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Archive for the ‘Donald J. Trump’ Category

Timothy Snyder es uno de los  analistas más destacados  de la historia de Europa del Este y del Holocausto.  Profesor de historia en la Universidad de Yale, el Dr. Snyder es autor de varios libros sobre atrocidades políticas, entre los que destacan  Bloodlands Europe Between Hitler and Stalin (Peguin Ramdon House, 2010) Black Earth The Holocaust as History and Warning (Peguin Ramdon House, 2015).

El pasado 29 de junio del presente año, Snyder publicó una excelente columna de opinión en el diario New York Times,  enfocando un tema de crucial importancia: la guerra contra la Historia (sí, en mayúscula) que se viene dando en varios países europeos, entre ellos la Rusia de Putin. Lo que le prepocupa a este historiador estadounidense es lo que él denomina como “leyes de memoria”, es decir, “acciones gubernamentales diseñadas para guiar la interpretación pública del pasado”. Leyes como la aprobada en Polonia para encubrir la participación de sus ciudadanos en el Holocausto o las medidas tomadas en Rusia para esconder los crímenes de Stalin.

Lo interesante de esta columna de Snyder es cómo víncula lo que ha estado ocurriendo en la Europa oriental con lo que se viene desarrollando en Estados Unidos. Como es sabido, la elección de Trump en 2016 empoderó a la derecha recalcintrante y a los supremacistas raciales. Uno sus blancos de ataque ha sido la enseñanza de la historia en Estados Unidos. Para estos grupos de la sociedad estadounidense, la enseñanza de la historia debe tener como objetivo crear ciudadanos patriotas, no críticos de su país y sus instituciones. Es así como cuestionaron, con la venia de la administración Trump, programas de estudios de minorías y  proyectos como 1619, conmemorando 500 años de la llegada de esclavos a lo que hoy es Estados Unidos. Desafortundamente, la salida del empresario neoyorquino de la Casa Blanca no acabó con esta ofensiva en contra de la historia. Actualmente, la sociedad estadounidense está inmersa en una guerra cultural sobre la ensañanza de la historia entre quienes quieren una historia edulcorada que deje fuera o preste poca atención a temas controversiales y sensitivos como la esclavitud, y quienes defiende la necesidad de una historia crítica y, por ende,  incomoda para quienes buscan esconder los pecados de la nación estadounidense. En fin, como diría el gran historiador cubano Manuel Moreno Fraginals, la historia sigue siendo un arma.

En su columna, Snyder analiza cómo  manipular la historia a través de la aprobación de leyes  o reglamentos que limitan su enseñanza e investigación, constituye una amenaza para la democracia estadounidense.


Discurso Visual

Diego Rivera, La Plaza Roja, 1928, óleo.

La guerra contra la historia es una guerra contra la democracia

Timothy Snyder

The New York Times   29 de junio de 2021

En marzo de 1932, la portada de la revista Fortune presentaba una pintura de la Plaza Roja de Diego Rivera. Una multitud incontable de hombres sin rostro marcharon con pancartas rojas, rodeando una locomotora estampada con hoz y martillo. Esta era la imagen de modernización comunista que los soviéticos deseaban transmitir durante el primer plan quinquenal de Stalin: el logro fue impersonal, técnico, incuestionable. La Unión Soviética se estaba transformando de un remanso agrario en una potencia industrial a través de una comprensión disciplinada de las realidades objetivas de la historia. Sus ciudadanos celebraron la revolución, como sugería la pintura de Rivera, incluso cuando los moldeó en un nuevo tipo de pueblo.

Pero en marzo de 1932, cientos de miles de personas ya estaban muriendo de hambre en la Ucrania soviética, el granero del país. La rápida industrialización se financió destruyendo la vida agraria tradicional. El plan quinquenal había traído la “deskulakización”, la deportación de campesinos considerados más prósperos que otros, y la “colectivización”, la apropiación de tierras agrarias por parte del Estado. Un resultado fue la hambruna masiva: primero en Kazajistán, luego en el sur de Rusia y especialmente en la Ucrania soviética. Los líderes soviéticos eran conscientes en 1932 de lo que estaba sucediendo, pero insistieron en las requisas en Ucrania de todos modos. El grano que la gente necesitaba para sobrevivir fue confiscado y exportado por la fuerza. El escritor Arthur Koestler, que vivía en la Ucrania soviética en ese momento, recordó la propaganda que presentaba a los hambrientos como provocadores que preferían ver sus propios vientres hinchados en lugar de aceptar el logro soviético.

Ucrania era la república soviética más importante más allá de Rusia, y Stalin la entendía como díscola y desleal. Cuando la colectivización de la agricultura en Ucrania no produjo los rendimientos que Stalin esperaba, su respuesta fue culpar a las autoridades locales del partido, al pueblo ucraniano y a los espías extranjeros. A medida que se extraían alimentos en medio de la hambruna, fueron principalmente los ucranianos los que sufrieron y murieron —unos 3,9 millones de personas en la república, según el mejorcálculo, más del 10 por ciento de la población total. En las comunicaciones con camaradas de confianza, Stalin no ocultó que estaba dirigiendo políticas específicas contra Ucrania. A los habitantes de la república se les prohibió salir de ella; a los campesinos se les impedía ir a las ciudades a mendigar; las comunidades que no lograron establecer objetivos de cereales quedaron aisladas del resto de la economía; las familias fueron privadas de su ganado. Por encima de todo, el grano de Ucrania fue incautado sin piedad, mucho más allá de cualquier cosa que la razón pudiera ordenar. Incluso la semilla de maíz fue confiscada.

Journalist Gareth Jones' 1935 murder examined by BBC Four - BBC News

Gareth Jones

La Unión Soviética tomó medidas drásticas para garantizar que estos acontecimientos pasaran desapercibidos. Se prohibió la presencia de periodistas extranjeros a Ucrania. La única persona que sí reportó sobre la hambruna en inglés bajo su propio nombre, el periodista galés Gareth Jones, fue asesinado más tarde. El corresponsal en Moscú de The New York Times, Walter Duranty, explicó la hambruna como el precio del progreso. Decenas de miles de refugiados hambrientos cruzaron la frontera con Polonia, pero las autoridades polacas optaron por no dar a conocer su difícil situación: se estaba negociando un tratado con la U.S.S.R. En Moscú, el desastre fue presentado, en el congreso del partido de 1934, como una segunda revolución triunfante. Las muertes fueron recategorizadas de “hambre” a “agotamiento”. Cuando el siguiente censo contó millones de personas menos de las esperadas, los estadísticos fueron ejecutados. Mientras tanto, los habitantes de otras repúblicas, en su mayoría rusos, se mudaron a las casas abandonadas de los ucranianos. Como beneficiarios de la calamidad, no estaban interesados en sus fuentes.

Después de que la Unión Soviética llegara a su fin en 1991, los ciudadanos de una Ucrania recién independiza comenzaron a conmemorar a los muertos de la hambruna de 1932-33, a la que llaman el Holodomor. En 2006, el Parlamento ucraniano reconoció los hechos en cuestión como un genocidio. En 2008, la Duma rusa respondió con una resolución que proporcionaba un relato muy diferente de la hambruna. Incluso cuando los legisladores rusos parecían reconocer la catástrofe, la volvieron en contra de las principales víctimas. La resolución declaró que “no hay pruebas históricas de que la hambruna se organizara según líneas étnicas”, y mencionó deliberadamente seis regiones en Rusia antes de mencionar a Ucrania.

