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Alfred W. McCoy comienza este ensayo, publicado originalmente en inglés en la página TomDispatch, con un argumento categórico y muy difícil de refutar: los imperios no caen como árboles derribados, sino como consecuencia de un proceso lento en el que se debilitan hasta desintegrarse, víctimas  de “una sucesión de crisis que drenan sus fuerzas y confianza”.   No debe ser una sopresa para nadie que el imperio en decadencia al que McCoy dedica su análisis sea el estadounidense. Para el autor, Estados Unidos enfrenta tres crisis imperiales de cuyo manejo dependerá el futuro de su dominio geopolítico: Gaza, Taiwán y Ucrania. McCoy analiza las tres crisis destacando las limitaciones y errores cometidos por Estados Unidos, y el efecto sobre el debilitado poder global estadounidense. Estas tres crisis simultáneas representan un enorme reto para la diplomacia estadounidense en un momento de gran división interna y con la amenaza de un fuerte aislacionismo si Trump regresará la Casa Blanca.

El Doctor McCoy es un destacado analista del imperialismo estadounidense y  catedrático Harrington de Historia en la Universidad de Wisconsin-Madison. Es autor de varios obras, entre las que destacan de Colonial Crucible: Empire in the Making of the Modern American State (coeditado con Francisco A. Scarano en 2009); Policing America’s Empire: The United States, the Philippines, and the Rise of the Surveillance State (2009);  In the Shadows of the American Century: The Rise and Decline of U.S. Global Power (2017); y   To Govern the Globe: World Orders and Catastrophic Change (2021).


Is the American Empire Now in its Ultimate Crisis?

¿El declive y la caída de todo? El imperio estadounidense en crisis

Alfred W. McCoy 

Sin permiso    21 de marzo de 2024

Los imperios no caen como árboles derribados. Por el contrario, se debilitan lentamente a medida que una sucesión de crisis drena su fuerza y confianza hasta que de repente empiezan a desintegrarse. Así ocurrió con los imperios británico, francés y soviético; así ocurre ahora con la América imperial.

Gran Bretaña se enfrentó a graves crisis coloniales en la India, Irán y Palestina antes de precipitarse de cabeza al Canal de Suez y al colapso imperial en 1956. En los últimos años de la Guerra Fría, la Unión Soviética se enfrentó a sus propios retos en Checoslovaquia, Egipto y Etiopía antes de estrellarse contra un muro en su guerra de Afganistán.

La vuelta triunfal de Estados Unidos tras la Guerra Fría sufrió su propia crisis a principios de este siglo con las desastrosas invasiones de Afganistán e Irak. Ahora, en el horizonte de la historia se vislumbran otras tres crisis imperiales en Gaza, Taiwán y Ucrania que podrían convertir una lenta recesión imperial en un rápido declive, cuando no en un colapso.

Para empezar, pongamos en perspectiva la idea misma de una crisis imperial. La historia de todos los imperios, antiguos o modernos, siempre ha estado marcada por una sucesión de crisis, normalmente dominadas en los primeros años del imperio, sólo para ser aún más desastrosamente mal gestionadas en su época de declive. Justo después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos se convirtió en el imperio más poderoso de la historia, los líderes de Washington gestionaron con habilidad este tipo de crisis en Grecia, Berlín, Italia y Francia, y con algo menos de habilidad, aunque no de forma desastrosa, en una Guerra de Corea que nunca llegó a terminar oficialmente. Incluso tras el doble desastre de una chapucera invasión encubierta de Cuba en 1961 y una guerra convencional en Vietnam que se torció de forma desastrosa en los años sesenta y principios de los setenta, Washington demostró ser capaz de recalibrarse con la suficiente eficacia como para sobrevivir a la Unión Soviética, “ganar” la Guerra Fría y convertirse en la “superpotencia solitaria” del planeta.

Tanto en el éxito como en el fracaso, la gestión de crisis suele implicar un delicado equilibrio entre la política interior y la geopolítica mundial. La Casa Blanca del presidente John F. Kennedy, manipulada por la CIA en la desastrosa invasión de la Bahía de Cochinos en Cuba en 1961, consiguió recuperar su equilibrio político lo suficiente como para poner en jaque al Pentágono y lograr una resolución diplomática de la peligrosa crisis de los misiles cubanos con la Unión Soviética en 1962.

