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Archive for the ‘Congreso Estados Unidos’ Category

Comparto esta nota de la historidora Heather Cox Richardson conmemorando los 56 años de la firma de la Voting Rights Act. Cox Richardson hace un excelente recuento del proceso que llevó a  la firma de esta histórica ley y de las amenazas actuales al derecho al voto de las minorías en Estados Unidos y, por ende, a la democracia estadounidense.

La Dr. Cox Richardson trabaja en Boston College y es autora, entre otros libros,   de To Make Men Free: A History of the Republican Party (2014). Es la creadora de una popular columna diara, Letters from America, analizando desde una perspectiva histórica la situación política y social estadounidense.


It Is Time to Update the Voting Rights Act - Center for American Progress

Letters from America  

Heather Cox Richardson

6 de agosto de 2021

Monadnock Ledger-Transcript - Lyceum continues with Heather Cox Richardson  on Sunday

Heather Cox Richardson

Hace hoy cincuenta y seis años, el 6 de agosto de 1965, el presidente Lyndon B. Johnson firmó la Ley de Derecho al Voto. La necesidad de la ley se explicó en su título completo: «Una ley para hacer cumplir la decimoquinta enmienda a la Constitución, y para otros fines».

A raíz de la Guerra Civil, los estadounidenses trataron de crear una nueva nación en la que la ley tratara a los hombres negros y a los hombres blancos como iguales. En 1865, ratificaron la Decimotercera Enmienda a la Constitución, prohibiendo la esclavitud excepto como castigo por crímenes. En 1868, ajustaron la Constitución de nuevo, garantizando que cualquier persona nacida o naturalizada en los Estados Unidos, excepto ciertos indígenas americanos, era un ciudadano, abriendo el sufragio a los hombres negros. En 1870, después de que los legisladores de Georgia expulsaran a sus colegas negros recién sentados, los estadounidenses defendieron el derecho de los hombres negros a votar añadiendo ese derecho a la Constitución.

Las tres enmiendas —la Decimotercera, La Decimocuarta y la Decimoquinta— le dieron al Congreso el poder de hacerlas cumplir. En 1870, el Congreso estableció el Departamento de Justicia para hacer precisamente eso. Los sureños blancos reaccionarios habían estado usando las leyes estatales, y la falta de voluntad de los jueces y jurados estatales para proteger a los estadounidenses negros de las pandillas blancas y los empleadores tramposos, para mantener a los negros subordinados. Los hombres blancos se organizaron como el Ku Klux Klan para aterrorizar a los hombres negros y evitar que ellos y sus aliados blancos votaran para cambiar ese sistema. En 1870, el gobierno federal intervino para proteger los derechos de los negros y procesar a los miembros del Ku Klux Klan.

Ciudadanía por nacimiento: qué es la enmienda 14 de la Constitución de  Estados Unidos (y cuán posible es que Trump acabe con ella) - BBC News Mundo

Con el poder federal ahora detrás de la protección constitucional de la igualdad, amenazando con la cárcel para aquellos que violaron la ley, los opositores blancos del voto negro cambiaron su argumento en contra.

En 1871, comenzaron a decir que no tenían ningún problema con que los hombres negros votaran por motivos raciales; su objeción al voto negro era que los hombres negros, sólo por esclavitud, eran pobres e incultos. Estaban votando por legisladores que les prometían servicios públicos como carreteras y escuelas, y que solo se podían pagar con impuestos.

La idea de que los votantes negros eran socialistas —de hecho, usaron ese término en 1871— significó que los norteños blancos que habían luchado para reemplazar la sociedad jerárquica del Viejo Sur con una sociedad basada en la igualdad comenzaron a cambiar su tono. Miraron hacia otro lado, ya que los hombres blancos impedieron que los hombres negros votaran, primero con el terrorismo y luego con las leyes electorales estatales que usaban cláusulas de abuelo, que recortaban a los hombres negros sin mencionar la raza al permitir que un hombre votara si su abuelo lo había hecho; pruebas de alfabetización en las que los registradores blancos pueden decidir quién aprueba; los impuestos electorales; y así sucesivamente. Los estados también redujeron los distritos de manera desigual para favorecer a los demócratas, que dirigían un partido segregacionista totalmente blanco. En 1880 el Sur era sólidamente demócrata, y lo seguiría siendo hasta 1964.

Los estados del sur siempre celebraron elecciones: solo se había previsto que los demócratas las ganarían.

Merrell R. Bennekin on Twitter: "U.S. adopts 15th Amendment, March 30, 1870  Following its ratification by the requisite three-fourths of the states,  the 15th Amendment, granting African-American men the right to vote,Los estadounidenses negros nunca aceptaron este estado de cosas, pero su oposición no ganó una poderosa atención nacional hasta después de la Segunda Guerra Mundial.