Este orden se volvió habitual en la prensa estatal rusa: las menciones de la hambruna incluían una lista torpemente larga de regiones, minimizando la especificidad de la tragedia ucraniana. La hambruna se presentó como resultado de errores administrativos por parte de un aparato estatal neutral. Todos fueron víctimas, y nadie lo fue. En una carta de 2008 a su homólogo ucraniano, el presidente ruso Dmitri Medvedev aplastó el evento en un acto de represión “contra todo el pueblo soviético”.

Al año siguiente, Medvedev estableció la Comisión Presidencial de la Federación Rusa para Contrarrestar los Intentos de Falsificar la Historia en detrimento de los intereses de Rusia, un panel de políticos, oficiales militares e historiadores aprobados por el Estado que aparentemente se encargaron de defender la historia oficial del papel de la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial. Hizo poco en la práctica, pero estableció un principio importante: que la historia era lo que servía a los intereses nacionales de Rusia y que todo lo demás era revisionismo. Este principio se aplicó inevitablemente a la historia de la hambruna. En los medios estatales rusos, los historiadores rusos señalaron repetidamente que las personas que ejecutaban las órdenes de Stalin en Ucrania eran a su vez ucranianos. (Esto era, por supuesto, cierto, pero algo similar se puede decir de casi todas las políticas coloniales y genocidas. El ministerio de relaciones exteriores ruso tomó la posición en 2017 de que los ucranianos que recuerdan la hambruna tenían “un objetivo: ampliar la brecha entre Rusia y Ucrania”.

 

40,000 Russian troops on Ukraine border - CNN Video

Soldados rusos en Ucrania, 2014.

Esta incapacidad para reconocer una tragedia condujo a una incapacidad para reconocer a un pueblo. Cuando Rusia invadió Ucrania en 2014, una de las razones era que Ucrania no era un Estado real. Vladimir Putin, por entonces (otra vez) presidente, comparó la situación en Ucrania con la Revolución Bolchevique: una época de caos y guerra civil, cuando un ejército enviado desde Rusia podía decidir las cosas. Los abogados internacionales rusos argumentaron que la invasión y la anexión estaban justificadas por la desaparición del Estado ucraniano.

En el momento de la invasión, había un museo propio del gulag en Rusia, un sitio para recordar millones de muertes y decenas de millones de encarcelamientos: la reconstrucción de Perm-36, un campo de “régimen especial” particularmente notorio para prisioneros políticos. Durante la invasión de Ucrania, el sitio fue tomado por el estado ruso, sus exhibiciones revisadas para centrarse en la experiencia de los guardias de la prisión en lugar de los prisioneros, que habían sido desproporcionadamente ucranianos. Raphael Lemkin, el abogado polaco-judío que acuñó la palabra “genocidio”, opinaba que la política soviética en Ucrania equivalía a una. Durante la guerra, su panfleto que lo decía fue colocado en el índice de “materiales extremistas” de Rusia, junto con una serie de publicaciones sobre la historia de la Ucrania soviética. La posesión de estos documentos podría llevar a una sentencia de prisión.

Estas políticas rusas pertenecen a un creciente cuerpo internacional de lo que se llaman “leyes de memoria”: acciones gubernamentales diseñadas para guiar la interpretación pública del pasado. Tales medidas funcionan afirmando una visión obligatoria de los acontecimientos históricos, prohibiendo la discusión de hechos o interpretaciones históricas o proporcionando directrices vagas que conducen a la autocensura. Las primeras leyes de memoria generalmente fueron diseñadas para proteger la verdad sobre los grupos de víctimas. El ejemplo más importante, aprobado en Alemania Occidental en 1985, criminalizó la negación del Holocausto. Tal vez como era de esperar, otros países siguieron ese precedente y prohibieron la negación de otras atrocidades históricas. La ley de Alemania Occidental fue controvertida para algunos defensores de la libertad de expresión; las medidas sucesivas fueron impugnadas sobre la base de que el Holocausto se encontraba en una categoría especial. Sin embargo, estas primeras leyes podrían defenderse como intentos de proteger a los más débiles contra los más fuertes, y una historia en peligro de extinción contra la propaganda.

Claims Conference Statement Re: Facebook Policy Change: Holocaust Denial  and Distortion - Claims Conference

Rusia ha puesto patas arriba la lógica original de las leyes de memoria. No son los hechos sobre los vulnerables, sino los sentimientos de los poderosos los que deben protegerse. El lenguaje utilizado para alcanzar este objetivo es elegido con mucho cuidado. Durante la invasión rusa de Ucrania, Putin promulgó la engañosamente llamada “Ley contra la rehabilitación del nazismo”. Su premisa era que los tribunales de Nuremberg, donde algunos nazis fueron juzgados, habían dictado un juicio exhaustivo sobre las atrocidades de las décadas de 1930 y 40. La ley prohibió específicamente, con sanciones penales, “la información falsa sobre las actividades de la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial”. En otras palabras, cualquier mención de crímenes no juzgados en Nuremberg podría equipararse a una negación de las atrocidades nazis. No se juzgó ninguna acción soviética allí, por supuesto, porque los soviéticos estaban entre los vencedores y los jueces.

Un gesto hacia la protección de la santidad del Holocausto se convirtió en un control sobre todo el universo de atrocidades no nazis. Señalar que la Unión Soviética había comenzado la guerra como un aliado nazi, según esta lógica, era cometer un crimen; un ciudadano ruso que mencionó en una publicación en las redes sociales que la Alemania nazi y la Unión Soviética invadieron Polonia fue procesado. Este año, el Parlamento ruso está considerando una ley más amplia que criminalizaría la equiparación de los objetivos y métodos de los altos mandos y militares soviéticos y nazis. Quizás lo más llamativo de esta propuesta es que sus defensores definen sus propósitos terapéuticamente. Es “un error insultar la memoria de la nación victoriosa”. La victoria fue soviética, no rusa; Judíos, bielorrusos y ucranianos sufrieron más que los rusos. No se trata de proteger los hechos históricos, sino de cultivar el sentimiento nacional.

The 1776 Report: Collector's Edition: The President's Advisory 1776  Commission: 9798716362826: Amazon.com: BooksEn noviembre pasado, cinco días después de que la última ley de memoria rusa saliera de un comité presidencial, el presidente estadounidense, Donald Trump, creó la Comisión Asesora del Presidente 1776. Su “Informe de 1776”,  publicado justo cuando el mandato de Trump llegó a su fin en enero, definió su tarea como la “restauración de la educación estadounidense”. El informe respondió al  Proyecto 1619, un intento de acercar la historia de la esclavitud al centro de las narrativas nacionales, que esta revista publicó en 2019. El informe de la comisión reprodujo la estructura de la política de memoria rusa, reconociendo un mal histórico y luego relativizándolo de una manera impactante. Se discutió la esclavitud, pero sólo como uno de los numerosos “desafíos a los principios de Estados Unidos”, una lista que también incluía el “progresismo” y la “política de identidad”. La práctica de la esclavitud en Estados Unidos se definió como una “negación de los principios estadounidenses básicos” y “el intento de sustitución de una teoría de los derechos de grupo en su lugar”, que, según los autores, “son los antepasados directos de algunas de las teorías destructivas que hoy dividen a nuestro pueblo y desgarran el tejido de nuestro país”.

