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Comparto esta nota de la historidora Heather Cox Richardson conmemorando los 56 años de la firma de la Voting Rights Act. Cox Richardson hace un excelente recuento del proceso que llevó a  la firma de esta histórica ley y de las amenazas actuales al derecho al voto de las minorías en Estados Unidos y, por ende, a la democracia estadounidense.

La Dr. Cox Richardson trabaja en Boston College y es autora, entre otros libros,   de To Make Men Free: A History of the Republican Party (2014). Es la creadora de una popular columna diara, Letters from America, analizando desde una perspectiva histórica la situación política y social estadounidense.


It Is Time to Update the Voting Rights Act - Center for American Progress

Letters from America  

Heather Cox Richardson

6 de agosto de 2021

Monadnock Ledger-Transcript - Lyceum continues with Heather Cox Richardson  on Sunday

Heather Cox Richardson

Hace hoy cincuenta y seis años, el 6 de agosto de 1965, el presidente Lyndon B. Johnson firmó la Ley de Derecho al Voto. La necesidad de la ley se explicó en su título completo: “Una ley para hacer cumplir la decimoquinta enmienda a la Constitución, y para otros fines”.

A raíz de la Guerra Civil, los estadounidenses trataron de crear una nueva nación en la que la ley tratara a los hombres negros y a los hombres blancos como iguales. En 1865, ratificaron la Decimotercera Enmienda a la Constitución, prohibiendo la esclavitud excepto como castigo por crímenes. En 1868, ajustaron la Constitución de nuevo, garantizando que cualquier persona nacida o naturalizada en los Estados Unidos, excepto ciertos indígenas americanos, era un ciudadano, abriendo el sufragio a los hombres negros. En 1870, después de que los legisladores de Georgia expulsaran a sus colegas negros recién sentados, los estadounidenses defendieron el derecho de los hombres negros a votar añadiendo ese derecho a la Constitución.

Las tres enmiendas —la Decimotercera, La Decimocuarta y la Decimoquinta— le dieron al Congreso el poder de hacerlas cumplir. En 1870, el Congreso estableció el Departamento de Justicia para hacer precisamente eso. Los sureños blancos reaccionarios habían estado usando las leyes estatales, y la falta de voluntad de los jueces y jurados estatales para proteger a los estadounidenses negros de las pandillas blancas y los empleadores tramposos, para mantener a los negros subordinados. Los hombres blancos se organizaron como el Ku Klux Klan para aterrorizar a los hombres negros y evitar que ellos y sus aliados blancos votaran para cambiar ese sistema. En 1870, el gobierno federal intervino para proteger los derechos de los negros y procesar a los miembros del Ku Klux Klan.

Ciudadanía por nacimiento: qué es la enmienda 14 de la Constitución de  Estados Unidos (y cuán posible es que Trump acabe con ella) - BBC News Mundo

Con el poder federal ahora detrás de la protección constitucional de la igualdad, amenazando con la cárcel para aquellos que violaron la ley, los opositores blancos del voto negro cambiaron su argumento en contra.

En 1871, comenzaron a decir que no tenían ningún problema con que los hombres negros votaran por motivos raciales; su objeción al voto negro era que los hombres negros, sólo por esclavitud, eran pobres e incultos. Estaban votando por legisladores que les prometían servicios públicos como carreteras y escuelas, y que solo se podían pagar con impuestos.

La idea de que los votantes negros eran socialistas —de hecho, usaron ese término en 1871— significó que los norteños blancos que habían luchado para reemplazar la sociedad jerárquica del Viejo Sur con una sociedad basada en la igualdad comenzaron a cambiar su tono. Miraron hacia otro lado, ya que los hombres blancos impedieron que los hombres negros votaran, primero con el terrorismo y luego con las leyes electorales estatales que usaban cláusulas de abuelo, que recortaban a los hombres negros sin mencionar la raza al permitir que un hombre votara si su abuelo lo había hecho; pruebas de alfabetización en las que los registradores blancos pueden decidir quién aprueba; los impuestos electorales; y así sucesivamente. Los estados también redujeron los distritos de manera desigual para favorecer a los demócratas, que dirigían un partido segregacionista totalmente blanco. En 1880 el Sur era sólidamente demócrata, y lo seguiría siendo hasta 1964.

Los estados del sur siempre celebraron elecciones: solo se había previsto que los demócratas las ganarían.

