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Archive for the ‘Prejuicio racial’ Category

Andrew Johnson · 1868 Una batalla política por la reunificación del país

El fin de la guerra civil estadounidense dio paso a un nuevo problema: ¿qué hacer con los derrotados estados sureños? Esta pregunta llevó a una crisis constitucional que abrió la puerta al primer juicio de residenciamiento en la historia estadounidense.

Tras el asesinato de Abraham Lincoln asumió la presidencia el Vicepresidente Andrew Johnson, un sureño que no sólo había sido miembro del Partido Demócrata, sino que también había poseído esclavos. Johnson era hijo de la tradición de Andrew Jackson y, por ende, se consideraba un defensor del hombre común frente a la aristocracia corrupta de noreste. El nuevo presidente simpatizaba con los blancos pobres y no tenía mucha empatía para los esclavos. Cuando estalló la guerra civil, Johnson era Senador por el estado de Tennesse, pero se mantuvo fiel a la Unión. Los Republicanos lo eligieron candidato a la vicepresidencia para promover la unidad y cortejar el apoyo de los sureños unionistas. En su gestión como Presidente, Johnson dejó claro que era un creyente en la supremacía de los blancos y, por ende, se opuso a la concesión de derechos políticos a los negros. Su simpatía para con los estados sureños fue más que evidente y le   llevó a una colisión con el Congreso.

En mayo de 1865, Johnson hizo público su plan para readmitir a los estados sureños en la Unión. El plan presidencial ofrecía amnistía a todo sureño que hiciera un juramento de lealtad a la constitución de los Estados Unidos. Sólo quedaban fuera los altos dirigentes civiles y militares de la Confederación, quienes sólo podían ser perdonados por el Presidente mismo. Para que los estados fuesen reintegrados a la unión, los sureños debían también ratificar la Enmienda 13, aboliendo la esclavitud. Rápidamente, los estados confederados aceptaron el plan de Johnson y pudieron elegir gobiernos propios. Para el otoño de 1865 diez de los once estados confederados habían cumplido con los requisitos del plan de Johnson

White League and Ku Klux Klan alliance, in illustration, by Thomas Nast, in Harper's Weekly, October 24, 1874La primera reacción de los congresistas Republicanos al plan del presidente fue favorable. Tanto moderados como radicales decidieron darle una oportunidad a Johnson y a su plan. Éstos esperaban que los nuevos gobiernos sureños aprovecharan la gran oportunidad que el plan Johnson significaba y actuaran de buena fe. Desafortunadamente, esto no ocurrió porque los nuevos gobiernos sureños buscaron resucitar la esclavitud a través de una serie de leyes, conocidas como los códigos negros. Estas leyes buscaban obligar a los negros libres a regresar a trabajar a las plantaciones.  Además, Johnson le otorgó un perdón a básicamente a todo antiguo líder de la Confederación que se lo solicitó. Envalentonados, los sureños eligieron antiguos funcionarios confederados para representarles en el Congreso de los Estados Unidos. Antiguos generales y coroneles, legisladores y hasta el vicepresidente de la Confederación fueron electos al Congreso federal en representación de los estados sureños.

La actitud y las acciones de los sureños enfurecieron a los congresistas Republicanos, quienes decidieron no reconocer a los nuevos legisladores sureños. Para ello, aplicaron una cláusula de la constitución que le reconoce al Congreso el poder de aceptar o rechazar legisladores. De esta forma, todos los congresistas sureños electos bajo el plan de Johnson fueron rechazados por el Congreso.  En respuesta, los estados sureños eliminaron las alusiones raciales en los códigos negros, pero en la práctica sólo aplicaban las leyes a los negros libres.  Para complicar aún más las cosas, se desató una ola de violencia y terror contra los negros libres en diversos estados del sur.  Todo ello llevó a los congresistas republicanos a concluir que el Sur estaba deliberadamente evadiendo la Enmienda 13, y que era necesaria la intervención del Congreso.