La “teoría crítica de la raza” es el nuevo espantapájaros de la derecha. la  izquierda no debe caer en la trampa

La alusión a los “derechos de grupo” parece ser una referencia a la Teoría Crítica de la Raza: un conjunto de argumentos de décadas de antigüedad sobre cómo funciona el racismo en la ley y la sociedad que recientemente se ha convertido en una fijación de los políticos republicanos. Asociado con la U.C.L.A. y la profesora de la Facultad de Derecho de Columbia Kimberlé Crenshaw y otros académicos afroamericanos, la Teoría Crítica de la Raza pregunta por qué la discriminación no terminó con la Ley de Derechos Civiles de 1964 y recomienda un escrutinio crítico de las leyes centrándose en sus consecuencias en lugar de en las intenciones declaradas de sus autores. El Informe de 1776 se fija en el flagelo relacionado de la “política de identidad”, un “credo” por el cual los “supuestos opresores” deben “expiar e incluso ser castigados a perpetuidad por sus pecados y los de sus antepasados”. Estas ideas recibieron más atención en el Informe de 1776 que la esclavitud.

Esta primavera, las leyes de la memoria llegaron a Estados Unidos. Los legisladores estatales republicanos propusieron docenas de proyectos de ley diseñados para guiar y controlar la comprensión estadounidense del pasado. Al momento de escribir este artículo, cinco estados (Idaho, Iowa, Tennessee, Texas y Oklahoma) han aprobado leyes que dirigen y restringen las discusiones de la historia en las aulas. El Departamento de Educación de un sexto (Florida) ha aprobado directrices con el mismo efecto. Otras 12 legislaturas estatales todavía están considerando leyes de memoria.

Los detalles de estas leyes varían. La ley de Idaho es la más kafkiana en su censura: afirma la libertad de expresión y luego prohíbe el discurso divisivo. La ley de Iowa ejecuta la misma pirueta totalitaria. Las leyes de Tennessee y Texas van más lejos en la especificación de lo que los maestros pueden y no pueden decir. En  Tennessee, los maestros no deben enseñar que el estado de derecho es “una serie de relaciones de poder y luchas entre grupos raciales o de otro tipo”. Tampoco pueden negar el preámbulo de la Declaración de Independencia, palabras que Thomas Jefferson presumiblemente nunca tuvo la intención de ser parte de una ley de censura estadounidense. La ley de Idaho menciona la Teoría Crítica de la Raza; la directiva de la junta escolar de Florida lo prohíbe en las aulas. La  ley de Texas prohíbe a los maestros exigir a los estudiantes que entiendan el Proyecto 1619. Es un objetivo perverso: los maestros tienen éxito si los estudiantes no entienden algo.

The Significance of the 1619 Project – The Panther

Pero la característica más común entre las leyes, y la más familiar para un estudiante de leyes represivas de la memoria en otras partes del mundo, es su atención a los sentimientos. Cuatro de cada cinco de ellos, en un lenguaje casi idéntico, proscriben cualquier actividad curricular que dé lugar a “incomodidad, culpa, angustia o cualquier otra forma de angustia psicológica a causa de la raza o el sexo del individuo”.

La historia no es terapia, y la incomodidad es parte de crecer. Como maestro, no puedo excluir la posibilidad, por ejemplo, de que mis estudiantes no judíos sientan angustia psicológica al aprender lo poco que Estados Unidos hizo por los refugiados judíos en la década de 1930. Sé por mi experiencia enseñando el Holocausto que a menudo causa incomodidad psicológica para los estudiantes aprender que Hitler admiraba a Jim Crow y el mito del Salvaje Oeste. Los maestros de las escuelas secundarias no pueden excluir la posibilidad de que la historia de la esclavitud, los linchamientos y la supresión de votantes incomode a algunos estudiantes no negros. Las nuevas leyes de memoria invitan a los maestros a autocensurarse, sobre la base de lo que los estudiantes podrían sentir, o decir que sienten. Las leyes de memoria ponen el poder de censura en manos de los estudiantes y sus padres. No es exactamente inusual que las personas blancas en Estados Unidos expresen la opinión de que están siendo tratadas injustamente; ahora tal opinión podría paralizar las clases de historia.

La suposición es que la angustia psicológica sobre la raza surge principalmente cuando se plantea el tema. Eso podría tener sentido desde la perspectiva de una persona blanca cuya preocupación es no ser considerada como racista, y que puede concluir que la mejor manera de evitar el riesgo de tal incomodidad es mantener al sujeto fuera de la mesa. Pero, ¿qué se necesitaría realmente para eliminar “la incomodidad, la culpa, la angustia o cualquier otra forma de angustia psicológica” a causa de la raza de las vidas de los negros, o de los días escolares de los estudiantes negros? ¿Qué pasaría si los estudiantes afroamericanos en un estado con una ley de memoria hablaran en clase para decir que enseñar la historia de los padres fundadores sin referencia a su esclavitud les causaba incomodidad y angustia específicamente como personas negras?

Las leyes de memoria surgen en un momento de pánico cultural cuando los políticos nacionales de repente están despotricando contra las enseñanzas “revisionistas”. En Rusia, los supuestos revisionistas son personas que escriben críticamente sobre Stalin, o honestamente sobre la Segunda Guerra Mundial. En los Estados Unidos, los “revisionistas” son personas que escriben sobre la raza. En ambos casos, “revisionismo” tiende a significar las partes de la historia que desafían el sentido de rectitud de los líderes o hacen que sus partidarios se sientan incómodos.

El genocidio ucraniano provocado por la URSS del que nadie habla - Historia  - Historia

Niños ucranianos.

En Rusia, es tentador imaginar que el estalinismo tenía que ver fundamentalmente con la gestión. La hambruna en Ucrania fue un error de cálculo administrativo. El terror de finales del decenio de 1930 fue un error lamentable. La alianza con Hitler era una necesidad geopolítica. Para los estadounidenses, estas justificaciones rusas parecen ridículas, porque no tenemos sentimientos de culpa o vergüenza por los eventos en cuestión, ni una apuesta emocional en ser inocentes, ni conexión con la narrativa. No tenemos problemas para ver que el hambre, el gulag y el terror eran algo más que excesos administrativos, y no podemos pasar por alto fácilmente una alianza con Hitler. Por la misma razón, cualquiera que mire a los Estados Unidos desde el exterior inmediatamente ve que nuestras nuevas leyes de memoria protegen el legado del racismo. Sólo nos estamos engañando a nosotros mismos.

Las leyes de memoria estadounidenses ni siquiera suelen referirse a eventos históricos específicos sobre los que hacen cumplir las ortodoxias; en este sentido son un paso más avanzados que las leyes de memoria rusas. Pero los momentos en que las nuevas leyes se aventuran en la especificidad son esclarecedores. “Ejemplos de teorías que distorsionan los eventos históricos y son inconsistentes con los estándares aprobados por la Junta Estatal”, dice la nueva política del Departamento de Educación de Florida,  “incluyen la negación o minimización del Holocausto y la enseñanza de la Teoría Crítica de la Raza, es decir, la teoría de que el racismo no es simplemente el producto del prejuicio, sino que el racismo está incrustado en la sociedad estadounidense y sus sistemas legales para defender la supremacía de las personas blancas”.

Esta es una sorprendente repetición de la táctica retórica de la ley de memoria rusa de 2014: en ambos, los crímenes de los nazis se despliegan para silenciar una historia de sufrimiento: en Rusia para disuadir las críticas de la era de Stalin, en Florida para prohibir la educación sobre el racismo. Y en ambos casos, las medidas en cuestión en realidad hacen que el Holocausto sea imposible de entender. Si es ilegal en Rusia discutir el pacto Molotov-Ribbentrop de 1939 de no agresión entre la Alemania nazi y la Unión Soviética, entonces es imposible discutir cómo, dónde y cuándo comenzó la Segunda Guerra Mundial. Si es ilegal en Florida enseñar sobre el racismo sistémico, entonces los aspectos del Holocausto relevantes para los jóvenes estadounidenses no se torce. Las leyes raciales alemanas se basaron en el precedente establecido por Jim Crow en los Estados Unidos. Pero dado que Jim Crow es racismo sistémico, que tiene que ver con la sociedad y la ley estadounidenses, el tema parece estar prohibido en las escuelas de Florida.