Merrell R. Bennekin on Twitter: "U.S. adopts 15th Amendment, March 30, 1870  Following its ratification by the requisite three-fourths of the states,  the 15th Amendment, granting African-American men the right to vote,Los estadounidenses negros nunca aceptaron este estado de cosas, pero su oposición no ganó una poderosa atención nacional hasta después de la Segunda Guerra Mundial.

Durante esa guerra, los estadounidenses de todos los ámbitos de la vida habían enfocado en derrotar al fascismo, un sistema de gobierno basado en la idea de que algunas personas son mejores que otras. Los estadounidenses defendieron la democracia y, a pesar de todo lo que los estadounidenses negros lucharon en unidades segregadas, y que los disturbios raciales estallaron en ciudades de todo el país durante los años de guerra, y que el gobierno internó a los estadounidenses de origen japonés, los legisladores comenzaron a reconocer que la nación no podría definirse efectivamente como una democracia si las personas negras y marrones vivían en viviendas deficientes,  recibió una educación deficiente, no podía avanzar de los trabajos de poca importancia y no podía votar para cambiar ninguna de esas circunstancias.

Mientras tanto, los afroamericanos y las personas de color que habían luchado por la nación en el extranjero llevaron a casa su determinación de ser tratados por igual, especialmente a medida que el colapso financiero de los países europeos aflojó su control sobre sus antiguas colonias africanas y asiáticas, dando vida a nuevas naciones.

Thurgood Marshall (1908-1993) •

Thurgood Marshall

Aquellos interesados en promover los derechos de los negros recurrieron, una vez más, al gobierno federal para anular las leyes estatales discriminatorias. Estimulados por el abogado Thurgood Marshall, los jueces utilizaron la cláusula de debido proceso y la cláusula de igualdad de protección de la Decimocuarta Enmienda para argumentar que las protecciones en la Carta de Derechos se aplicaban a los estados, es decir, los estados no podían privar a ningún estadounidense de la igualdad. En 1954, la Corte Suprema bajo el presidente del Tribunal Supremo Earl Warren, el ex gobernador republicano de California, utilizó esta doctrina cuando dictó el caso Brown v. Decisión de la Junta de Educación que declara inconstitucionales las escuelas segregadas.

Los reaccionarios blancos respondieron con violencia, pero los afroamericanos continuaron defendiendo sus derechos. En 1957 y 1960, bajo la presión del presidente republicano Dwight Eisenhower, el Congreso aprobó leyes de derechos civiles diseñadas para facultar al gobierno federal para hacer cumplir las leyes que protegen el voto negro.

En 1961, el Comité Coordinador Estudiantil No Violento (SNCC) y el Consejo de Organizaciones Federadas (COFO) comenzaron esfuerzos intensivos para registrar a los votantes y organizar a las comunidades para apoyar el cambio político. Debido a que solo el 6,7% de los negros de Mississippi estaban registrados, MIssissippi se convirtió en un punto focal, y en el “Freedom Summer” de 1964, organizado bajo Bob Moses (quien falleció el 25 de julio de este año), los voluntarios se dispusieron a registrar a los votantes. El 21 de junio, miembros del Ku Klux Klan, al menos uno de los cuales era oficial de la ley, asesinaron a los organizadores James Chaney, Andrew Goodman y Michael Schwerner cerca de Filadelfia, Mississippi, y, cuando fueron descubiertos, se rieron de la idea de que serían castigados por los asesinatos.

Ese año, el Congreso aprobó la Ley de Derechos Civiles de 1964, que fortaleció los derechos de voto. El 7 de marzo de 1965, en Selma, Alabama, los manifestantes liderados por John Lewis (quien pasaría a servir 17 términos en el Congreso) se dirigieron a Montgomery para demostrar su deseo de votar. Los agentes del orden los detuvieron en el puente Edmund Pettus y los golpearon salvajemente.

El 15 de marzo, el presidente Johnson pidió al Congreso que aprobara una legislación que defendiera el derecho al voto de los estadounidenses. Así fue. Y en este día de 1965, la Ley del Derecho al Voto se convirtió en ley. Se convirtió en una parte tan fundamental de nuestro sistema legal que el Congreso lo reautorizó repetidamente, por amplios márgenes, tan recientemente como en 2006.