Durante esa guerra, los estadounidenses de todos los ámbitos de la vida habían enfocado en derrotar al fascismo, un sistema de gobierno basado en la idea de que algunas personas son mejores que otras. Los estadounidenses defendieron la democracia y, a pesar de todo lo que los estadounidenses negros lucharon en unidades segregadas, y que los disturbios raciales estallaron en ciudades de todo el país durante los años de guerra, y que el gobierno internó a los estadounidenses de origen japonés, los legisladores comenzaron a reconocer que la nación no podría definirse efectivamente como una democracia si las personas negras y marrones vivían en viviendas deficientes,  recibió una educación deficiente, no podía avanzar de los trabajos de poca importancia y no podía votar para cambiar ninguna de esas circunstancias.

Mientras tanto, los afroamericanos y las personas de color que habían luchado por la nación en el extranjero llevaron a casa su determinación de ser tratados por igual, especialmente a medida que el colapso financiero de los países europeos aflojó su control sobre sus antiguas colonias africanas y asiáticas, dando vida a nuevas naciones.

Thurgood Marshall (1908-1993) •

Thurgood Marshall

Aquellos interesados en promover los derechos de los negros recurrieron, una vez más, al gobierno federal para anular las leyes estatales discriminatorias. Estimulados por el abogado Thurgood Marshall, los jueces utilizaron la cláusula de debido proceso y la cláusula de igualdad de protección de la Decimocuarta Enmienda para argumentar que las protecciones en la Carta de Derechos se aplicaban a los estados, es decir, los estados no podían privar a ningún estadounidense de la igualdad. En 1954, la Corte Suprema bajo el presidente del Tribunal Supremo Earl Warren, el ex gobernador republicano de California, utilizó esta doctrina cuando dictó el caso Brown v. Decisión de la Junta de Educación que declara inconstitucionales las escuelas segregadas.

Los reaccionarios blancos respondieron con violencia, pero los afroamericanos continuaron defendiendo sus derechos. En 1957 y 1960, bajo la presión del presidente republicano Dwight Eisenhower, el Congreso aprobó leyes de derechos civiles diseñadas para facultar al gobierno federal para hacer cumplir las leyes que protegen el voto negro.

En 1961, el Comité Coordinador Estudiantil No Violento (SNCC) y el Consejo de Organizaciones Federadas (COFO) comenzaron esfuerzos intensivos para registrar a los votantes y organizar a las comunidades para apoyar el cambio político. Debido a que solo el 6,7% de los negros de Mississippi estaban registrados, MIssissippi se convirtió en un punto focal, y en el «Freedom Summer» de 1964, organizado bajo Bob Moses (quien falleció el 25 de julio de este año), los voluntarios se dispusieron a registrar a los votantes. El 21 de junio, miembros del Ku Klux Klan, al menos uno de los cuales era oficial de la ley, asesinaron a los organizadores James Chaney, Andrew Goodman y Michael Schwerner cerca de Filadelfia, Mississippi, y, cuando fueron descubiertos, se rieron de la idea de que serían castigados por los asesinatos.

Ese año, el Congreso aprobó la Ley de Derechos Civiles de 1964, que fortaleció los derechos de voto. El 7 de marzo de 1965, en Selma, Alabama, los manifestantes liderados por John Lewis (quien pasaría a servir 17 términos en el Congreso) se dirigieron a Montgomery para demostrar su deseo de votar. Los agentes del orden los detuvieron en el puente Edmund Pettus y los golpearon salvajemente.

El 15 de marzo, el presidente Johnson pidió al Congreso que aprobara una legislación que defendiera el derecho al voto de los estadounidenses. Así fue. Y en este día de 1965, la Ley del Derecho al Voto se convirtió en ley. Se convirtió en una parte tan fundamental de nuestro sistema legal que el Congreso lo reautorizó repetidamente, por amplios márgenes, tan recientemente como en 2006.

Pero en el 2013 en su decisión del caso Shelby County v. Holder, la Corte Suprema bajo el presidente del Tribunal Supremo John Roberts destripó la disposición de la ley que requiere que los estados con historiales de discriminación de votantes obtengan la aprobación del Departamento de Justicia antes de que cambien sus leyes de votación. Inmediatamente, las legislaturas de esos estados, ahora dominadas por los republicanos, comenzaron a aprobar medidas para suprimir el voto. Ahora, a raíz de las elecciones de 2020, los estados dominados por los republicanos han aumentado la tasa de supresión de votantes, y el 1 de julio de 2021, la Corte Suprema permitió dicha supresión con la decisión de Brnovich v. DNC.