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La ley de memoria rusa que se apoya en el Holocausto lo degrada; la medida de Florida que compara la negación del Holocausto con la Teoría Crítica de la Raza la trivializa. Hay una manera más generosa y constructiva de abordar la historia afroamericana y judía. Aunque ha sido extravagantemente caricaturizado por sus detractores, un argumento central de la Teoría Crítica de la Raza es una observación directa y, para un historiador, intuitiva: la discriminación no es simplemente una cuestión de actitudes o instituciones, sino de su interacción en la sociedad a lo largo del tiempo. Este análisis es ampliamente aplicable. Es tentador ver el Holocausto como una cuestión de prejuicio racial alemán; entonces podemos distanciarnos fácilmente asegurándonos de que no somos alemanes ni antisemitas. Pero es imposible explicar cómo casi seis millones de personas fueron asesinadas en un momento y lugar determinados simplemente refiriéndose a actitudes.

Las atrocidades comienzan en la vida cotidiana, por lo que necesitamos herramientas y conceptos para despegar lo familiar y lo exculpatorio. Empecé a escribir este ensayo después de hacer lo que hago la mayoría de los días, dejar a mis hijos en la escuela. Después de llegar a Viena el verano pasado, tuve que apresurarme para encontrar una escuela para mis hijos. Hubo una pandemia; Yo era extranjero; y hubo algunos momentos de incertidumbre. Fue un gran alivio para mí cuando mis hijos fueron admitidos en una buena escuela. ¿Qué habría hecho si luego me hubiera enterado de que las ranuras se abrieron porque algunos otros niños habían sido expulsados de la escuela? Lo más probable es que no hubiera mirado demasiado de cerca; una reacción humana sería suponer que esos otros niños deben haber merecido la expulsión, al igual que mis hijos merecen la admisión.

Ahora imaginemos que estoy en Viena, buscando una escuela, pero estamos en 1938. Hitler ha llegado y el Estado austriaco se ha derrumbado. Los niños judíos están abandonando las escuelas mientras sus familias huyen del país. Mis hijos, que han estado en una lista de espera para una escuela muy deseable, de repente tienen plazas. ¿Qué haría? Las autoridades escolares me ahorran sentimientos al no mencionar cómo se abrieron los lugares. Tal vez yo no soy un antisemita, y tal vez el director de la escuela tampoco lo sea. Pero sin embargo, algo antisemita está sucediendo, e independientemente de cómo evaluo mis propios motivos, me siento atraído. Para mí y para los otros padres en mi situación, a quienes sin duda llegaría a reconocer y conocer, llegaría a parecer normal que ya no hubiera niños judíos en la escuela.

Cuando afirmamos que la discriminación es sólo el resultado de prejuicios personales, nos liberamos de responsabilidad. Sólo nuestra historia importa, y lo que importa en nuestra historia es nuestra inocencia. La única manera de preservar la descripción neutral de una situación como esa es expulsar de la historia a las otras personas involucradas. Los padres que quieren pensar que lo que hicieron fue normal podrían ser atraídos a pensar en los judíos como más allá de la comunidad nacional. Los judíos se vuelven menos que humanos para que podamos decirnos a nosotros mismos que somos humanos. El antisemitismo que surge de esta coyuntura no radica sólo en la mente y no sólo en las instituciones: reside en algún punto intermedio, en un sistema que ahora está funcionando de una manera nueva. Sabemos a dónde nos llevó. Los judíos fueron excluidos del voto y de las profesiones. Fueron separados de sus bienes, de sus hogares y de sus vidas.

Kristallnacht | Definition, Date, Facts, & Significance | Britannica

En Austria, en 1938, lo que antes era imposible se hizo posible de repente. El estado austríaco dejó de existir, y algunos austriacos se aprovecharon abusando de los judíos. Los nazis austriacos tenían listas de apartamentos y automóviles judíos, y los tomaron para sí mismos tan pronto como pudieron. Los judíos eran objeto de humillación, violencia, violación y, en algunos casos, asesinato. Un estudiante de historia de Europa central y oriental puede ver en los acontecimientos del 31 de mayo y el 1 de junio de 1921, en Tulsa, Okla., un cierto parecido con lo que sucedió en Austria, aunque la violencia en Estados Unidos estaba más concentrada.

En ese momento, Oklahoma era un estado de Jim Crow. Greenwood era un próspero barrio negro en Tulsa. En ese día de primavera, los tulsanos blancos entraron y destruyeron Greenwood, quemando edificios y asesinando a ciudadanos negros a gran escala. Contaron con el apoyo de algunos policías. Después, como en Viena, las relaciones de propiedad se alteraron para siempre, lo que tuvo un efecto impalpable pero inconfundible en las actitudes.

Sin embargo, al igual que en Austria, la violencia racial no dio lugar a un debate sobre el racismo. Al contrario: como detalla el historiador Scott Ellsworth en su nuevo libro sobre la masacre, The Ground Breaking, el poder sistémico del racismo se revela en los largos silencios. En Tulsa, la prensa local dejó de mencionar los hechos. Los documentos relativos a la masacre desapasaron de los archivos estatales. Los libros de texto de historia de Oklahoma no tenían nada que decir. A los jóvenes de Tulsa y Oklahoma se les negó la oportunidad de pensar en su propia historia por sí mismos. El silencio prevaleció durante décadas.

Cien años después de la masacre de Tulsa, casi al día de hoy, la Legislatura de Oklahoma aprobó su ley de memoria. Las instituciones educativas de Oklahoma ahora tienen prohibido seguir prácticas en las que “cualquier individuo debe sentir incomodidad, culpa, angustia o cualquier otra forma de angustia psicológica” en cualquier tema relacionado con la raza. (Esto ya ha llevado a que al menos una universidad comunitaria cancele una clase sobre raza y etnia). El gobernador de Oklahoma ha afirmado que la masacre de Tulsa todavía se puede enseñar en las escuelas. Los profesores han expresado sus dudas. Dado que el objetivo de la ley es proteger los sentimientos sobre los hechos, los maestros sentirán presión para discutir el evento de una manera que no dé lugar a controversia.

Tulsa Race Massacre - HISTORY

Tulsa, Oklahoma, 1 de junio de 1921.

Los hechos tienden a ser controvertidos. Sería polémico señalar, por ejemplo, que la masacre de Tulsa fue uno de los muchos casos de limpieza racial en los Estados Unidos, o que sus consecuencias se manifiestan en Oklahoma hasta el día de hoy. Sería polémico señalar que los pogromos raciales, junto con los azotes, los tiroteos y los linchamientos, son herramientas tradicionales para intimidar a los afroamericanos y mantenerlos alejados de las urnas.

En la mayoría de los casos, las nuevas leyes de memoria estadounidenses han sido aprobadas por legislaturas estatales que, en la misma sesión, han aprobado leyes diseñadas para dificultar la votación. La administración de la memoria permite la supresión de votantes. La historia de negar el voto a los negros es vergonzosa. Esto significa que es menos probable que se enseñe cuando los maestros tienen el mandato de proteger a los jóvenes de sentir vergüenza. La historia de negar a los negros el voto involucra a la ley y a la sociedad. Esto significa que es menos probable que se enseñe cuando los maestros tienen el mandato de decirles a los estudiantes que el racismo es sólo un prejuicio personal.