En marzo de 1865 el Congreso creó la Oficina de  Libertos  (Freedmen Bureau) para brindar ayuda de emergencia a los antiguos esclavos.  Esta oficina había tenido un éxito limitado.  La Oficina de Libertos operó escuelas ayudando a crear las bases para un sistema de educación pública en el sur. También ayudó a los negros a denunciar los abusos de que eran víctimas. A principios de 1866, el Congreso aprobó extender la vida de esta oficina asignándoles fondos de forma directa y autorizando a sus agentes a investigar casos de maltrato de libertos. Además, el Congreso aprobó una ley de derechos civiles, confiriéndole la ciudadanía norteamericana a los negros. Esta ley definía como ciudadano a toda persona nacida en los Estados Unidos, aunque dejaba fuera a los amerindios. De acuerdo con esta ley, los negros estarían cubiertos por todas las leyes norteamericanas que garantizaban la seguridad y la propiedad de los ciudadanos estadounidenses.

The Freedman´s BureauEn febrero de 1866, el presidente Johnson vetó la nueva ley de la Oficina de Libertos y la Ley de derechos civiles. Además, lanzó un fuerte ataque contra los radicales, acusándoles de traidores que no querían restaurar la Unión.

Los radicales toman control

¿Quiénes eran estos congresistas radicales que provocaron la ira del presidente Johnson?  La mayoría de los unionadicales eran individuos formados al calor de los debates en torno a la esclavitud. Éstos procedían, principalmente, de la zona de Nueva Inglaterra o del medio oeste. Les unía la creencia en la igualdad de derechos políticos y de oportunidades económicas, por lo que creían necesario un gobierno central fuerte. Según ellos, el establecimiento del trabajo libre, la educación universal pública y la igualdad de derechos llevarían al sur a disfrutar del mismo nivel de riqueza, progreso y movilidad social que poseía el norte. Su opinión del Sur no era la mejor, pues le consideraban una región en donde reinaba la ignorancia, se practicaba una agricultura de despilfarro, se rechazaba la manufactura, se despreciaba el trabajo honesto y estaba controlada por una oligarquía majadera. Los radicales querían transformar al Sur desarrollando la pequeña propiedad agraria, fomentando la manufactura, promoviendo la educación, cultivando el respeto al trabajo honesto y extendiendo la igualdad de derechos políticos entres sus habitantes.  Para los radicales, la prioridad no era reestablecer la Unión, sino rehacer al sur.

Charles Sumner

Para los radicales, el gobierno federal debía jugar un papel protagónico en la reconstrucción del sur, sobre todo, garantizando los derechos civiles y el voto de los libertos. Republicanos radicales como Thaddeus Stevens (Pennsylvania) y Charles Sumner (Massachussets) abogaban por una intervención federal directa que protegiera a  los negros y les brindara oportunidades educativas, sociales y económicas.

 

Los vetos de Johnson unificaron a los legisladores republicanos bajo el liderato de los republicanos radicales, quienes decidieron retar el poder del presidente. En abril de 1866, los radicales obtuvieron el respaldo de las dos terceras parte de los legisladores necesarios para aprobar las leyes vetadas por Johnson. Este fue un momento histórico porque por primera vez en la historia de los Estados Unidos el Congreso fue por encima de un veto presidencial.  En junio de 1866, el Congreso aprobó la enmienda la Enmienda 14 declarando ciudadano norteamericano a toda persona nacida en los Estados Unidos. Según la enmienda ningún estado “aprobará o hará cumplir ninguna ley que restrinja los privilegios o inmunidades de los ciudadanos de los Estados Unidos; ni ningún estado privará a persona alguna de su vida, de su libertad, sin el debido procedimiento de ley, ni negará a nadie, dentro de su jurisdicción, al igual protección de las leyes”. Esta enmienda histórica buscaba proteger los derechos de los libertos frente los abusos y atropellos de los sureños garantizando la constitucionalidad de la Ley de Derechos Civiles vetada por Johnson y aprobada por el Congreso.

En las elecciones de 1866, los Republicanos aumentaron su mayoría tanto en la Cámara como en el Senado, y ganaron control de todos los estados del norte. Los Republicanos entendieron su contundente victoria como un mandato, como una muestra de aprobación popular de sus posiciones, como una especie de referéndum que Johnson perdió. La victoria electoral unificó a los congresistas republicanos en su propósito de tomar control de la reconstrucción. Con ello quedó definido el escenario de un choque histórico y peligroso entre las ramas legislativa y ejecutiva del gobierno de los Estados Unidos.