1965 Voting Rights Act - A Brief History of Civil Rights in the United  States - HUSL Library at Howard University School of Law

Si se permite a los republicanos elegir quién votará en los estados, dominarán el país de la misma manera que los demócratas convirtieron el Sur en un estado de partido único después de la Guerra Civil. Alarmados por lo que equivaldrá a la pérdida de nuestra democracia, los demócratas están pidiendo que el gobierno federal proteja los derechos de voto.

Y, sin embargo, 2020 dejó muy claro que si los republicanos no pueden impedir que los demócratas voten, no podrán ganar las elecciones. Y así, los republicanos están insistiendo en que los estados por sí solos pueden determinar quién puede votar y que cualquier legislación federal es una extralimitación tiránica. Una encuesta reciente de Pew muestra que más de dos tercios de los votantes republicanos no creen que votar sea un derecho y creen que se puede limitar.

Y entonces, aquí estamos, en una crisis existencial sobre los derechos de voto y si son los estados o el gobierno federal los que deben decidirlos.

June 25, 2013 – The Supreme Court Decides Shelby County v. Holder | Legal  Legacy

En este momento, hay dos importantes proyectos de ley de derechos de voto ante el Congreso. Los demócratas han introducido la Ley para el Pueblo, una medida radical que protege el derecho al voto, pone fin al gerrymandering partidista, detiene el flujo de efectivo a las elecciones y requiere nuevas pautas éticas para los legisladores. También han introducido la Ley de Derechos de Voto John Lewis, que se centra más estrechamente en el voto y restaura las protecciones proporcionadas en la Ley de Derechos de Voto de 1965.

Los senadores republicanos han anunciado su oposición a cualquier proyecto de ley de derechos de voto, por lo que cualquier ley que se apruebe tendrá que sortear el filibusterismo en el Senado, que no se puede romper sin 10 senadores republicanos. Los demócratas podrían romper el filibusterismo para un proyecto de ley de derechos de voto, pero los senadores Joe Manchin (D-WV) y Kyrsten Sinema (D-AZ) indicaron a principios de este verano que no apoyarían tal medida.

Y, sin embargo, hay señales de que un proyecto de ley de derechos de voto no está muerto. Los senadores demócratas han seguido trabajando para llegar a un proyecto de ley que pueda pasar por su partido, y no tiene sentido hacerlo si, al final, saben que no pueden convertirlo en una ley. «Todo el mundo está trabajando de buena fe en esto», dijo Manchin a Mike DeBonis del Washington Post. «Es la aportación de todos, no solo la mía, pero creo que la mía, tal vez… nos hizo a todos hablar y rodar en la dirección en la que teníamos que volver a lo básico», dijo.

Volver a lo básico es una muy buena idea. La idea básica de que no podemos tener igualdad ante la ley sin igualdad de acceso a la boleta electoral nos dio las Enmiendas Decimotercera, Decimocuarta y Decimoquinta a la Constitución, y estableció el poder del gobierno federal sobre los estados para hacerlas cumplir.

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Fuentes:

https://www.washingtonpost.com/politics/2021/06/08/how-is-john-lewis-voting-rights-act-different-hr-1/

https://www.ourdocuments.gov/doc.php

https://www.newsweek.com/only-third-republicans-think-voting-fundamental-right-poll-1612336

https://www.pewresearch.org/fact-tank/2021/07/22/wide-partisan-divide-on-whether-voting-is-a-fundamental-right-or-a-privilege-with-responsibilities/

https://cha.house.gov/report-voting-america-ensuring-free-and-fair-access-ballot

https://cha.house.gov/sites/democrats.cha.house.gov/files/2021_Voting%20in%20America_v5_web.pdf

https://www.washingtonpost.com/politics/democrats-craft-revised-voting-rights-bill-seeking-to-keep-hopes-alive-in-the-senate/2021/07/28/855b93fc-efc5-11eb-81d2-ffae0f931b8f_story.html

Traducido por Norberto Barreto Velázquez

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8d858-huellasLa revista digital Huellas de Estados Unidos cumple diez años de vida. Durante este periodo ha desarrollado una labor importantísima promoviendo el estudio de la historia estadounidense en América Latina. Huellas se ha convertido en unos de los pocos medios académicos dedicados  a la publicación de trabajos analizando en castellano la historia del vecino del Norte.

Para celebrar estos diez años, Huellas publica su número veinte, en gran parte dedicado al análisis del ascenso de la derecha radical y su más reciente y preocupante expresión: el ataque al Capitolio del pasado 6 de enero. Asimismo, destaca la traducción de un ensayo de dos destacados académicos afroestadounidenses, Ibram X. Kendi y Keisha Blain.  Completan este número trabajos sobre el desarrollo de Hollywood en los últimos años del siglo XX, el poder financiero en los años 1970, el tema migratorio y el significado para América Latina de la administración Biden.