Pero en el 2013 en su decisión del caso Shelby County v. Holder, la Corte Suprema bajo el presidente del Tribunal Supremo John Roberts destripó la disposición de la ley que requiere que los estados con historiales de discriminación de votantes obtengan la aprobación del Departamento de Justicia antes de que cambien sus leyes de votación. Inmediatamente, las legislaturas de esos estados, ahora dominadas por los republicanos, comenzaron a aprobar medidas para suprimir el voto. Ahora, a raíz de las elecciones de 2020, los estados dominados por los republicanos han aumentado la tasa de supresión de votantes, y el 1 de julio de 2021, la Corte Suprema permitió dicha supresión con la decisión de Brnovich v. DNC.

1965 Voting Rights Act - A Brief History of Civil Rights in the United  States - HUSL Library at Howard University School of Law

Si se permite a los republicanos elegir quién votará en los estados, dominarán el país de la misma manera que los demócratas convirtieron el Sur en un estado de partido único después de la Guerra Civil. Alarmados por lo que equivaldrá a la pérdida de nuestra democracia, los demócratas están pidiendo que el gobierno federal proteja los derechos de voto.

Y, sin embargo, 2020 dejó muy claro que si los republicanos no pueden impedir que los demócratas voten, no podrán ganar las elecciones. Y así, los republicanos están insistiendo en que los estados por sí solos pueden determinar quién puede votar y que cualquier legislación federal es una extralimitación tiránica. Una encuesta reciente de Pew muestra que más de dos tercios de los votantes republicanos no creen que votar sea un derecho y creen que se puede limitar.

Y entonces, aquí estamos, en una crisis existencial sobre los derechos de voto y si son los estados o el gobierno federal los que deben decidirlos.

June 25, 2013 – The Supreme Court Decides Shelby County v. Holder | Legal  Legacy

En este momento, hay dos importantes proyectos de ley de derechos de voto ante el Congreso. Los demócratas han introducido la Ley para el Pueblo, una medida radical que protege el derecho al voto, pone fin al gerrymandering partidista, detiene el flujo de efectivo a las elecciones y requiere nuevas pautas éticas para los legisladores. También han introducido la Ley de Derechos de Voto John Lewis, que se centra más estrechamente en el voto y restaura las protecciones proporcionadas en la Ley de Derechos de Voto de 1965.

Los senadores republicanos han anunciado su oposición a cualquier proyecto de ley de derechos de voto, por lo que cualquier ley que se apruebe tendrá que sortear el filibusterismo en el Senado, que no se puede romper sin 10 senadores republicanos. Los demócratas podrían romper el filibusterismo para un proyecto de ley de derechos de voto, pero los senadores Joe Manchin (D-WV) y Kyrsten Sinema (D-AZ) indicaron a principios de este verano que no apoyarían tal medida.

Y, sin embargo, hay señales de que un proyecto de ley de derechos de voto no está muerto. Los senadores demócratas han seguido trabajando para llegar a un proyecto de ley que pueda pasar por su partido, y no tiene sentido hacerlo si, al final, saben que no pueden convertirlo en una ley. “Todo el mundo está trabajando de buena fe en esto”, dijo Manchin a Mike DeBonis del Washington Post. “Es la aportación de todos, no solo la mía, pero creo que la mía, tal vez… nos hizo a todos hablar y rodar en la dirección en la que teníamos que volver a lo básico”, dijo.

Volver a lo básico es una muy buena idea. La idea básica de que no podemos tener igualdad ante la ley sin igualdad de acceso a la boleta electoral nos dio las Enmiendas Decimotercera, Decimocuarta y Decimoquinta a la Constitución, y estableció el poder del gobierno federal sobre los estados para hacerlas cumplir.