Los Republicanos tomaron la iniciativa rápido aprobando una serie de leyes a comienzos del año 1867. En marzo, los republicanos aprobaron la Ley de la Reconstrucción que fue vetada por Johnson y vuelta a probara por el Congreso por encima del veto presidencial. Esta ley organizaba al sur como un territorio conquistado y ocupado, pues le dividía en cinco distritos militares, cada uno comandado por un general del ejército de la Unión. Para que se retirasen las tropas federales y los estados se reintegrasen a la Unión, era necesario que éstos le concediera en el derecho al voto a los libertos y privara de ese mismo derecho a los confederados que participaron en la rebelión. Cada comandante militar debía registrar a todos los votantes de su distrito, blancos y negros, y supervisar que se llevaran a cabo elecciones para escoger una convención estatal. Ésta debería redactar nuevas constituciones que garantizaran el derecho al voto de los negros en cada estado. Además, los estados sureños debían ratificar la Enmienda 14. Cuando todo ello ocurriese, los estados sureños serían readmitidos a la Unión.

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Edwin M. Stanton

Los republicanos también aprobaron la Ley de Tenencia de un Cargo Público que hacía obligatorio el consentimiento del Senado para remover de su cargo a todo funcionario cuyo nombramiento tuvo que ser confirmado por el Senado. En otras palabras, obligaba a Johnson a solicitar el consentimiento senatorial para poder destituir funcionarios públicos que aunque pudieron haber sido nombrados por el presidente, debieron ser confirmados por el Senado. Con ello, el Senado quería proteger al Secretario de Guerra Edwin M. Stanton, quien había sido nombrado por Lincoln y favorecía la reconstrucción radical del sur. Como Secretario de Guerra, podía hacer mucho para favorecer a los republicanos radicales y bloquear las acciones del presidente. Esta ley atentaba contra los poderes reconocidos por la constitución al presidente de los Estados Unidos, pues exigía que Johnson trasmitiera sus órdenes al ejército a través de su oficial de mayor rango el General Ulises S. Grant.

Johnson no pudo evitar que se aprobaran ambas leyes y hasta pareció dar señales de aceptar el control congresional de la reconstrucción, pues nombró los generales recomendados por Stanton y Grant para comandar los cincos distritos militares creados por la Ley de Reconstrucción. Sin embargo, esto era una maniobra de Johnson para ganar tiempo, pues tan pronto acabó la sesión del Congreso destituyó a Stanton y le sustituyó por Grant, pues creía que el general sería mucho más fácil de controlar. Además, el presidente sustituyó a cuatro de los comandantes de distritos militares del sur. Grant sorprendió a Johnson al objetar públicamente las movidas del presidente. Cuando el Congreso volvió a reunirse anuló la destitución de Stanton. Resultado de imagen para johnson impeachment"

El 21 de febrero de 1868, Johnson oficialmente despidió a Stanton y el secretario se atrincheró en su oficina y se negó a obedecer al presidente. El 24 de febrero de 1868 por primera vez en la historia de los Estados Unidos, el Congreso inició un proceso de residenciamiento para destituir al presidente. Siguiendo el mandato establecido por la constitución, la Cámara de Representantes inició el proceso de residenciamiento contra Johnson acusándole de once cargos de mala conducta presidencial, siete de ellos por haber violado la Ley de tenencia de un cargo público.  Una vez establecidas las acusaciones en la Cámara, el Senado pasó a enjuiciar al presidente. Tras un juicio de once semanas de duración, Johnson se salvó de ser el primer presidente en ser destituido por un voto, pues se requería que dos terceras partes de los senadores le condenaran (36) y sólo 35 senadores lo encontraron culpable de los cargos de que se le acusaba.  Siete republicanos moderados votaron a favor de Johnson porque no estaban seguros de la constitucionalidad de la Ley  de tenencia de un cargo público, que en efecto fue más tarde declarada inconstitucional por el Tribunal Supremo. Para este grupo de legisladores, destituir a Johnson hubiera sido un acto muy extremo, pues habría establecido un antecedente muy peligroso. En otras palabras, para ellos era más importante salvaguardar el sistema político estadounidense que castigar a Johnson.