Felicitamos a los colegas Valeria Carbone y Fabio Nigra por estos diez años de arduo trabajo.

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En 1865,  el Congreso estadounidense aprobó  una enmienda a la constitución de los Estados Unidos aboliendo la esclavitud. Esta enmienda, la número trece, fue ratificada por todos los estados de la Unión (los estados sureños rebeldes no participaron).  Aunque histórica, la enmienda 13  no acabó, realmente, con la esclavitud en Estados Unidos, sino que dejó las puertas abiertas a la injusticia y al abuso. En su primera sección, la enmienda establece que «ni en los Estados Unidos ni en ningún lugar sujeto a su jurisdicción habrá esclavitud ni trabajo forzado, excepto como castigo de un delito del que el responsable haya quedado debidamente convicto.» En los ciento cincuenta y cinco años de su existencia, esta sección ha sido utilizada para esclavizar a miles de personas, la mayoría de ellos negros. Acusados y convictos, en muchos casos por acusaciones frívolas o inventadas, negros, blancos pobres, latinos e imigrantes terminaron trabajando como esclavos en granjas estatales en el Sur, apagando fuegos forestales en el Oeste, etc.

En esta artículo publicado en The New York Times, el gran historiador estadounidense Eric Foner aborda este tema con la claridad que ha caracterizado su trabajo académico. Quienes estén intersados en este asunto podrían complementar la lectura del trabajo de Foner con el excelente documental 13th (2016) de la directora Ava DuVernay.


 We Are Not Done With Abolition

Eric Foner

New York Times     December 16, 2020

Convicts working on a prison farm in 1934.

Credit…Lomax Collection, via Library of Congress

Early this month, a group of Democratic members of Congress introduced an Abolition Amendment to the U.S. Constitution. Why, in the year 2020, does the Constitution need an amendment dealing with the abolition of slavery? Wasn’t that accomplished over a century and a half ago?

The problem is that the Thirteenth Amendment, ratified in 1865, which prohibits slavery throughout the country, allows for “involuntary servitude” as a “punishment for crime.” This loophole made possible the establishment of a giant, extremely profitable, system of convict labor, mainly affecting African-Americans, in the Jim Crow South. That system no longer exists but its legacy remains in the widespread forced labor of prisoners, who are paid far below the minimum wage. The Abolition Amendment would eliminate the Thirteenth Amendment’s “criminal exemption” by adding these words to the Constitution: “Neither slavery nor involuntary servitude may be imposed as a punishment for a crime.”

When enacted, the Thirteenth Amendment was recognized as a turning point in the history of the United States, indeed the entire world. When the House of Representatives approved it as the Civil War drew to a close, wild scenes of celebration followed. Members threw their hats in the air and embraced one another. Passage, wrote one newspaper, was “the crowning event of the war, indeed of the century.”

The Amendment’s wording, including the criminal exemption, was based on Thomas Jefferson’s proposed but never enacted Land Ordinance of 1784, which would have barred slavery in all the new nation’s territories. From there, it migrated to the Northwest Ordinance of 1787, which prohibited slavery in territories north of the Ohio River. Scholars have not explained why Jefferson devised this language. Perhaps he thought that labor was good for the character and would aid in the rehabilitation of prisoners. But the coupling of a ban on slavery with an exemption for convicted criminals quickly became embedded in American law. By the time of the Civil War, it could be found in the constitutions of a large majority of the free states. Such language survives in nearly half the state constitutions.

 

During the 1850s, Republicans, including Abraham Lincoln, popularized the claim that the Northwest Ordinance demonstrated that their new party was following the intentions of the founding fathers when it sought to bar slavery from the western territories. When it came time during the Civil War to write an amendment abolishing slavery, Charles Sumner, the abolitionist Senator from Massachusetts, proposed wording based on the 1791 French Declaration of the Rights of Man and the Citizen. His colleague Jacob Howard of Michigan rejected the idea of using a French model. “Good old Anglo-Saxon language” was adequate, he declared, and Congress gravitated to the wording of Jefferson’s ordinance.

Because of its very familiarity, the text of the Thirteenth Amendment did not undergo necessary scrutiny. The criminal exemption was almost never mentioned in congressional debates, contemporary newspapers or at antislavery conventions that endorsed the proposed amendment.

Petition · amend the 13th amendment · Change.org

But the clause did not go unnoticed by white Southerners. The all-white governments established in the South by President Andrew Johnson after the war’s end enacted laws known as the Black Codes, which sought to use the courts to consign African-Americans to involuntary labor. Black Americans who failed to sign a contract to work for a white employer could be convicted of vagrancy, fined and, if unable to pay, sold at public auction.