Mi experiencia como historiador de la matanza en masa me dice que todo lo que vale la pena conocer es desconcertante; mi experiencia como profesor me dice que el proceso vale la pena. Tratar de proteger a los jóvenes de la culpa les impide ver la historia como lo que fue y convertirse en los ciudadanos que podrían ser. Parte de convertirse en un adulto es ver su vida en sus entornos más amplios. Sólo ese proceso permite un sentido de responsabilidad que, a su vez, activa el pensamiento sobre el futuro.

La democracia requiere responsabilidad individual, que es imposible sin una historia crítica. Prospera en un espíritu de autoconciencia y autocorrección. El autoritarismo, por otro lado, es infantilizante: no deberíamos tener que sentir ninguna emoción negativa; los temas difíciles deben ser retenidos de nosotros. Nuestras leyes de la memoria equivalen a terapia, una cura parlante. En la representación del mundo por parte de las leyes, las palabras de los blancos tienen el poder mágico de disolver las consecuencias históricas de la esclavitud, los linchamientos y la supresión de votantes. El racismo se acabó cuando los blancos lo dicen.

Empezamos diciendo que no somos racistas. Sí, eso se sintió bien. Y ahora debemos asegurarnos de que nadie diga nada que pueda molestarnos. La lucha contra el racismo se convierte en la búsqueda de un lenguaje que haga que las personas blancas se sientan bien. Las propias leyes modelan la retórica deseada. Sólo estamos tratando de ser justos. Nos comportamos de manera neutral. Somos inocentes.

Traducción: Norberto Barreto Velázquez

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En la década de 1970, las agendas sociales y políticas que dominaron  en Estados Unidos durante los años 1960 fueron perdiendo fuerzas. Los antiguos radicales mantuvieron su activismo político a nivel de la base social en organizaciones comunitarias, cooperativas, etc.  Algunos de ellos se integraron al movimiento ambientalista y lucharon contra el impacto de pesticidas  en los alimentos. Los antiguos activistas trajeron consigo tácticas desarrolladas en las luchas de los años 1960.

La energía nuclear se convirtió en un tema de preocupación para los ambientalistas. El aumento en los precios y la escasez de petróleo provocaron la expansión de la energía nuclear como alternativa.  Para 1972, 42 plantas nucleares estaban operaban en los Estados Unidos y más de 100 estaban en planes de construcción. Los ambientalistas llamaron la alarma ante este crecimiento de la energía nuclear, enfatizando en la peligrosidad de ésta y los problemas asociados con el manejo de desperdicios nucleares.  El 28 de  marzo de 1979 ocurrió un accidente nuclear que pareció confirmar los temores de los ambientalistas: el reactor  de la  planta nuclear localizada en Three Mile Island en Pennsylvania sufrió la fusión parcial de su núcleo. Aunque controlado a tiempo, este accidente pudo haber provocado la liberación de grandes cantidades de material radioactivo y, por ende, una tragedia ambiental y humana de grandes proporciones.  El accidente alarmó al pueblo norteamericano, lo que unido a la presión de los ambientalitas provocó el abandono de varios proyectos de energía nuclear.

La preocupación de los estadounidenses con el tema de la contaminación transformó al ambientalismo en un movimiento de masas. Prueba de ello fue la celebración del primer Día de la Tierra el 22 de abril de 1972. Ese día, unos 22 millones de estadounidenses se reunieron en diversos lugares del país para expresar su preocupación con el futuro del planeta.  Este apoyo masivo influyó en  la creación de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) y la aprobación de la Ley de Especie en Peligro de Extinción en 1973.  En otras palabras, la protección ambiental se convirtió en un área de intervención del gobierno federal.

El medioambiente no fue el único tema que movió a los norteamericanos a acción sociopolítica. El movimiento a favor de la  protección de los consumidores también creció de forma considerable en los años 1970.  El movimiento pro-consumidores surgió a finales del siglo XIX durante la Era Progresista, y desde entonces buscaba eliminar prácticas dañinas y peligrosas para los consumidores.  Tras décadas de apatía, este movimiento resurgió con fuerza en la década de 1960 bajo el liderato de un joven activista y abogado llamado Ralph Nader. En 1969, Nader creó una organización  de protección del consumidor que sirvió de modelo para las docenas de organizaciones similares que surgieron en los años 1970 para combatir y denunciar los peligros  asociados al consumo de tabaco,  las prácticas deshonestas de las compañías aseguradoras y otros problemas. En 1972, el Congreso dio vida a la Comisión para la Seguridad de los Productos de Consumo en respuestas  a las acciones de los grupos defensores de los consumidores.

Comparto este artículo del Dr. Enrique Alonso García sobre el origen y significado de la celebración del primer Día de la Tierra en abril de 1972.  Alonso García es profesor en el Máster de Estudios Norteamericanos del Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá de Henares. También ha sido catedrático UNESCO de Territorio y Medio Ambiente de la Universidad Rey Juan Carlos  y  profesor del Monterey Institute of International Studies de California, de la Marshall-Wythe School of Law del College of William and Mary (Virginia, EE.UU.) y de Harvard Law School.


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Del Día de la Tierra al Día Mundial del Medio Ambiente: ¿la internacionalización definitiva de la política ambiental norteamericana?

Enrique Alonso

Diálogo Atlántico   3 de junio de 2021

El Día de la Tierra, Earth Day, celebrado el 22 de abril desde 1970 constituye una celebración tan conocida en Estados Unidos –y en el resto del mundo– que, aunque el Día Mundial del Medio Ambiente, World Environment Day, sea celebrado el 5 de junio a lo largo y ancho del planeta, apenas se conoce allí. En el fondo ese desconocimiento tiene su explicación.

EE. UU. fue el país que por primera vez implantó, en la “década ambiental prodigiosa” del 69 al 79 (desde la promulgación de la pieza clave, la National Environmental Policy Act, NEPA, hasta la llegada de Reagan, aunque este la continuó utilizando mecanismos de mercado), la protección del medioambiente como función esencial del estado contemporáneo, un paso más allá del estado liberal del siglo XIX y del estado social de la primera mitad del siglo XX. Se creó así el primer entramado institucional general y sectorial, político, jurídico, científico y de gestión administrativa y regulación de los mercados, centrado en la necesidad de preservar el medio ambiente (incluidos, grandes “inventos” como las evaluaciones de impacto ambiental y una agencia a nivel gubernamental –la Environmental Protection Agency, EPA– para hacer valer dicha protección al máximo nivel, hablando de tú a tú al resto de los departamentos gubernamentales). Solo tres años después esas ideas se habían extendido por todo el mundo. En su origen, habían sido realmente una iniciativa popular, un grassroot movement, cuya llamada a una celebración espontánea el 22 de abril de 1970 se extendió como la pólvora desde el Distrito Federal de su capital al resto de los Estados y al resto del mundo. No es de extrañar que el 22 de abril se siga siendo celebrado el Earth Day por doquier como el auténtico día del planeta y del medioambiente.

first earth day, 1970 | Earth day posters, Earth day slogans, Earth dayNo toca hoy, 5 de junio, celebrar ese hito sino el del reconocimiento mundial de que esa creación tenía carácter universal. Convocada la primera cumbre ambiental mundial en Estocolmo en 1972 no solo aprobó los célebres Principios del orden ambiental global y creó la agencia a nivel internacional (el mal llamado “Programa” PNUMA) sino que de manera “oficial” dedicó el 5 de junio a esa visión global: el Día Mundial del Medio Ambiente, que este año se celebra con Pakistán como país anfitrión.