Norberto Barreto Velázquez

Lima, 15 de noviembre de 2019

 

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Acaba de ser publicado un nuevo número de la revista Huellas de Estados Unidos. Este excelente proyecto de los colegas de la Cátedra de Estados Unidos  (UBA) ya suma catorce números, todos dedicados a promover un análisis latinoamericano de la historia estadounidense. Este número incluye ensayos sobre temas muy variados: la Guerra contra la Pobreza de Lyndon B. Johnson y el movimiento negro, los afiches (posters) del famoso Wild West de Buffalo Bill  y el asesinato “moral, intelectual e ideológico” de Martin Luther King. Este número también contiene ensayos sobre temas de gran actualidad, como el endeudamiento de los  estudiantes universitarios y la recién aprobada reforma tributaria impulsada por Donald Trump. Además de una sección de reseñas y ensayos bibliográficos, este número también incluye una conferencia dictada por el gran historiador estadounidense Eric Foner titulada La historia de la libertad en el “Siglo Estadounidense” (Museo Histórico Nacional del Cabildo y de la Revolución de Mayo, Buenos Aires, Argentina. 28 de septiembre de 2017).  Vayan, nuevamente, nuestras felicitaciones y agradecimientos al equipo editorial de Huellas de Estados Unidos.

Norberto Barreto Velázquez

29 de abril de 2018

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The Republican Party’s Hidden Racial History

by Timothy N. Thurber

History News Network

On September 17, lawyers from the Brennan Center for Justice at New York University joined the Texas State Conference of the NAACP, the Mexican American Legislative Caucus of the Texas House of Representatives, and others in a lawsuit to overturn a new state voter identification law (Brennan Center).

A month earlier, North Carolina enacted a statute containing several reforms, including a requirement that voters produce government-issued photo identification and a seven-day reduction in the period for early voting.

These and similar proposals in other states have sparked sharp partisan fights. Democrats believe that they violate the Voting Rights Act and constitute deliberate efforts by Republicans to suppress voting by nonwhites, students, and others who by and large do not favor the GOP. Firmly denying any intent of malice against any demographic group, Republicans insist that reforms are needed to combat voter fraud.

Conflicts over voting are as old as the republic, but they have intensified since President Barack Obama’s 2012 re-election and the Supreme Court’s June 2013 decision striking down Section Four of the Voting Rights Act, which determined the states and localities required to seek federal approval for changes in election laws. “Preclearance,” as this policy was commonly known, applied primarily to the South. Republicans have tended to applaud the Court’s ruling, arguing that discrimination against nonwhites once was a problem but is now so rare that federal oversight is no longer needed. Colin Powell stands a rare exception within the GOP; he has denounced the North Carolina statute as morally wrong, based on inaccurate beliefs about the extent of fraud, and politically suicidal. The Republican Party, he contends, should be reaching out to blacks and other nonwhites.

For some observers, these developments are the latest chapter in the shift of the pro-civil rights “party of Lincoln” to a southern-controlled, states’ rights GOP that has little room for African Americans. Didn’t overwhelming majorities of congressional Republicans favor the Voting Rights Act in 1965? Yes. In the Senate, thirty Republicans backed the legislation, and only two opposed. House Republicans voted five-to-one for it. As Republicans have been noting ever since, that was a higher percentage of support than registered by Democrats.

A closer look at the events of 1965, however, reveals that the current Republican approach to voting is more similar to that of a half century ago than the final congressional tallies indicate. So, too, is the contemporary political context.

In March 1965, President Lyndon Johnson proposed legislation that greatly expanded federal authority over state election laws, particularly in the South. The bill contained a “trigger” provision that used voter participation data from 1964 to automatically suspend literacy tests in several southern states and bring those states under the preclearance requirement. This approach would relieve individuals and organizations of many of the considerable legal hurdles (and, in numerous instances, personal risk) of filing lawsuits. That case-by-case method had been tried under the 1957 and 1960 civil rights laws but had resulted in few new black voters.

Led by Everett Dirksen (Ill.), Senate Republicans allied with non-southern Democrats to defeat southerners’ efforts to preserve local autonomy, most notably their attempts to delete the trigger and preclearance provisions. Republicans also backed cloture, which ended the southern Democrats’ filibuster and ensured that the bill would pass.

House Republicans initially rallied behind legislation, offered by Gerald Ford (Mi.) and William McCulloch (Oh.), that enhanced federal jurisdiction compared to earlier civil rights laws but nevertheless preserved more state autonomy compared to Johnson’s. Their bill did not automatically ban literacy tests or contain preclearance requirements. Since the early twentieth century, Republicans had favored literacy tests in their own states and insisted upon maximizing state authority over voting rules, largely in response to high levels of immigration to the Northeast and Midwest. Low levels of black voting, Ford and McCulloch argued, might stem from factors unrelated to discrimination. The pair also pointed out that their legislation would apply to more southern states than did the president’s. Prominent civil rights groups and leaders preferred Johnson’s approach, however.