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Fuentes:

https://www.washingtonpost.com/politics/2021/06/08/how-is-john-lewis-voting-rights-act-different-hr-1/

https://www.ourdocuments.gov/doc.php

https://www.newsweek.com/only-third-republicans-think-voting-fundamental-right-poll-1612336

https://www.pewresearch.org/fact-tank/2021/07/22/wide-partisan-divide-on-whether-voting-is-a-fundamental-right-or-a-privilege-with-responsibilities/

https://cha.house.gov/report-voting-america-ensuring-free-and-fair-access-ballot

https://cha.house.gov/sites/democrats.cha.house.gov/files/2021_Voting%20in%20America_v5_web.pdf

https://www.washingtonpost.com/politics/democrats-craft-revised-voting-rights-bill-seeking-to-keep-hopes-alive-in-the-senate/2021/07/28/855b93fc-efc5-11eb-81d2-ffae0f931b8f_story.html

Traducido por Norberto Barreto Velázquez

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The Republican Party’s Hidden Racial History

by Timothy N. Thurber

History News Network

On September 17, lawyers from the Brennan Center for Justice at New York University joined the Texas State Conference of the NAACP, the Mexican American Legislative Caucus of the Texas House of Representatives, and others in a lawsuit to overturn a new state voter identification law (Brennan Center).

A month earlier, North Carolina enacted a statute containing several reforms, including a requirement that voters produce government-issued photo identification and a seven-day reduction in the period for early voting.

These and similar proposals in other states have sparked sharp partisan fights. Democrats believe that they violate the Voting Rights Act and constitute deliberate efforts by Republicans to suppress voting by nonwhites, students, and others who by and large do not favor the GOP. Firmly denying any intent of malice against any demographic group, Republicans insist that reforms are needed to combat voter fraud.

Conflicts over voting are as old as the republic, but they have intensified since President Barack Obama’s 2012 re-election and the Supreme Court’s June 2013 decision striking down Section Four of the Voting Rights Act, which determined the states and localities required to seek federal approval for changes in election laws. “Preclearance,” as this policy was commonly known, applied primarily to the South. Republicans have tended to applaud the Court’s ruling, arguing that discrimination against nonwhites once was a problem but is now so rare that federal oversight is no longer needed. Colin Powell stands a rare exception within the GOP; he has denounced the North Carolina statute as morally wrong, based on inaccurate beliefs about the extent of fraud, and politically suicidal. The Republican Party, he contends, should be reaching out to blacks and other nonwhites.

For some observers, these developments are the latest chapter in the shift of the pro-civil rights “party of Lincoln” to a southern-controlled, states’ rights GOP that has little room for African Americans. Didn’t overwhelming majorities of congressional Republicans favor the Voting Rights Act in 1965? Yes. In the Senate, thirty Republicans backed the legislation, and only two opposed. House Republicans voted five-to-one for it. As Republicans have been noting ever since, that was a higher percentage of support than registered by Democrats.

A closer look at the events of 1965, however, reveals that the current Republican approach to voting is more similar to that of a half century ago than the final congressional tallies indicate. So, too, is the contemporary political context.

In March 1965, President Lyndon Johnson proposed legislation that greatly expanded federal authority over state election laws, particularly in the South. The bill contained a “trigger” provision that used voter participation data from 1964 to automatically suspend literacy tests in several southern states and bring those states under the preclearance requirement. This approach would relieve individuals and organizations of many of the considerable legal hurdles (and, in numerous instances, personal risk) of filing lawsuits. That case-by-case method had been tried under the 1957 and 1960 civil rights laws but had resulted in few new black voters.

Led by Everett Dirksen (Ill.), Senate Republicans allied with non-southern Democrats to defeat southerners’ efforts to preserve local autonomy, most notably their attempts to delete the trigger and preclearance provisions. Republicans also backed cloture, which ended the southern Democrats’ filibuster and ensured that the bill would pass.

House Republicans initially rallied behind legislation, offered by Gerald Ford (Mi.) and William McCulloch (Oh.), that enhanced federal jurisdiction compared to earlier civil rights laws but nevertheless preserved more state autonomy compared to Johnson’s. Their bill did not automatically ban literacy tests or contain preclearance requirements. Since the early twentieth century, Republicans had favored literacy tests in their own states and insisted upon maximizing state authority over voting rules, largely in response to high levels of immigration to the Northeast and Midwest. Low levels of black voting, Ford and McCulloch argued, might stem from factors unrelated to discrimination. The pair also pointed out that their legislation would apply to more southern states than did the president’s. Prominent civil rights groups and leaders preferred Johnson’s approach, however.

The Senate’s action, plus the sizable Democratic majority in the House, meant that the Ford-McCulloch legislation had no chance. House Republicans then fell in line with the winning side. Just one of the seventeen Republicans from the ex-Confederate states voted for Johnson’s measure. Southern Republicans, in other words, were just as eager as southern Democrats to limit Washington’s reach.