“Cunning rebels,” one congressman complained in 1866, were using “the exceptional clause” to reduce freed persons to slavery. In 1867, the National Anti-Slavery Standard, an abolitionist journal published in New York City, called for the passage of a new amendment eliminating the words “except as a punishment for crime.” Today’s abolition amendment seeks to accomplish the same result by other means.

Also in 1867, a Republican congressman from Iowa, John A. Kasson, introduced a resolution clarifying the “true intent” of the 13th Amendment. It was not meant, he insisted, to authorize the “sale or other disposition” of people convicted of crime. If prisoners were required to labor, this should be under the supervision of public authorities, not private individuals or companies. The resolution passed the House, but did not come to a vote in the Senate.

By this time, Congress had enacted, over Johnson’s veto, the Civil Rights Act of 1866, which mandated racial equality in judicial punishments, and had approved the 14th Amendment, requiring states to provide to all people the “equal protection of the laws.” These, senators thought, would prevent the use of the courts to victimize African-Americans, rendering Kasson’s resolution unnecessary. Time would prove them tragically wrong.

During Radical Reconstruction, when hundreds of thousands of African-Americans voted for the first time and large numbers held public office, racial bias in the criminal justice system and the forced labor of those convicted of crime remained minor problems. There were hardly any prisons or prisoners in the South. But with the overthrow of Reconstruction and the imposition of the comprehensive system of white supremacy known as Jim Crow, the prison population expanded rapidly.

Southern states filled their jails with African-Americans, often former slaves convicted of minor crimes. They then rented them out as labor for the owners of railroads, plantations and factories, or required them to work on chain gangs building roads and other public projects, or inside prison walls for private businesses.

The labor of prisoners became a significant source of revenue for Southern states. The system also took hold, but in a much smaller way, in the North.

Without violating the 13th Amendment, Republicans in post-Reconstruction Texas complained, “the courts of law are employed to re-enslave the colored race.” Plantations, they added, “are worked, as of old, by slaves, under the name of convicts.”

Conditions were barbarous and the supply of convicts seemingly endless. “One dies, get another,” became a popular refrain among those who profited from the labor of prisoners.

Credit…William Widmer for The New York Times

To this day, many convicts are required to work while incarcerated. As janitors, plumbers and the like they help make prisons function. They produce goods like furniture for government offices. This year, prisoners have been making hand sanitizer to help combat the pandemic and fighting California wildfires.

 

With the expansion of private prisons, more and more inmates work for private contractors, sometimes in factory settings within prison walls. In recent years, many companies have used or benefited from the labor of prisoners.

As late as the 1980s, the Department of Justice concluded that the 13th Amendment attaches “some of the characteristics of slavery” to prisoners, including exemption from minimum-wage laws. Indeed, courts have ruled that inmates working in prisons have no constitutional right to payment at all.

A few years ago, the documentary film “13th” linked the origin of today’s racially biased mass incarceration to the criminal exemption clause. But the members of Congress who voted on the 13th Amendment did not anticipate the later emergence of a new system of involuntary servitude in the South.

We hear a great deal in judicial circles about the “original intent” or “original meaning” of constitutional provisions. But the 13th Amendment shows that unanticipated consequences can be as significant as intended ones. The amendment, which destroyed the largest slave system the modern world has known, was deservedly an occasion for celebration. Especially given our heightened awareness of the inequities of our criminal justice system, it is high time the criminal exemption was eliminated, as the abolition amendment proposes.

Like any change in the Constitution, the abolition amendment would need the approval of two-thirds of Congress and three-quarters of the states, a daunting requirement. It is certain to encounter resistance from those who profit from prison labor, now a multibillion-dollar industry, as well as those who deem unpaid labor a just punishment.

But approval would recognize the basic human rights of those convicted of crime. Reinforcing the idea that all people who work should be paid for their labor, it would be a major step in bringing to fruition the “new birth of freedom” promised by the Civil War.


Eric Foner is an emeritus professor of history at Columbia University and the author, most recently, of The Second Founding: How the Civil War and Reconstruction Remade the Constitution.

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Andrew Johnson · 1868 Una batalla política por la reunificación del país

El fin de la guerra civil estadounidense dio paso a un nuevo problema: ¿qué hacer con los derrotados estados sureños? Esta pregunta llevó a una crisis constitucional que abrió la puerta al primer juicio de residenciamiento en la historia estadounidense.