Sin embargo, la difícil situación actual de Estados Unidos se debe, al menos en parte, al creciente desequilibrio entre una política nacional que parece desmoronarse y una serie de desafiantes convulsiones mundiales. Ya sea en Gaza, en Ucrania o incluso en Taiwán, el Washington del Presidente Joe Biden está fracasando claramente a la hora de alinear a los grupos políticos nacionales con los intereses internacionales del imperio. Y en cada caso, la mala gestión de la crisis se ha visto agravada por los errores acumulados en las décadas transcurridas desde el final de la Guerra Fría, convirtiendo cada crisis en un enigma sin solución fácil o quizás sin solución alguna. Así pues, tanto individual como colectivamente, es probable que la mala gestión de estas crisis sea un indicador significativo del declive final de Estados Unidos como potencia mundial, tanto dentro como fuera de sus fronteras.

Desastre progresivo en Ucrania

Desde los últimos meses de la Guerra Fría, la mala gestión de las relaciones con Ucrania ha sido un proyecto curiosamente bipartidista. Cuando la Unión Soviética empezó a desmembrarse en 1991, Washington se centró en garantizar la seguridad del arsenal moscovita, compuesto por unas 45.000 cabezas nucleares, especialmente las 5.000 armas atómicas almacenadas entonces en Ucrania, que también poseía la mayor planta soviética de armas nucleares en Dnipropetrovsk.

Leonid Kravchuk, First President Of Independent Ukraine, Dead At 88

George H.W. Bush con el Primer Ministro ucraniano Leonid Kravchuk

Durante una visita en agosto de 1991, el Presidente George H.W. Bush dijo al Primer Ministro ucraniano Leonid Kravchuk que no podía apoyar la futura independencia de Ucrania y pronunció lo que se conoció como su discurso del “pollo de Kiev”, diciendo: “Los estadounidenses no apoyarán a quienes busquen la independencia para sustituir una tiranía lejana por un despotismo local. No ayudarán a quienes promuevan un nacionalismo suicida basado en el odio étnico”. Sin embargo, pronto reconocería a Letonia, Lituania y Estonia como estados independientes, ya que no tenían armas nucleares.

Cuando la Unión Soviética finalmente implosionó en diciembre de 1991, Ucrania se convirtió instantáneamente en la tercera potencia nuclear del mundo, aunque no tenía forma de hacer llegar la mayoría de esas armas atómicas. Para persuadir a Ucrania de que transfiriera sus cabezas nucleares a Moscú, Washington inició tres años de negociaciones multilaterales, al tiempo que daba a Kiev “seguridades” (pero no “garantías”) de su seguridad futura, el equivalente diplomático de un cheque personal librado contra una cuenta bancaria con saldo cero.

En virtud del Memorando de Budapest sobre Seguridad de diciembre de 1994, tres antiguas repúblicas soviéticas -Bielorrusia, Kazajstán y Ucrania- firmaron el Tratado de No Proliferación Nuclear y empezaron a transferir sus armas atómicas a Rusia. Simultáneamente, Rusia, Estados Unidos y Gran Bretaña acordaron respetar la soberanía de los tres signatarios y abstenerse de utilizar dicho armamento contra ellos. Sin embargo, todos los presentes parecían entender que el acuerdo era, en el mejor de los casos, tenue. (Un diplomático ucraniano dijo a los estadounidenses que no se hacía “ilusiones de que los rusos cumplieran los acuerdos firmados”).

Mientras tanto –y esto debería sonar familiar hoy en día– el Presidente ruso Boris Yeltsin se enfurecía contra los planes de Washington de ampliar aún más la OTAN, acusando al Presidente Bill Clinton de pasar de una Guerra Fría a una “paz fría”. Justo después de aquella conferencia, el Secretario de Defensa William Perry advirtió a Clinton, a bocajarro, que “un Moscú herido arremetería contra la expansión de la OTAN”.

No obstante, una vez que las antiguas repúblicas soviéticas quedaron desarmadas de forma segura de sus armas nucleares, Clinton accedió a empezar a admitir nuevos miembros en la OTAN, lanzando una implacable marcha hacia el este, en dirección a Rusia, que continuó bajo su sucesor George W. Bush. Llegó a incluir a tres antiguos satélites soviéticos, la República Checa, Hungría y Polonia (1999); a tres antiguas repúblicas soviéticas, Estonia, Letonia y Lituania (2004); y a otros tres antiguos satélites, Rumanía, Eslovaquia y Eslovenia (2004). Además, en la cumbre de Bucarest de 2008, los 26 miembros de la alianza acordaron por unanimidad que, en algún momento no especificado, Ucrania y Georgia también “se convertirían en miembros de la OTAN”. En otras palabras, tras haber empujado a la OTAN hasta la frontera ucraniana, Washington parecía ajeno a la posibilidad de que Rusia pudiera sentirse amenazada de algún modo y reaccionara anexionándose esa nación para crear su propio corredor de seguridad.

