo ello ocurriese, los estados sureños serían readmitidos a la Unión.

Edwin M. Stanton

Los republicanos también aprobaron la Ley de Tenencia de un Cargo Público que hacía obligatorio el consentimiento del Senado para remover de su cargo a todo funcionario cuyo nombramiento tuvo que ser confirmado por el Senado. En otras palabras, obligaba a Johnson a solicitar el consentimiento senatorial para poder destituir funcionarios públicos que aunque pudieron haber sido nombrados por el presidente, debieron ser confirmados por el Senado. Con ello, el Senado quería proteger al Secretario de Guerra Edwin M. Stanton, quien había sido nombrado por Lincoln y favorecía la reconstrucción radical del sur. Como Secretario de Guerra, podía hacer mucho para favorecer a los republicanos radicales y bloquear las acciones del presidente. Esta ley atentaba contra los poderes reconocidos por la constitución al presidente de los Estados Unidos, pues exigía que Johnson trasmitiera sus órdenes al ejército a través de su oficial de mayor rango el General Ulises S. Grant.

Johnson no pudo evitar que se aprobaran ambas leyes y hasta pareció dar señales de aceptar el control congresional de la reconstrucción, pues nombró los generales recomendados por Stanton y Grant para comandar los cincos distritos militares creados por la Ley de Reconstrucción. Sin embargo, esto era una maniobra de Johnson para ganar tiempo, pues tan pronto acabó la sesión del Congreso destituyó a Stanton y le sustituyó por Grant, pues creía que el general sería mucho más fácil de controlar. Además, el presidente sustituyó a cuatro de los comandantes de distritos militares del sur. Grant sorprendió a Johnson al objetar públicamente las movidas del presidente. Cuando el Congreso volvió a reunirse anuló la destitución de Stanton.

El 21 de febrero de 1868, Johnson oficialmente despidió a Stanton y el secretario se atrincheró en su oficina y se negó a obedecer al presidente. El 24 de febrero de 1868 por primera vez en la historia de los Estados Unidos, el Congreso inició un proceso de residenciamiento para destituir al presidente. Siguiendo el mandato establecido por la constitución, la Cámara de Representantes inició el proceso de residenciamiento contra Johnson acusándole de once cargos de mala conducta presidencial, siete de ellos por haber violado la Ley de tenencia de un cargo público.  Una vez establecidas las acusaciones en la Cámara, el Senado pasó a enjuiciar al presidente. Tras un juicio de once semanas de duración, Johnson se salvó de ser el primer presidente en ser destituido por un voto, pues se requería que dos terceras partes de los senadores le condenaran (36) y sólo 35 senadores lo encontraron culpable de los cargos de que se le acusaba.  Siete republicanos moderados votaron a favor de Johnson porque no estaban seguros de la constitucionalidad de la Ley  de tenencia de un cargo público, que en efecto fue más tarde declarada inconstitucional por el Tribunal Supremo. Para este grupo de legisladores, destituir a Johnson hubiera sido un acto muy extremo, pues habría establecido un antecedente muy peligroso. En otras palabras, para ellos era más importante salvaguardar el sistema político estadounidense que castigar a Johnson.

Norberto Barreto Velázquez

Lima, 15 de noviembre de 2019

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