Tras el asesinato de Abraham Lincoln asumió la presidencia el Vicepresidente Andrew Johnson, un sureño que no sólo había sido miembro del Partido Demócrata, sino que también había poseído esclavos. Johnson era hijo de la tradición de Andrew Jackson y, por ende, se consideraba un defensor del hombre común frente a la aristocracia corrupta de noreste. El nuevo presidente simpatizaba con los blancos pobres y no tenía mucha empatía para los esclavos. Cuando estalló la guerra civil, Johnson era Senador por el estado de Tennesse, pero se mantuvo fiel a la Unión. Los Republicanos lo eligieron candidato a la vicepresidencia para promover la unidad y cortejar el apoyo de los sureños unionistas. En su gestión como Presidente, Johnson dejó claro que era un creyente en la supremacía de los blancos y, por ende, se opuso a la concesión de derechos políticos a los negros. Su simpatía para con los estados sureños fue más que evidente y le   llevó a una colisión con el Congreso.

En mayo de 1865, Johnson hizo público su plan para readmitir a los estados sureños en la Unión. El plan presidencial ofrecía amnistía a todo sureño que hiciera un juramento de lealtad a la constitución de los Estados Unidos. Sólo quedaban fuera los altos dirigentes civiles y militares de la Confederación, quienes sólo podían ser perdonados por el Presidente mismo. Para que los estados fuesen reintegrados a la unión, los sureños debían también ratificar la Enmienda 13, aboliendo la esclavitud. Rápidamente, los estados confederados aceptaron el plan de Johnson y pudieron elegir gobiernos propios. Para el otoño de 1865 diez de los once estados confederados habían cumplido con los requisitos del plan de Johnson

White League and Ku Klux Klan alliance, in illustration, by Thomas Nast, in Harper's Weekly, October 24, 1874La primera reacción de los congresistas Republicanos al plan del presidente fue favorable. Tanto moderados como radicales decidieron darle una oportunidad a Johnson y a su plan. Éstos esperaban que los nuevos gobiernos sureños aprovecharan la gran oportunidad que el plan Johnson significaba y actuaran de buena fe. Desafortunadamente, esto no ocurrió porque los nuevos gobiernos sureños buscaron resucitar la esclavitud a través de una serie de leyes, conocidas como los códigos negros. Estas leyes buscaban obligar a los negros libres a regresar a trabajar a las plantaciones.  Además, Johnson le otorgó un perdón a básicamente a todo antiguo líder de la Confederación que se lo solicitó. Envalentonados, los sureños eligieron antiguos funcionarios confederados para representarles en el Congreso de los Estados Unidos. Antiguos generales y coroneles, legisladores y hasta el vicepresidente de la Confederación fueron electos al Congreso federal en representación de los estados sureños.

La actitud y las acciones de los sureños enfurecieron a los congresistas Republicanos, quienes decidieron no reconocer a los nuevos legisladores sureños. Para ello, aplicaron una cláusula de la constitución que le reconoce al Congreso el poder de aceptar o rechazar legisladores. De esta forma, todos los congresistas sureños electos bajo el plan de Johnson fueron rechazados por el Congreso.  En respuesta, los estados sureños eliminaron las alusiones raciales en los códigos negros, pero en la práctica sólo aplicaban las leyes a los negros libres.  Para complicar aún más las cosas, se desató una ola de violencia y terror contra los negros libres en diversos estados del sur.  Todo ello llevó a los congresistas republicanos a concluir que el Sur estaba deliberadamente evadiendo la Enmienda 13, y que era necesaria la intervención del Congreso.

En marzo de 1865 el Congreso creó la Oficina de  Libertos  (Freedmen Bureau) para brindar ayuda de emergencia a los antiguos esclavos.  Esta oficina había tenido un éxito limitado.  La Oficina de Libertos operó escuelas ayudando a crear las bases para un sistema de educación pública en el sur. También ayudó a los negros a denunciar los abusos de que eran víctimas. A principios de 1866, el Congreso aprobó extender la vida de esta oficina asignándoles fondos de forma directa y autorizando a sus agentes a investigar casos de maltrato de libertos. Además, el Congreso aprobó una ley de derechos civiles, confiriéndole la ciudadanía norteamericana a los negros. Esta ley definía como ciudadano a toda persona nacida en los Estados Unidos, aunque dejaba fuera a los amerindios. De acuerdo con esta ley, los negros estarían cubiertos por todas las leyes norteamericanas que garantizaban la seguridad y la propiedad de los ciudadanos estadounidenses.

The Freedman´s BureauEn febrero de 1866, el presidente Johnson vetó la nueva ley de la Oficina de Libertos y la Ley de derechos civiles. Además, lanzó un fuerte ataque contra los radicales, acusándoles de traidores que no querían restaurar la Unión.