The political context of the mid-1960s also echoes the present. In 1965, Republicans were debating how to rebuild their party. The 1964 election had been a disaster not just for presidential nominee Barry Goldwater, but for the party as well. A handful of Republicans wanted to more closely align the GOP with the civil rights movement. Doing so, they argued, would increase African American support and help the party with the expanding number of whites, in the South and elsewhere, who favored a more racially egalitarian society. “We have got to get the party away from being an Anglo-Saxon Protestant white party,” Charles Percy asserted. Percy had just lost his bid to be governor of Illinois; he would be elected to the Senate in 1966. Likewise, Governor George Romney (Mi.) fired off a twelve page letter to Goldwater in which he noted that the Arizona senator had received eight million fewer votes than Richard Nixon did in 1960 and voiced alarm over the “southern-rural-white” thrust of the senator’s campaign. “The party’s need to become more broadly inclusive and attractive,” Romney emphasized, “should be obvious to anyone.”

Romney and Percy were minority voices within their party. Most Republicans continued to agree with Goldwater that the black vote was largely unwinnable and essentially irrelevant. Whites far outnumbered African Americans in most of the nation, including most of the South. As Johnson’s bill was being debated, state and local Republicans from Dixie warned northern GOP lawmakers that allying with president would undermine the party’s recent growth in Dixie. Worried that the elimination of literacy tests would mean a large influx of black voters, one Louisiana organization appealed to Nixon to lobby congressional Republicans on the South’s behalf. Illiterate African Americans, they wrote the former vice president, simply followed Democrats’ instructions or sold their votes for beer or a few dollars. The head of the Mississippi GOP predicted chaos “if large numbers of ignorant, illiterate persons are suddenly given the vote.”

Concerns over fraud were not limited to the South. Believing that the Democrats had stolen the 1960 election through fraud in Chicago and elsewhere, the RNC had launched Operation Eagle Eye in 1964. Republicans across the nation tried a variety of techniques to prove that many African American voters were ineligible. Republicans also worked to dissuade blacks from voting by spreading false information in African American neighborhoods regarding the voting process. Operation Eagle Eye flopped, but Republicans would continue to use many of these methods in the decades ahead.

Timothy N. Thurber is Associate Professor of History at Virginia Commonwealth University, and author of The Politics of Equality: Hubert H. Humphrey and the African American Freedom Struggle, and, most recently, Republicans and Race: The GOP’s Frayed Relationship with African Americans, 1945–1974.
– See more at: http://hnn.us/article/153358#sthash.xPizvkxg.dpuf

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En este interesante artículo publicado por la History News Network (HNN) el  historiador norteamericano Keith W. Olson (University of Maryland) examina la presidencia de Dwight D. Eisenhower (Ike). Olson concluye que en estos momentos en que el Partido Republicano –derrotado por Barack Obama en noviembre pasado– busca reiventarse, Eisenhower debería ser el modelo a seguir por los Republicanos. Para ello destaca el caracter moderado del que es, sin lugar dudas, el presidente Republicano más importante de la segunda mitad del siglo XX.

Republicans Should Like Ike | History News Network.

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Dwight D. Eisenhower, “Ike”

As Republican leaders continue to try to redefine their party identity they would do well to review the legacy of Republican President Dwight D. Eisenhower, arguably, the most successful president since World War II. As president he faced crises and challenges both foreign and domestic, different from those of today but equal in magnitude, as well as the need to maintain national leadership.

During the 1950s the containment of the nuclear-armed Soviet Union dominated all other concerns. From the Truman administration, Eisenhower also inherited a limited war in Korea. A year later he faced a French request for military aid to save their colonial empire in Southeast Asia. Also in 1954 — and again in 1958 — he confronted tense relations with the People’s Republic of China over territorial claims and policies in the Formosa Strait.

In October 1956 three of the nation’s closest allies — the United Kingdom, France, and Israel — invaded Egypt without informing Eisenhower. The war soon involved threats from the Soviet Union. Simultaneously, the Soviets invaded Hungary to crush the Hungarian Revolution, which had overthrown the communist government in that country. A year after the Suez crisis the Soviets launched the world’s first human-made satellite, called Sputnik, to orbit the earth. While not a military threat, Sputnik sparked serious public discussion about America’s ability to compete with the Soviets.

To all of these crises Eisenhower sought non-military resolutions.