En aquellos años, Washington también llegó a creer que podría transformar a Rusia en una democracia funcional que se integrara plenamente en un orden mundial estadounidense aún en desarrollo. Sin embargo, durante más de 200 años el gobierno de Rusia había sido autocrático y todos los gobernantes, desde Catalina la Grande hasta Leonid Brézhnev, habían conseguido la estabilidad interna mediante una incesante expansión exterior. Por tanto, no debería haber sorprendido que la aparentemente interminable expansión de la OTAN llevara al último autócrata de Rusia, Vladimir Putin, a invadir la península de Crimea en marzo de 2014, tan solo unas semanas después de albergar los Juegos Olímpicos de Invierno.

En una entrevista poco después de que Moscú se anexionara esa zona de Ucrania, el presidente Obama reconoció la realidad geopolítica que aún podía relegar todo ese territorio a la órbita de Rusia, diciendo: “El hecho es que Ucrania, que es un país no perteneciente a la OTAN, va a ser vulnerable a la dominación militar de Rusia hagamos lo que hagamos”.

War in Ukraine: G7 Nations Focus on Helping Ukraine Rebuild - The New York TimesLuego, en febrero de 2022, tras años de combates de baja intensidad en la región de Donbass, en el este de Ucrania, Putin envió 200.000 soldados mecanizados para capturar la capital del país, Kiev, y establecer esa misma “dominación militar.” Al principio, mientras los ucranianos luchaban sorprendentemente contra los rusos, Washington y Occidente reaccionaron con una sorprendente determinación: cortando las importaciones energéticas europeas procedentes de Rusia, imponiendo serias sanciones a Moscú, ampliando la OTAN a toda Escandinavia y enviando un impresionante arsenal de armamento a Ucrania.

Sin embargo, tras dos años de guerra interminable, han aparecido grietas en la coalición antirrusa, lo que indica que la influencia mundial de Washington ha disminuido notablemente desde sus días de gloria de la Guerra Fría. Tras 30 años de crecimiento de libre mercado, la resistente economía rusa ha resistido a las sanciones, sus exportaciones de petróleo han encontrado nuevos mercados y se prevé que su producto interior bruto crezca un saludable 2,6% este año. En la temporada de combates de la primavera y el verano pasados, fracasó una “contraofensiva” ucraniana y la guerra está, en opinión de los mandos rusos y ucranianos, al menos “estancada”, si es que no está empezando a decantarse a favor de Rusia.

Y lo que es más grave, el apoyo de Estados Unidos a Ucrania está flaqueando. Tras conseguir que la alianza de la OTAN apoyara a Ucrania, la Casa Blanca de Biden abrió el arsenal estadounidense para proporcionar a Kiev un impresionante arsenal de armamento, por un total de 46.000 millones de dólares, que dio a su pequeño ejército una ventaja tecnológica en el campo de batalla. Pero ahora, en un movimiento con implicaciones históricas, parte del Partido Republicano (o más bien Trumpublicano) ha roto con la política exterior bipartidista que sostuvo el poder global estadounidense desde el comienzo de la Guerra Fría. Durante semanas, la Cámara de Representantes liderada por los republicanos incluso se ha negado repetidamente a considerar el último paquete de ayuda de 60.000 millones de dólares del presidente Biden para Ucrania, lo que ha contribuido a los recientes reveses de Kiev en el campo de batalla.

Trump y Putin, de la cumbre de la OTAN a la de Helsinki - Real Instituto ElcanoLa ruptura del Partido Republicano empieza por su líder. En opinión de la ex asesora de la Casa Blanca Fiona Hill, Donald Trump fue tan dolorosamente deferente con Vladimir Putin durante “la ahora legendariamente desastrosa conferencia de prensa” en Helsinki en 2018 que los críticos estaban convencidos de que “el Kremlin tenía influencia sobre el presidente estadounidense.” Pero el problema es mucho más profundo. Como señaló recientemente el columnista del New York Times David Brooks, el histórico “aislacionismo del Partido Republicano sigue en marcha.” De hecho, entre marzo de 2022 y diciembre de 2023, el Pew Research Center descubrió que el porcentaje de republicanos que piensan que Estados Unidos da “demasiado apoyo” a Ucrania subió de sólo el 9% a la friolera del 48%. Cuando se le pide que explique esta tendencia, Brooks opina que “el populismo trumpiano sí representa algunos valores muy legítimos: el miedo a la extralimitación imperial… [y] la necesidad de proteger los salarios de la clase trabajadora de las presiones de la globalización.”