Los radicales toman control

¿Quiénes eran estos congresistas radicales que provocaron la ira del presidente Johnson?  La mayoría de los unionadicales eran individuos formados al calor de los debates en torno a la esclavitud. Éstos procedían, principalmente, de la zona de Nueva Inglaterra o del medio oeste. Les unía la creencia en la igualdad de derechos políticos y de oportunidades económicas, por lo que creían necesario un gobierno central fuerte. Según ellos, el establecimiento del trabajo libre, la educación universal pública y la igualdad de derechos llevarían al sur a disfrutar del mismo nivel de riqueza, progreso y movilidad social que poseía el norte. Su opinión del Sur no era la mejor, pues le consideraban una región en donde reinaba la ignorancia, se practicaba una agricultura de despilfarro, se rechazaba la manufactura, se despreciaba el trabajo honesto y estaba controlada por una oligarquía majadera. Los radicales querían transformar al Sur desarrollando la pequeña propiedad agraria, fomentando la manufactura, promoviendo la educación, cultivando el respeto al trabajo honesto y extendiendo la igualdad de derechos políticos entres sus habitantes.  Para los radicales, la prioridad no era reestablecer la Unión, sino rehacer al sur.

Charles Sumner

Para los radicales, el gobierno federal debía jugar un papel protagónico en la reconstrucción del sur, sobre todo, garantizando los derechos civiles y el voto de los libertos. Republicanos radicales como Thaddeus Stevens (Pennsylvania) y Charles Sumner (Massachussets) abogaban por una intervención federal directa que protegiera a  los negros y les brindara oportunidades educativas, sociales y económicas.

 

Los vetos de Johnson unificaron a los legisladores republicanos bajo el liderato de los republicanos radicales, quienes decidieron retar el poder del presidente. En abril de 1866, los radicales obtuvieron el respaldo de las dos terceras parte de los legisladores necesarios para aprobar las leyes vetadas por Johnson. Este fue un momento histórico porque por primera vez en la historia de los Estados Unidos el Congreso fue por encima de un veto presidencial.  En junio de 1866, el Congreso aprobó la enmienda la Enmienda 14 declarando ciudadano norteamericano a toda persona nacida en los Estados Unidos. Según la enmienda ningún estado “aprobará o hará cumplir ninguna ley que restrinja los privilegios o inmunidades de los ciudadanos de los Estados Unidos; ni ningún estado privará a persona alguna de su vida, de su libertad, sin el debido procedimiento de ley, ni negará a nadie, dentro de su jurisdicción, al igual protección de las leyes”. Esta enmienda histórica buscaba proteger los derechos de los libertos frente los abusos y atropellos de los sureños garantizando la constitucionalidad de la Ley de Derechos Civiles vetada por Johnson y aprobada por el Congreso.

En las elecciones de 1866, los Republicanos aumentaron su mayoría tanto en la Cámara como en el Senado, y ganaron control de todos los estados del norte. Los Republicanos entendieron su contundente victoria como un mandato, como una muestra de aprobación popular de sus posiciones, como una especie de referéndum que Johnson perdió. La victoria electoral unificó a los congresistas republicanos en su propósito de tomar control de la reconstrucción. Con ello quedó definido el escenario de un choque histórico y peligroso entre las ramas legislativa y ejecutiva del gobierno de los Estados Unidos.

Los Republicanos tomaron la iniciativa rápido aprobando una serie de leyes a comienzos del año 1867. En marzo, los republicanos aprobaron la Ley de la Reconstrucción que fue vetada por Johnson y vuelta a probara por el Congreso por encima del veto presidencial. Esta ley organizaba al sur como un territorio conquistado y ocupado, pues le dividía en cinco distritos militares, cada uno comandado por un general del ejército de la Unión. Para que se retirasen las tropas federales y los estados se reintegrasen a la Unión, era necesario que éstos le concediera en el derecho al voto a los libertos y privara de ese mismo derecho a los confederados que participaron en la rebelión. Cada comandante militar debía registrar a todos los votantes de su distrito, blancos y negros, y supervisar que se llevaran a cabo elecciones para escoger una convención estatal. Ésta debería redactar nuevas constituciones que garantizaran el derecho al voto de los negros en cada estado. Además, los estados sureños debían ratificar la Enmienda 14. Cuando todo ello ocurriese, los estados sureños serían readmitidos a la Unión.

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Edwin M. Stanton

Los republicanos también aprobaron la Ley de Tenencia de un Cargo Público que hacía obligatorio el consentimiento del Senado para remover de su cargo a todo funcionario cuyo nombramiento tuvo que ser confirmado por el Senado. En otras palabras, obligaba a Johnson a solicitar el consentimiento senatorial para poder destituir funcionarios públicos que aunque pudieron haber sido nombrados por el presidente, debieron ser confirmados por el Senado. Con ello, el Senado quería proteger al Secretario de Guerra Edwin M. Stanton, quien había sido nombrado por Lincoln y favorecía la reconstrucción radical del sur. Como Secretario de Guerra, podía hacer mucho para favorecer a los republicanos radicales y bloquear las acciones del presidente. Esta ley atentaba contra los poderes reconocidos por la constitución al presidente de los Estados Unidos, pues exigía que Johnson trasmitiera sus órdenes al ejército a través de su oficial de mayor rango el General Ulises S. Grant.