In Korea he completed a negotiated settlement, a policy the Truman administration had started. Eisenhower likewise successfully negotiated with the People’s Republic of China and aggressively pressured Britain and France into withdrawing from the Suez.

Eisenhower’s political, and economic achievements reflected stability, continuity, and moderation. As president he favored an increase in the minimum wage and extended unemployment benefits to an additional four million workers. In 1956 he broadened Social Security to include new categories of occupations and thereby added 10.5 million wage earners, including public school teachers.

Two initiatives illustrated Eisenhower’s commitment to infrastructure. The first was the St. Lawrence Seaway Act, which provided construction of locks that linked the Great Lakes to the Atlantic Ocean. In 1956 Congress enacted his proposed Federal Aid Highway Act, the largest public works project in American history. He wanted the project to finance itself through a federal tax on gas and oil with states contributing ten percent of construction cost in their states. In 1958 the National Defense Education Act provided the first major aid to higher education since 1862. Under Eisenhower the budget of the National Science Foundation more than doubled.

For Eisenhower the economy, especially the federal budget, directly related to military strength and domestic prosperity. He inherited a budget deficit of approximately $10 billion. By 1956 he balanced the first of his balanced budgets. Steadfastly he maintained high federal income tax to uphold economic health. For incomes over $400,000, the federal income tax was 91 percent (albeit with deductions). Eisenhower also systematically reduced the military budget in actual dollars as well as in percentage of the total budget through his New Look policy.

The congressional elections of 1954, 1956, and 1958 returned Democratic majorities to both houses of Congress. His 1956 re-election meant that he faced Democratic control of Congress for the last six years of his presidency.

In his farewell address Eisenhower wanted “to share a few final thoughts with you my countrymen.” After this beginning, he immediately reported that “Our people expect their president and the Congress to find essential agreement on issues of great moment, the wise resolution of which will better shape the future of the nation.” He referred to this relationship as “mutually interdependent” and continued that “In this final relations, the Congress and the administration have, on most vital issues, cooperated well, to serve the national good rather than mere partisanship, and so have assured that the business of the nation should go forward.” He concluded that “my official relationship with the Congress end[s] in a feeling, on my part, of gratitude that we have been able to do so much together.”

The American voters responded enthusiastically to Eisenhower’s leadership. In 1952 he won election by more than 6.5 million votes. Four years later he won reelection by more than 9.5 million votes. Another measure of evaluation was approval rating. Harry Truman left office with a rating of 23 percent, the lowest of any post-World War II president (until George W. Bush, that is). In Eisenhower’s last year 61 percent approved of Americans approved of his performance. His eight-year average approval was 65 percent. The trust American had in their government to do what was right all or most of the time constituted yet another category of evaluation. In 1960 the trust in government reached 70 percent.

The more scholars have researched about Eisenhower and his administration the higher their assessments. Consistently in polls he now merits eighth, ninth, or tenth rank among all presidents. In 1996, for example, The Arthur M. Schlesinger, Jr. poll of historians placed Eisenhower tenth. The Siena College Institute found that “experts” listed him in the top ten in its 1994, 2002, and 2010 surveys. C-SPAN’s 2009 analysis by “sixty-five historians and professional observers of the presidency” placed Eisenhower eighth.

With hindsight, of course, not all of Eisenhower’s decisions, actions, and policies win applause — but the total record is overwhelmingly favorable. In terms of legislation, international relations, and economics he left solid achievements. Voters overwhelmingly supported his presidency and scholars admire his record. During his presidency Eisenhower’s achievements and his public image contributed to high public trust in government, belief in the role of government, and ability to form bipartisan coalitions to advance the national interest. Eisenhower’s record is one Republican leaders should celebrate, not ignore.

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Comparto con todos ustedes mi participación el pasado 8 de noviembre en el programa HablaPUCP, donde fui entrevistado por el Dr. Eduardo Dargent sobre el resultado de las elecciones estadounidenses.

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Mañana 8 de noviembre estaré comentando los resultados de las elecciones norteamericanas en HablaPUCP, un programa de entrevistas de PuntoEdu, periódico de la Pontificia Universidad Católica del Perú,  transmitido todos los jueves a las 3 de la tarde. Quedan cordialmene invitados.