Dado que Trump representa esta tendencia más profunda, su hostilidad hacia la OTAN ha adquirido un significado añadido. Sus recientes declaraciones de que animaría a Rusia a “hacer lo que les dé la gana” con un aliado de la OTAN que no pagara lo que le corresponde provocaron una conmoción en toda Europa, obligando a aliados clave a plantearse cómo sería esa alianza sin Estados Unidos (incluso mientras el presidente ruso, Vladímir Putin, sin duda percibiendo un debilitamiento de la determinación estadounidense, amenazaba a Europa con una guerra nuclear). Sin duda, todo esto está indicando al mundo que el liderazgo mundial de Washington es ahora cualquier cosa menos una certeza.

Crisis en Gaza

Al igual que en Ucrania, décadas de un liderazgo estadounidense tímido, agravadas por una política interna cada vez más caótica, han dejado que la crisis de Gaza se descontrole. Al final de la Guerra Fría, cuando Oriente Medio estaba momentáneamente desvinculado de la política de las grandes potencias, Israel y la Organización para la Liberación de Palestina firmaron el Acuerdo de Oslo de 1993. En él acordaron crear la Autoridad Palestina como primer paso hacia una solución de dos Estados. Sin embargo, durante las dos décadas siguientes, las ineficaces iniciativas de Washington no lograron desbloquear la situación entre dicha Autoridad y los sucesivos gobiernos israelíes, que impedían cualquier avance hacia dicha solución.

En 2005, el halcón primer ministro israelí Ariel Sharon decidió retirar sus fuerzas de defensa y 25 asentamientos israelíes de la Franja de Gaza con el objetivo de mejorar “la seguridad y el estatus internacional de Israel”. Sin embargo, en dos años, los militantes de Hamás se hicieron con el poder en Gaza, desbancando a la Autoridad Palestina del presidente Mahmud Abbas. En 2009, el controvertido Benjamin Netanyahu inició su casi ininterrumpida etapa de 15 años como primer ministro de Israel y pronto descubrió la utilidad de apoyar a Hamás como elemento político para bloquear la solución de dos Estados que tanto aborrecía.

No es de extrañar, pues, que al día siguiente del trágico atentado de Hamás del 7 de octubre del año pasado, el Times of Israel publicara este titular: “Durante años Netanyahu apoyó a Hamás. Ahora nos ha explotado en la cara”. En su artículo principal, la corresponsal política Tal Schneider informaba: “Durante años, los distintos gobiernos encabezados por Benjamín Netanyahu adoptaron un enfoque que dividía el poder entre la Franja de Gaza y Cisjordania, poniendo de rodillas al presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, mientras tomaban medidas que apuntalaban al grupo terrorista Hamás”.

El 18 de octubre, cuando los bombardeos israelíes de Gaza ya estaban causando graves víctimas entre la población civil palestina, el presidente Biden voló a Tel Aviv para mantener una reunión con Netanyahu que recordaría inquietantemente a la rueda de prensa de Trump en Helsinki con Putin. Después de que Netanyahu elogiara al presidente por trazar “una línea clara entre las fuerzas de la civilización y las fuerzas de la barbarie”, Biden respaldó esa visión maniquea al condenar a Hamás por “maldades y atrocidades que hacen que ISIS parezca algo más racional” y prometió proporcionar el armamento que Israel necesitaba “a medida que responden a estos ataques.” Biden no dijo nada sobre la anterior alianza de Netanyahu con Hamás o sobre la solución de los dos Estados. En lugar de ello, la Casa Blanca de Biden comenzó a vetar propuestas de alto el fuego en la ONU mientras enviaba por vía aérea, entre otras armas, 15.000 bombas a Israel, incluidos los gigantescos “cazabúnkeres” de 2.000 libras que pronto arrasaron los rascacielos de Gaza con un número cada vez mayor de víctimas civiles.

Biden se reúne con Netanyahu en Nueva York, indicio del enojo de su gobierno con el israelí | AP News

Tras cinco meses de envíos de armas a Israel, tres vetos de la ONU al alto el fuego y nada para detener el plan de Netanyahu de una ocupación interminable de Gaza en lugar de una solución de dos Estados, Biden ha dañado el liderazgo diplomático estadounidense en Oriente Medio y en gran parte del mundo. En noviembre y de nuevo en febrero, multitudinarias manifestaciones pidiendo la paz en Gaza se manifestaron en Berlín, Londres, Madrid, Milán, París, Estambul y Dakar, entre otros lugares.