Johnson no pudo evitar que se aprobaran ambas leyes y hasta pareció dar señales de aceptar el control congresional de la reconstrucción, pues nombró los generales recomendados por Stanton y Grant para comandar los cincos distritos militares creados por la Ley de Reconstrucción. Sin embargo, esto era una maniobra de Johnson para ganar tiempo, pues tan pronto acabó la sesión del Congreso destituyó a Stanton y le sustituyó por Grant, pues creía que el general sería mucho más fácil de controlar. Además, el presidente sustituyó a cuatro de los comandantes de distritos militares del sur. Grant sorprendió a Johnson al objetar públicamente las movidas del presidente. Cuando el Congreso volvió a reunirse anuló la destitución de Stanton. Resultado de imagen para johnson impeachment"

El 21 de febrero de 1868, Johnson oficialmente despidió a Stanton y el secretario se atrincheró en su oficina y se negó a obedecer al presidente. El 24 de febrero de 1868 por primera vez en la historia de los Estados Unidos, el Congreso inició un proceso de residenciamiento para destituir al presidente. Siguiendo el mandato establecido por la constitución, la Cámara de Representantes inició el proceso de residenciamiento contra Johnson acusándole de once cargos de mala conducta presidencial, siete de ellos por haber violado la Ley de tenencia de un cargo público.  Una vez establecidas las acusaciones en la Cámara, el Senado pasó a enjuiciar al presidente. Tras un juicio de once semanas de duración, Johnson se salvó de ser el primer presidente en ser destituido por un voto, pues se requería que dos terceras partes de los senadores le condenaran (36) y sólo 35 senadores lo encontraron culpable de los cargos de que se le acusaba.  Siete republicanos moderados votaron a favor de Johnson porque no estaban seguros de la constitucionalidad de la Ley  de tenencia de un cargo público, que en efecto fue más tarde declarada inconstitucional por el Tribunal Supremo. Para este grupo de legisladores, destituir a Johnson hubiera sido un acto muy extremo, pues habría establecido un antecedente muy peligroso. En otras palabras, para ellos era más importante salvaguardar el sistema político estadounidense que castigar a Johnson.

Norberto Barreto Velázquez

Lima, 15 de noviembre de 2019

 

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TupacAmaruVelascoEl de 3 octubre de 1968 las fuerzas armadas peruanas derrocaron al Presidente Fernando Belaúnde Terry, dando inicio al Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas (GRFA),  uno de los experimentos sociales, políticos y económicos más importantes en América Latina durante la segunda mitad del siglo XX. En los doce años que ejerció el poder, el  GRFA realizó importantes políticas y reformas: expropió varias corporaciones estadounidenses, buscó rehacer el orden diplomático interamericano establecido  en el Tratado de Río, pidió el fin del embargo contra Cuba, defendió la aplicación del límite de las 200 millas náuticas y estableció relaciones diplomáticas y comerciales con  países  comunistas.

Los militares peruanos también participaron activamente en el Movimiento de Países No-alineados, compraron cientos de millones de dólares en armamento soviético, llevaron a cabo una reforma agraria y pusieron en marcha un agresivo programa económico  que buscaba fomentar el desarrollo y la independencia del Perú.

El gobierno militar peruano adoptó un discurso anti-imperialista que ­–unido a sus medidas económicas, políticas y diplomáticas– le llevó a un interesante enfrentamiento con el gobierno de los Estados Unidos, convirtiéndose en un dolor de cabeza para las autoridades estadounidenses.

La mayoría de quienes han estudiado el GRFA se han concentrado en el análisis de temas socioeconómicos y políticos locales, prestando poca atención a elementos diplomáticos e internacionales, especialmente, a la interacción de los militares peruanos con el gobierno de Estados Unidos.  Quienes han superado esta limitación se han concentrado en el análisis de las relaciones del gobierno militar con las instituciones tradicionales de la política exterior estadounidense (Presidente, Departamento de Estado, etc.), ignorando el papel que jugó el Congreso norteamericano en este drama.

histcrit.2018.issue-67.coverEl último número de la revista Historia critica, una publicación de la Universidad de los Andes en Colombia,  contiene un artículo de mi autoría titulado «The United States Congress and the Peruvian Revolution, 1968-1975″. El objetivo de mi articulo es    aportar al estudio de las relaciones peruano-estadounidenses, analizando el papel que jugó el Congreso -una de las instituciones claves del sistema político estadounidense- durante la etapa más radical del GRFA.

Aquellos interesados en estos temas pueden descargar el artículo aquí.

Norberto Barreto Velázquez, PhD

Lima, 27 de enero de 2018

 

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