The Senate’s action, plus the sizable Democratic majority in the House, meant that the Ford-McCulloch legislation had no chance. House Republicans then fell in line with the winning side. Just one of the seventeen Republicans from the ex-Confederate states voted for Johnson’s measure. Southern Republicans, in other words, were just as eager as southern Democrats to limit Washington’s reach.

The political context of the mid-1960s also echoes the present. In 1965, Republicans were debating how to rebuild their party. The 1964 election had been a disaster not just for presidential nominee Barry Goldwater, but for the party as well. A handful of Republicans wanted to more closely align the GOP with the civil rights movement. Doing so, they argued, would increase African American support and help the party with the expanding number of whites, in the South and elsewhere, who favored a more racially egalitarian society. “We have got to get the party away from being an Anglo-Saxon Protestant white party,” Charles Percy asserted. Percy had just lost his bid to be governor of Illinois; he would be elected to the Senate in 1966. Likewise, Governor George Romney (Mi.) fired off a twelve page letter to Goldwater in which he noted that the Arizona senator had received eight million fewer votes than Richard Nixon did in 1960 and voiced alarm over the “southern-rural-white” thrust of the senator’s campaign. “The party’s need to become more broadly inclusive and attractive,” Romney emphasized, “should be obvious to anyone.”

Romney and Percy were minority voices within their party. Most Republicans continued to agree with Goldwater that the black vote was largely unwinnable and essentially irrelevant. Whites far outnumbered African Americans in most of the nation, including most of the South. As Johnson’s bill was being debated, state and local Republicans from Dixie warned northern GOP lawmakers that allying with president would undermine the party’s recent growth in Dixie. Worried that the elimination of literacy tests would mean a large influx of black voters, one Louisiana organization appealed to Nixon to lobby congressional Republicans on the South’s behalf. Illiterate African Americans, they wrote the former vice president, simply followed Democrats’ instructions or sold their votes for beer or a few dollars. The head of the Mississippi GOP predicted chaos “if large numbers of ignorant, illiterate persons are suddenly given the vote.”

Concerns over fraud were not limited to the South. Believing that the Democrats had stolen the 1960 election through fraud in Chicago and elsewhere, the RNC had launched Operation Eagle Eye in 1964. Republicans across the nation tried a variety of techniques to prove that many African American voters were ineligible. Republicans also worked to dissuade blacks from voting by spreading false information in African American neighborhoods regarding the voting process. Operation Eagle Eye flopped, but Republicans would continue to use many of these methods in the decades ahead.

Timothy N. Thurber is Associate Professor of History at Virginia Commonwealth University, and author of The Politics of Equality: Hubert H. Humphrey and the African American Freedom Struggle, and, most recently, Republicans and Race: The GOP’s Frayed Relationship with African Americans, 1945–1974.
– See more at: http://hnn.us/article/153358#sthash.xPizvkxg.dpuf

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Martin Luther King durante su histórico discurso I have a dream, el 28 de agosto de 1963 Foto AP

La feroz urgencia del ahora

David Brooks

La Jornada, 2 de setiembre de 2013

Cuentan que el 28 de agosto de 1963 fue un día de verano soleado y caluroso, y que aun antes de iniciar la Marcha sobre Washington por Empleos y Libertad asustó no sólo a Washington, sino a gran parte de Estados Unidos. El sueño que estaba por proclamarse era subversivo y quien ofrecería ese mensaje era considerado el hombre desarmado más peligroso de Estados Unidos.

El gobierno de John F. Kennedy intentó persuadir a los organizadores de suspender su acto y ese día colocó 4 mil elementos antimotines en los suburbios y 15 mil en alerta; los hospitales se prepararon para recibir víctimas de la violencia potencial, y los tribunales para procesar a miles de detenidos, cuenta el historiador Taylor Branch. Colocaron agentes con instrucciones de apagar el sistema de sonido si los discursos incitaban a la sublevación. La idea de que la capital sería sitiada por oleadas masivas de afroestadunidenses provocó alarma entre la cúpula política y los medios tradicionales.

El orador principal, el reverendo Martin Luther King, era considerado un radical peligroso y estaba bajo vigilancia de la FBI de J. Edgar Hoover. El jefe de inteligencia doméstica de la FBI calificó al reverendo que encabezaba esa marcha de el negro más peligroso para el futuro de esta nación desde la perspectiva del comunismo, el negro y la seguridad nacional. Todos esperaban desorden masivo. Pero ese día cientos de miles –un tercio de ellos blancos, algo nunca visto– llegaron pacíficamente a participar en un momento que muchos dicen cambió a Estados Unidos.