 

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Immanuel Wallerstein

Immanuel Wallerstein

El pasado 26 de setiembre, el diario mexicano La Jornada publicó un corto, pero muy interesante artículo de Immanuel Wallerstein titulado “La política estadounidense y las intervenciones militares”. En su ensayo, Wallerstein hace un análisis de la influencia de la política partidista sobre la política exterior norteamericana que me resultó muy interesante. Pero antes de analizar el contenido del ensayo de Wallerstein, es necesario hacer algunos comentarios sobre su autor. Wallerstein  es un sociólogo e historiador norteamericano considerado  uno de los  científicos sociales  más  importantes de la segunda mitad del siglo XX. Su trabajo ha dado vida a influyentes teorías sobre el desarrollo de la economía capitalista global. En su obra más importante, The modern world-system (El moderno sistema mundial), Wallerstein aporta un nuevo modelo teórico y de interpretación histórica, cultural y social. Wallerstein es hoy en día uno de los más famosos críticos anti-sistema y uno de los analistas más severos de la política exterior de los Estados Unidos.ModernWordII

En “La política estadounidense y las intervenciones militares”, Wallerstein reacciona al debate de las últimas semanas sobre cuál debe ser la estrategia que  la administración Obama debe seguir en Afganistán. Al autor le preocupa que el Presidente acepte las sugerencias de su Secretario de Defensa y de miembros del alto mando militar y opte por incrementar el número de soldados estadounidenses en territorio afgano. Es claro que Wallerstein considera tal posibilidad un grave error.

Al indagar cuál será la dirección que la administración Obama adoptará en una situación tan peligrosa como la de Afganistán, Wallerstein nos lanza un pregunta que me parece medular: “¿Por qué es  tan difícil para Estados Unidos zafarse de intervenciones militares que patentemente están perdiendo?”. En otras palabras, Wallerstein quiere saber qué mueve al gobierno de los Estados Unidos a insistir en intervenciones militares poco exitosas y sumamente peligrosas. El autor reconoce que para los analistas de izquierda la respuestas es muy sencilla: porque los Estados Unidos son una nación imperialista que interviene militarmente “con el fin de mantener su poder económico y político en el mundo”. A Wallerstein no le satisface esta respuesta porque, según él, la realidad histórica es que desde 1945 los norteamericanos no han ganado una sola confrontación militar de importancia. Si como alegan los izquierdistas, Estados Unidos interviene  para adelantar sus intereses hegemónicos, por qué sus intervenciones han sido tan incompetentes. Para demostrar su punto Wallerstein pasa revista a las principales intervenciones militares estadounidense de los últimos sesenta años. Según él, los norteamericanos fueron derrotados en  Vietnam, en Corea y la primera guerra del Golfo lograron un empate, es claro que están perdiendo en Afganistán y la invasión de Irak de seguro será juzgada como un fracaso por los historiadores. En otras palabras,  el autor se pregunta qué clase de imperio es éste que no gana una guerra. O en palabras de Wallerstein: “¿Qué impulsa a Estados Unidos a involucrarse en acciones de tal derrota política propia, especialmente si uno piensa en Estados Unidos como una potencia hegemónica que intenta controlar al mundo entero para sacarle ventaja?”

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Para el autor, la explicación está en la política interna de los Estados Unidos. Como toda gran potencia, los Estados Unidos son un país intensamente nacionalista. Según Wallerstein, todas las potencias –y en especial las hegemónicas–  “creen en sí mismas y en su derecho moral y político de afirmar sus (así llamados) intereses nacionales”.  Los Estados Unidos no son ni han sido la excepción. Es por ello que la inmensa mayoría de la población norteamericana es  y ha sido partidaria, desde un punto de vista patriótico, de que su país se afirme a nivel mundial “si es necesario militarmente”.   De ahí, que según el autor, el número de estadounidenses que ha mantenido una posición anti-imperialista desde 1945 sea una porción “políticamente insignificante” de la población. En otras palabras, desde la segunda guerra mundial, la mayoría de los norteamericanos han apoyado la afirmación imperialista de los Estados Unidos, motivados por un fuerte sentimiento patriótico.

Para Wallerstein, la política estadounidense no se divide entre opositores y simpatizantes del imperialismo, sino entre quienes son “fuertemente intervencionistas” y quienes favorecen el llamado aislacionismo. Sin embargo, estos últimos no son anti-militaristas, pues apoyan la inversión y el gasto militar, pero sí “son escépticos en cuanto a utilizar estas fuerzas en lugares ajenos”. El autor reconoce que tras esta división existe lo que él denomina como una “gama de posiciones intermedias”.