Este gran pacto de 1972 se vio en parte descompuesto 20 años después, cuando se empezaron a poner en marcha políticas más ambiciosas. Si bien las políticas clásicas habían generado consenso en sus grandes líneas (contaminación del aire, agua y suelo, gestión de sustancias y residuos peligrosos, etc.), las nuevas, más complejas de abordar, alejaron a EE. UU. de la senda global. En origen de manera “suave”, al no ratificar EE. UU., aunque reconociéndoles valor consuetudinario, los tratados sobre diversidad biológica, OMGs y acceso a recursos genéticos o la gestión del medio marino (CBD & UNCLOS). Pero se exacerbó, por los vaivenes de su política interna, con la no aceptación de obligaciones derivadas del compromiso inicial del tratado marco de la lucha contra el cambio climático (UNFCC 1994), al no ratificar el Protocolo de Kioto de 2012 y abandonar Trump el Acuerdo de París de 2015, con efectos desde el 4/11/2020.

La llegada de Biden a la presidencia revirtió esa última decisión el 19 de febrero de 2021, hasta el punto de que EE. UU. actuó de anfitrión de la Cumbre Mundial virtual del (¡cómo no¡) Día de la Tierra el pasado 22 de abril. La proclamación de dicho día por la Casa Blanca relanzó el liderazgo de EE. UU. de los años 70.

Pero ¿se hará ello realidad? Difícil pregunta, porque la lucha contra el cambio climático está íntimamente unida hoy en día, por ejemplo en la UE, a la agenda digital, a un paquete ambiental más amplio, el “Green Deal”, y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, que abarcan múltiples temas sociales vinculados al sistema de valores (justicia ambiental y sus derivaciones).

Earth Day 2021: 5 ways you can help to restore our earth - Glass

La realidad de la UE solo se ha podido visibilizar el pasado 17 de diciembre con la aprobación del marco financiero plurianual (MFP) para el periodo 2021-2027, junto con el Plan Next Generation EU y el presupuesto de 2021.

¿Camina en la misma línea la Administración Biden?

Hace muy pocos días, el pasado viernes 28 de mayo, se hizo público el proyecto de presupuesto para 2022 enviado al Congreso. Llama la atención su enorme gasto, 6 trillones de dólares, el mayor de la historia de EE. UU. (aunque allí un trillón equivale a un millón de millones, no a un millón de billones, como es sabido). ¿Cuáles son las políticas ambientales que refleja el mismo?

Remembering the first Earth Day with Honors Dean François Amar - The Honors  College - University of Maine

Recordando que el ambicioso programa de ayudas directas a la recuperación económica ya está en vigor desde el 11 de marzo, para 2021 y 2022 (American Rescue Plan Act), el nuevo presupuesto deja claro el cambio: la EPA recibiría 11,2 billones de dólares, record histórico también.

Sus prioridades temáticas son: a) limpieza de suelos (los célebres brownfields) y depuración de aguas, en zonas degradadas de baja renta y ciberseguridad en los abastecimientos; c) estudios de sustancias peligrosas y su influencia en la salud pública, de nuevo centrado en la protección de las comunidades más vulnerables; d) revitalización y nuevos programas de justicia ambiental y derechos civiles; e) apoyo a servicios ambientales estatales, locales y de las tribus de nativos americanos; y f) cambio climático y energía, al fin y al cabo ya había anunciado en la proclamación del Earth Day un recorte de entre el 50 % y el 52 % de la emisiones de gases de efecto invernadero sobre las de 2005 para el año 2030.

Todo, pues, en líneas ajustadas al ideal de las políticas globales ambientales.

Con independencia de las negociaciones que ahora tendrán lugar en el Congreso, bienvenido sea, pues, el 5 de junio, también en EE. UU.

 

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8d858-huellasLa revista digital Huellas de Estados Unidos cumple diez años de vida. Durante este periodo ha desarrollado una labor importantísima promoviendo el estudio de la historia estadounidense en América Latina. Huellas se ha convertido en unos de los pocos medios académicos dedicados  a la publicación de trabajos analizando en castellano la historia del vecino del Norte.

Para celebrar estos diez años, Huellas publica su número veinte, en gran parte dedicado al análisis del ascenso de la derecha radical y su más reciente y preocupante expresión: el ataque al Capitolio del pasado 6 de enero. Asimismo, destaca la traducción de un ensayo de dos destacados académicos afroestadounidenses, Ibram X. Kendi y Keisha Blain.  Completan este número trabajos sobre el desarrollo de Hollywood en los últimos años del siglo XX, el poder financiero en los años 1970, el tema migratorio y el significado para América Latina de la administración Biden.

Felicitamos a los colegas Valeria Carbone y Fabio Nigra por estos diez años de arduo trabajo.

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La revista Tribuna Norteamericana  del Instituto Franklin en la Universidad de Alcalá de Henares, acaba de publicar su número 34, dedicado a la administración de Donald J. Trump. Tres ensayos componen está edición. El primero de ellos, escrito por Fernando Vallespín, enfoca la polarización de las pasadas elecciones presidenciales estadounidenses. El segundo, escrito por Cristina Manzano, enfoca la misoginía del expresidente. El tercero y último artículo, escrito por Pedro Rodriguez  Martín, analiza el papel protagónico de la mentira como arma política durante los cuatro años que Trump ocupó la Casa Blanca. En su conjunto, estos trabajos constituyen importantes aportaciones al necesario análisis del gobierno del cuadragésimo quinto  presidente de los Estados Unidos. Quienes estén interesados pueden acceder a la revista aquí.

Norberto Barreto Velázquez, Lima, Perú

15 de abril de 2021

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El voto por correo se ha convertido en un tema controversial en las elecciones presidenciales estadounidense. Donald J. Trump ha cuestionado, sin evidencia, la transparencia del voto por correo, alegando que facilitaría un fraude masivo que le podría costar la reelección. No voy analizar la validez de las alegaciones del Presidente, pues ese no es el objetivo de este blog. Lo que pretendo hacer es colocar el tema en su contexto  compartiendo un breve artículo de Jessica Pearce Rotondi titulado “Vote-by-Mail Programs Date Back to the Civil War“.  Publicado en la revista History, este ensayo confirma la antigüedad y utilidad que el voto por correo ha tenido en la historia de Estados Unidos.


War 

 

Jessica Pearce Rotondi

 

History   September 24, 2020

 

Voting by mail can trace its roots to soldiers voting far from home during the Civil War and World War II. By the late 1800s, some states were extending absentee ballots

to civilian voters under certain conditions, but it wasn’t until 2000 that Oregon became the first state to move to an all-mail voting system. Here is everything you need to know about the history of absentee voting and vote by mail.

What Does the Constitution Say About Voting?

There is no step-by-step guide to voting in the United States Constitution. Article 1, Section 4 says that it’s up to each state to determine “The Times, Places and Manner

of holding Elections.” This openness has enabled the voting process in the United States to evolve as the country’s needs have changed.

The Founding Fathers voted by raising their voices—literally. Until the early 19th century, all eligible voters cast their “Viva Voce” (voice vote) in public. While the number of people eligible to vote in that era was low and primarily composed of land- owning white males, turnout hovered around 85 percent, largely due to enticing voting parties held at polling stations.