“King no era peligroso para el país, sino para el statu quo… King era peligroso porque no aceptaba en silencio –ni permitía que un pueblo cansado aceptara silenciosamente ya– las cosas como estaban. Insistió en que todos nos imagináramos –soñáramos– lo que podría y debería ser”, escribió Charles Blow, columnista del New York Times.

Es allí, dicen muchos, donde se inauguró lo que se recuerda como los 60, uno de los auges democráticos (en su sentido real) más importantes de la historia estadunidense.

Hace unos días la cúpula política, la intelectualidad acomodada y los principales medios festejaron el 50 aniversario del acto con la versión oficial pulida y patriótica de la marcha que King ofreció uno de los discursos más famosos de la historia de este país, Yo tengo un sueño.

Al festejar el aniversario, se ha debatido sobre el significado de esa marcha y el discurso de King, tanto en su momento como hoy día. Algunos concluyen que el sueño de King está expresado en el hecho de que el primer presidente afroestadunidense, Barack Obama, ofreció un discurso para celebrar el aniversario en el Monumento a Lincoln, el mismo lugar donde King ofreció históricas palabras hace cinco décadas. Ahí habló de los cambios que King promovió, también reconoció que esa lucha no ha concluido.

Aunque nadie disputa los cambios dramáticos y los logros en cuanto a la lucha frontal contra la segregación institucional, tampoco se puede disputar que mucho de lo que dijo King en 1963 tendría que repetirlo 50 años después.

Hoy día hay más hombres negros encarcelados que esclavos en 1850 (según el trabajo de la extraordinaria académica Michelle Alexander); varios estados han promovido nuevas medidas para obstaculizar el acceso de las minorías a las urnas; el desempleo entre afroestadunidenses es casi el doble que entre blancos, casi igual que en 1963; el número de afroestadunidenses menores de edad que viven en la pobreza es casi el triple que el de los blancos en la misma condición; uno de cada tres niños afroestadunidenses nacidos en 2001 enfrentan el riesgo de acabar en la cárcel.

A la vez, la desigualdad económica entre pobres y ricos ha llegado a su nivel más alto desde la gran depresión. Mientras las empresas reportan ganancias récord, los ingresos de los trabajadores continúan a la baja. Más aún, una de las demandas de la marcha de 1963 fue un incremento al salario mínimo federal, que hoy se ubica en 7.25 dólares la hora, lo que es, en términos reales, inferior al que prevalecía hace 50 años, según el Instituto de Política Económica. Ejemplo de ello fue la protesta de trabajadores de restaurantes de comida rápida en más de 50 ciudades que exigieron el doble de dicho salario, la semana pasada.

Al conmemorar el aniversario, Obama destacó la brecha económica entre pobres y ricos, pero no asumió la responsabilidad de que durante su presidencia se sigue ampliando, y evitó mencionar otras políticas que ha promovido o tolerado con consecuencias terribles para comunidades minoritarias y/o pobres como las deportaciones sin precedente de inmigrantes latinoamericanos, y el sistema penal más grande y tal vez más racista del mundo.

Muchos opinan que no es justo comparar a King con Obama, ya que uno era profeta y el otro es sólo un político.

Pero la omisión más notable durante los elogios al profeta por los políticos en estos días –justo cuando la cúpula política estadunidense contempla abiertamente otro ataque militar contra otro país (Siria)– fue cualquier referencia a las guerras.

King vinculó cada vez más la lucha de los derechos civiles con la injusticia económica y, peor, con las políticas bélicas de su país. Advirtió en 1967 que la democracia estadunidense estaba amenazada por el terno gigantesco del racismo, el materialismo extremo y el militarismo. Y declaró que no podría seguir llamando a sus seguidores a emplear la no violencia si no condenaba las políticas de guerra de Washington: Sabía que nunca más podría elevar la voz contra la violencia por los oprimidos en los guetos sin primero hablar claramente ante el más grande proveedor de violencia en el mundo hoy día, mi propio gobierno.

King, en su discurso del sueño en 1963, insistió en que las injusticias se tenían que abordar en lo que llamó la feroz urgencia del ahora. Cincuenta años después, ese ahora es más urgente que nunca.

Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2013/09/02/opinion/026o1mun

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