Intervencionistas o aislacionistas, la mayoría de los políticos norteamericanos no están dispuestos a buscar o proponer una reducción en el gasto militar por razones de política partidista. El aislacionismo tuvo una fuerte presencia en el Partido Republicano en el periodo previo a la segunda guerra mundial, pero a partir de 1945 se redujo y perdió fuerza.  Desde  el fin de la guerra, los republicanos han adoptado una actitud a favor de la inversión en el gasto militar y han criticado la supuesta debilidad o suavidad de la política exterior de los demócratas. La realidad histórica es que los republicanos no siempre han sido consistentes con su discurso y se han opuesto al envío de tropas estadounidenses a lugares como los Balcanes en la década de 1990. A pesar de estas incongruencias,   el público norteamericana tiende a ver a los republicanos como  halcones (“hawks”) patriotas.

Obama y Afganistán

Según Wallerstein, esta idea generalizad choca con la realidad histórica porque desde la segunda guerra mundial, los demócratas han sido más propensos a llevar a cabo intervenciones militares que sus opositores republicanos. A pesar de ello, los republicanos han acusado  sistemáticamente a los demócratas de ser palomas (“doves”), es decir, de faltarles valor, empuje y decisión en su política exterior. Esta acusación ha tenido un gran peso sobre la actitud de las administraciones demócratas de los últimos sesenta años. En palabras del autor, los demócratas han estado atrapados “en  la etiqueta de ser menos machos que los republicanos”, acusación ésta  muy costosa, políticamente hablando.

5_afganistan_tanquesWallerstein cree –podríamos decir, teme–  que la presión de este paradigma político puede terminar haciendo que el Presidente Obama opté por aumentar el número de soldados estadounidenses en Afganistán para no lucir ni débil, ni suave en su política exterior, ni hacerle daño a su partido.  Ello colocaría al joven presidente “en el sendero de la guerra de Vietnam”.

El autor cierra su ensayo señalando que es hora de que los norteamericanos “entiendan que las intervenciones militares estadounidenses en el extranjero son gastos militares increíblemente grandes en casa y no son la solución a sus problemas, sino el mayor impedimento para la supervivencia y el bienestar nacional estadounidense”.

Coincido plenamente con los planteamientos de Wallerstein. Es claro que la política partidista estadounidense juega –y siempre ha jugado– un papel muy importante en la formulación de la política exterior norteamericana. El autor identifica y explica muy bien la dinámica establecida entre los dos partidos principales norteamericanos desde  el inicio de la guerra fría: por un lado los republicanos con su patriotismo exagerado fomentando el militarismo y atacando a unos demócratas preocupados de ser acusados de débiles o de perder países ante el comunismo (China en 1949) o el terrorismo (Pakistán 20??).  Para entender la política exterior estadounidense no basta con enfocar sus intereses geopolíticos o económicos. Es también necesario atender el juego político doméstico en el que inciden elementos como el nacionalismo, el patriotismo, el excepcionalismo, el regionalismo, la religiosidad, el complejo industrial-militar, etc.

OBAMASTAN

Me llamó poderosamente  la atención la visión que tiene Wallerstein de los ciudadanos estadounidenses, pues es claro que considera que la mayoría de éstos han adoptado actitudes imperialistas en los últimos sesenta años. Guiados por un fuerte nacionalismo y patriotismo, los estadounidenses no lucen en el ensayo de Wallerstein como el pueblo inocente y manipulable por el gobierno y los medios que algunos analistas han señalado. Todo lo contrario, para Wallerstein, sólo una minoría del pueblo norteamericano ha adoptado una actitud crítica ante las intervenciones militares de su gobierno. La mayoría ha apoyado la proyección y la defensa de los intereses norteamericanos con el uso de la fuerza. La perenne inocencia del pueblo norteamericano queda de esta forma terriblemente comprometida.

Esperemos que los temores de Immanuel Wallerstein no se concreten y que por el bien de su país Obama evite caer en la trampa de enviar más tropas a ese matadero de imperios llamado Afganistán.

Norberto Barreto Velázquez, Ph. D.

Lima, Perú, 29 de setiembre de 2009

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