The first paper ballots appeared in the early 19th century and were originally blank pieces of paper. By the mid-1800s, they had gone to the other extreme: political

parties printed tickets with the names of every candidate pre-filled along party lines. It wasn’t until 1888 that New York and Massachusetts became the first states to adopt pre-printed ballots with the names of all candidates (a style called the “Australian ballot” after where it was created). By then, another revolution in voting had taken place: Absentee voting.

The first widespread instance of absentee voting in the United States was during theCivil War. The logistics of a wartime election were daunting: “We cannot have free government without elections,” President Abraham Lincoln told a crowd outside theWhite House in 1864, “and if the rebellion could force us to forgo, or postpone a national election, it might fairly claim to have already conquered and ruined us.

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 Union Army soldiers lined up to vote in the 1864 election during the American Civil War.
Interim Archives/Getty Images 

 

“Lincoln was concerned about the outcome of the midterm elections,” says Bob Stein, Director of the Center for Civic Leadership at Rice University. “Lincoln’s Secretary of War, Edwin Stanton, pointed out that there were a lot of Union soldiers who couldn’t vote, so the president encouraged states to permit them to cast their ballots from the field.” (There was some precedent for Lincoln’s wish; Pennsylvania became the first state to offer absentee voting for soldiers during the War of 1812.)

In the 1864 presidential election between Lincoln and George McClellan, 19 Union states changed their laws to allow soldiers to vote absentee. Some states permitted soldiers to name a proxy to vote for them back home while others created polling sites in the camps themselves. Approximately 150,000 out of one million soldiers voted in the election, and Lincoln carried a whopping 78 percent of the military vote.

By the late 1800s, several states offered civilians the option of absentee voting, though they had to offer an accepted excuse, most commonly distance or illness. The passage of the 15th Amendment in 1870 and 19th Amendment in 1920 expanded the number of eligible voters in the United States, but it would take another war to propel absentee voting back into the national spotlight.

Absentee Voting in World War II

Absentee voting re-entered the national conversation during World War II, when “both Franklin Delano Roosevelt and Harry S. Truman encouraged military voting,” says Stein. The Soldier Voting Act of 1942 permitted all members of the military overseas to send their ballots from abroad. Over 3.2 million absentee ballots were cast during the war. The act was amended in 1944 and expired at war’s end.

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GI’s on the fighting fronts in Italy, Capt. William H. Atkinson of Omaha, Nebraska, swears in Cpl. Tito Fargellese of Boston, Massachusetts , before Fargellese cast his ballot for the 1944 election.
Bettmann Archive/Getty Images

Legislation passed throughout the next few decades made voting easier for servicemen and women and their families: The Federal Voting Assistance Act of 1955; the Uniformed and Overseas Citizens Absentee Voting Act (UOCAVA) in 1986; and the Military and Overseas Voter Empowerment, or MOVE Act, signed by President Barack Obama in 2009.

 

States Expand Vote by Mail

“Before the civil rights movement., it was largely members of the military, expats and people who were truly disabled or couldn’t get to their jurisdiction who were permitted to vote absentee,” says Stein. While most historians cite California as the first state to offer no-excuse absentee voting, Michael Hanmer, research director of the Center for Democracy and Civic Engagement at the University of Maryland, says it was actually Washington state that made the switch in 1974.

Other Western states soon followed: “Western states are newer, have the biggest rural areas, the most land and are doing the most pioneering work,” says Lonna Atkeson, Director of the Center for the Study of Voting, Elections, and Democracy at the University of New Mexico. “Their progressive values played a role in their political culture.”

Oregon became the first state to switch to vote by mail exclusively in 2000. Washington followed in 2011.

EAVS Deep Dive: Early, Absentee and Mail Voting | U.S. Election Assistance  Commission

Did You Know? It took The Vietnam War for the voting age to be lowered to 18 with the ratification of the 26th amendment.

2020 Election: Which States Offer Voting by Mail?

The 2020 presidential election takes place in the middle of the coronavirus pandemic, when concerns about virus transmission in crowds caused lawmakers to rethink rules around appearing in person to vote. For the first time in history, at least 75 percent of Americans are able to vote absentee.

In the 2020 election:

· Thirty-four U.S. states offer no-excuse absentee voting or permit registered voters to cite COVID-19 as their reason to vote absentee.

· Nine states and Washington, D.C. mail all ballots directly to voters: California, Colorado, Hawaii, Oregon, Nevada, New Jersey, Utah, Vermont and Washington.

· Seven states—Indiana, Louisiana, Mississippi, New York, South Carolina, Tennessee and Texas—require voters to give a reason other than COVID-19 to vote absentee.

How to Vote by Mail

Ballots that go through the mail can be divided into two categories: Absentee ballots, typically requested by people who are unable to vote in person for physical reasons, and mail-in ballots, which are automatically provided to all eligible voters in states with all-mail voting systems.

The rules around voting by mail vary from state to state.

“When are ballots due? Postmarked? Federalism is a beautiful thing, but it’s complex because each state does something different,” says Atkeson. “In the end, access and security make for a well-run election and makes people feel that their vote is counted.”

How does vote-by-mail work and does it increase election fraud?

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impeachmentEl actual proceso de residenciamiento del Presidente Donald J. Trump ha provocado una serie de interrogantes no sólo políticas, sino también históricas. Debe recordarse que en más de doscientos años de historia de la república estadounidense, esta es la tercera vez que un residente de la Casa Blanca es residenciado (el triste honor lo comparten Adrew Johnson y William J. (Bill) Clinton).

El residenciamento de Trump contiene un elemento innovador, pues las acusaciones en su contra provienen de un informe redactado por un agente de inteligencia, preocupado por el comportamiento del Presidente y sus implicancias para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Las denuncias de este whistle-blower (informante) podrían costarle la presidencia al magnate neoyorquino.

En el siguiente texto, la periodista Olivia B. Waxman analiza el origen de esta frase y el papel que han jugado los informantes en la historia estadounidense.


Before the Trump Impeachment Inquiry, These Were American History’s Most Famous Whistle-Blowers

Olivia B. Waxman

The episode that now has President Donald Trump staring down a House impeachment inquiry began, as many important moments in American history have, with a whistle-blower.

A U.S. intelligence official has accused Trump of urging Ukrainian President Volodymyr Zelensky to seek out evidence of wrongdoing on the part of former Vice President Joe Biden, the frontrunner to face Trump in the 2020 presidential election. The claim relates to calls that took place in July and August, and the Inspector General of the Intelligence Community Michael Atkinson alerted House Intelligence Committee chair Adam Schiff about the complaint on Sept. 9.

Trump has called the conversation he had with Zelensky a “very friendly and totally appropriate call,” but as Director of National Intelligence Joseph Maguire testifies before the House Intelligence Committee on Thursday, the whistle-blower’s complaint has been made public — and it will be up to lawmakers to decide if they agree.

Trump-Zelensky

While the whistle-blower’s identity is still not publicly known, he or she has been praised in the court of public opinion. Former FBI Deputy Director Andrew McCabe hailed the decision to bring the complaint as an act of “incredible courage.”

America’s history with whistle-blowers is as old as the country itself, but the popular idea that they are courageous hasn’t meant whistle-blowing isn’t still risky, says Tom Mueller, author of Crisis of Conscience: Whistleblowing in an Age of Fraud, out Oct. 1. And in the intelligence community, where sharing secrets is a loaded idea, whistle-blowing is even more complicated.

The origins of the term “whistle-blower” are murky — one theory holds that it’s a reference to the whistle blown by British policemen when they saw foul play, and another says it’s a sports reference to the whistles blown by referees — but the principle dates back to medieval England by way of Roman law. Central to the existence of whistle-blowers is the concept that sometimes individuals, not governments or law-enforcement, need to be the ones who raise the alarm about wrongdoing.

At a time when there was no national police force, people who noticed transgressions could report them to the King’s representatives, under what was known as the qui tam provision. (That name comes from the phrase Qui tam pro domino rege quam pro se ipso in hac parte sequitur, meaning “He who sues on behalf of our Lord the King and on his own behalf.”) To incentivize this kind of whistle-blowing, and in recognition of the negative social consequences that might come with it, the government made it a lucrative proposition: if a conviction followed, the person who did the reporting got some of the bounty. The earliest known example of the application of qui tam is King Wihtred of Kent’s 695 declaration: “If a freeman works during the forbidden time [i.e., the Sabbath], he shall forfeit his healsfang [i.e., pay a fine in lieu of imprisonment], and the man who informs against him shall have half the fine, and [the profits arising from] the labor.”

Esek Hopkins

Esek Hopkins

These English provisions about whistle-blowing carried over to the British colonies in North America. The federal government, even in its early stages, recognized whistle-blowing and the need to alert Congress as soon as possible about wrongdoings by people working with or for the government. On March 25, 1777, Marine captain John Grannis told the Continental Congress that he and nine other sailors saw the commander-in-chief of the continental navy, Esek Hopkins, treating British prisoners inhumanely aboard the USS Warren, and that the commander would refer to Congress as “a pack of damned fools.” On July 30, 1778, legislation was passed declaring that anyone who served the U.S. had the duty to tell Congress as soon as possible about any “misconduct, frauds or misdemeanors” committed by others in government service.

But the major case that shaped American whistle-blower law came during the Civil War. The rush to outfit the troops for war led to shortages of horses, wool and gunpowder — and a rush for companies to make money by selling shoddy goods to the needy Union Army. New York Congressman and abolitionist Charles H. Van Wyck questioned hundreds of witnesses to such fraud, putting together a report that led to the 1863 passage of the False Claims Act. The law established fines for contractors who cheated that system, and said that a whistle-blower who started a False Claims suit — the person this law termed “a relator” — would get 50% of the money if the case was successful.

“It has this qui tam provision that allows an individual, a private citizen, to become a private attorney general and actually prosecute the case on behalf of the ordinary people,” says Mueller.

The law was nicknamed “Lincoln’s Law” after President Abraham Lincoln said he hoped it would empower a different kind of army of “citizen soldiers,” or whistle-blowers, to keep a watchful eye. This law is still on the books.

Defense contractors succeeded in weakening the False Claims Act during World War II, claiming it would hold up the production of matériel — but during the 1960s and 1970s, as trust in government plummeted, several high-profile whistle-blowers, both within and outside government, reminded Americans just how much of a key role whistle-blowers could play.

Ernest Fitzgerald testified that Lockheed Martin was overcharging the government by billions of dollars. Frank Serpico exposed bribery in the NYPD. Karen Silkwood, who was killed in a car crash en route to deliver documents in the case, exposed hazardous conditions at the Kerr-McGee plutonium plant in Crescent, Okla. Daniel Ellsberg leaked the Pentagon Papers, secret documents revealing that the government was mismanaging the Vietnam War and lying about it, to the New York Times. And of course, the Watergate informant known as “Deep Throat,” Mark Felt, helped bring down Richard Nixon’s presidency.

Mark Felt

Mark Felt

Hollywood movies about whistle-blower cases, such as 1976’s All the President’s Men and Meryl Streep’s 1983 turn in Silkwood, further increased awareness and public respect for whistle-blowers.

Reacting to sweetheart deals being cut between the government and defense contractors at the height of the Cold War, Congress strengthened the False Claims Act in 1986. Penalties for making false claims were increased, requiring offenders to pay triple what they overcharged the Treasury. Since then, over $60 billion in ill-gotten tax dollars have been returned to the Treasury via whistle-blower complaints filed through the law.

While the False Claims Act mostly pertains to people in the private sector who work with the government, it’s been more complicated for people in the intelligence and national security field to come forward. The Intelligence Community Whistleblower Protections Act of 1998 established the process that the whistle-blower who raised concerns about Trump’s call with the Ukrainian president went through, in that he filed a complaint that was routed to the U.S. Inspector General’s office.

However, despite having “protections” in the name, people who work at national security agencies who have gone through this process have not always felt as if this process is a secure one for them. For example, in 2002, Tom Drake and Bill Binney were part of a group that reported to the Inspector General’s office concerns that government efforts to monitor Americans’ Internet activity would invade their privacy. When news came out related to their allegations, the FBI raided their houses.

Tom Mueller interviewed about 200 whistle-blowers for his book and found that the “overwhelming majority” haven’t been able to work again because they were blackballed in their industries; perhaps the most famous recent American whistle-blower, Edward Snowden, is still in exile in Moscow. “It’s career suicide,” he says, arguing the treatment of whistle-blowers in real life is more of how society views them, versus the praise they receive at a distance or on a screen. He argues there’s a two-faced attitude towards whistle-blowers in American society.

“We have a completely dual attitude,” he says. “We applaud them in the theater but we go home and allow industries and governments to destroy them, their careers, their health, their lives.”

And yet their influence is undeniable.

Cynthia Cooper

Cynthia Cooper

TIME made three whistle-blowers Person of the Year for 2002 — WorldCom accountant Cynthia Cooper and Enron executive Sherron Watkins for exposing corporate fraud, and FBI agent Coleen Rowley for her memo to then FBI Director Robert Mueller about the mishandling of security threat warnings before 9/11 — for risking everything “to bring us badly needed word of trouble inside crucial institutions” and because they believed that the truth is one thing that must not be moved off the books, and for stepping in to make sure that it wasn’t.”

“We shouldn’t need a special word, some weird legal status, for doing the right thing, for doing our jobs. The fact that we have that [term] is a bad sign. Whistle-blowing is democracy,” Tom Mueller says. “It’s freedom of speech. It’s independence of conscience — the kinds of things the framers had in mind.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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El  Grupo de Trabajo Estudios sobre Estados Unidos del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales  (CLACSO)  acaba de hacer público su segundo boletín, titulado Trump en su tercer año: incertidumbre e irrupción. Coordinado por Leandro Morgenfeld, Marco A. Gandásegui y Casandra Castorena, este boletín contiene cinco ensayos dedicados al análisis de la política exterior de Donald Trump, con un énfasis en América Latina. Los autores de estos trabajos son estudiosos latinoamericanos de la nación estadounidenses, especialmente, del Centro de Estudios Hemisféricos y sobre Estados Unidos (CEHSEU) de la Universidad de La Habana. Quienes estén interesados en estos temas puedan acceder al boletín aquí.

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Ya es una tradición de esta bitácora dar la bienvenida a cada nuevo número de la revista Huellas de Estados Unidos. En esta ocasión se trata del número 15, que incluye una variedad interesante  de temas. Entre ellos podemos mencionar la crisis  de los créditos subprime, la política de la administración Trump hacia Cuba, el estado policial, la OIAA y la Política del Buen Vecino y la política externar de Trump. Este número incluye una sección titulada Los indeseables – Estudio sobre as minorías  silenciadas. Esta consiste de dos entrevistas: la primera, al Pantera Negra Emory Douglas y segunda a la profesora Keenga-Yamatha Taylor. Completan este número dos reseñas.

Felicitamos a los amigos de la Cátedra de Historia de Estados Unidos de la UBA por este número

Norberto Barreto Velazquez

Changsha, China, 24 de octubre de 2018

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