Además, el incesante aumento de la cifra de civiles muertos en Gaza, que supera con creces los 30.000, de los cuales un sorprendente número son niñosya ha debilitado el apoyo interno de Biden en electorados que eran fundamentales para su victoria en 2020, como los árabe-estadounidenses en el estado clave de Michigan, los afro-estadounidenses en todo el país y los votantes más jóvenes en general. Para cerrar la brecha, Biden está ahora desesperado por un alto el fuego negociado. En un inepto entrelazamiento de política internacional y nacional, el presidente ha dado a Netanyahu, un aliado natural de Donald Trump, la oportunidad de una sorpresa en octubre de más devastación en Gaza que podría desgarrar la coalición demócrata y aumentar así las posibilidades de una victoria de Trump en noviembre –  con consecuencias fatales para el poder global de Estados Unidos.

Problemas en el estrecho de Taiwán

Mientras Washington está preocupado por Gaza y Ucrania, también puede estar en el umbral de una grave crisis en el estrecho de Taiwán. La implacable presión de Pekín sobre la isla de Taiwán no cesa. Siguiendo la estrategia incremental que ha utilizado desde 2014 para asegurarse media docena de bases militares en el mar de China Meridional, Pekín avanza para estrangular lentamente la soberanía de Taiwán. Sus violaciones del espacio aéreo de la isla han aumentado de 400 en 2020 a 1.700 en 2023. Del mismo modo, los buques de guerra chinos han cruzado la línea mediana del estrecho de Taiwán 300 veces desde agosto de 2022, borrándola de hecho. Como advirtió el comentarista Ben Lewis, “pronto puede que no queden líneas que China pueda cruzar”.

Tras reconocer a Pekín como “el único Gobierno legal de China” en 1979, Washington accedió a “reconocer” que Taiwán formaba parte de China. Al mismo tiempo, sin embargo, el Congreso aprobó la Ley de Relaciones con Taiwán de 1979, que exigía “que Estados Unidos mantuviera la capacidad de resistir cualquier recurso a la fuerza… que pusiera en peligro la seguridad… del pueblo de Taiwán”.

Semejante ambigüedad estadounidense parecía manejable hasta octubre de 2022, cuando el presidente chino, Xi Jinping, declaró en el XX Congreso del Partido Comunista que “la reunificación debe hacerse realidad” y se negó a “renunciar al uso de la fuerza” contra Taiwán. En un contrapunto fatídico, el presidente Biden declaró, en septiembre de 2022, que Estados Unidos defendería a Taiwán “si de hecho se produjera un ataque sin precedentes”.

Misión de EE.UU. en Taiwán en plena crisis de los globos con Pekín | Perfil

Pero Pekín podría paralizar a Taiwán varios pasos antes de ese “ataque sin precedentes” convirtiendo esas transgresiones aéreas y marítimas en una cuarentena aduanera que desviaría pacíficamente toda la carga con destina a Taiwán hacia China continental. Con los principales puertos de la isla en Taipei y Kaohsiung frente al estrecho de Taiwán, cualquier buque de guerra estadounidense que intentara romper ese embargo se enfrentaría a un enjambre letal de submarinos nucleares, aviones a reacción y misiles asesinos de buques.

Ante la pérdida casi segura de dos o tres portaaviones, la marina estadounidense probablemente retrocedería y Taiwán se vería obligada a negociar los términos de su reunificación con Pekín. Un revés tan humillante enviaría una clara señal de que, tras 80 años, el dominio estadounidense sobre el Pacífico había llegado a su fin, infligiendo otro duro golpe a la hegemonía mundial de Estados Unidos.

La suma de tres crisis

Washington se enfrenta ahora a tres complejas crisis mundiales que exigen toda su atención. Cualquiera de ellas pondría a prueba las habilidades del diplomático más avezado. Su simultaneidad coloca a Estados Unidos en la poco envidiable posición de tener que hacer frente a posibles reveses en las tres crisis a la vez, incluso cuando su política interior amenaza con adentrarse en una era de caos. Aprovechando las divisiones internas estadounidenses, los protagonistas de Pekín, Moscú y Tel Aviv tienen la mano larga (o al menos potencialmente más larga que la de Washington) y esperan ganar por defecto cuando Estados Unidos se canse del juego. Como titular, el presidente Biden debe soportar la carga de cualquier marcha atrás, con el consiguiente daño político este noviembre.

Mientras tanto, entre bastidores, Donald Trump puede tratar de escapar de tales enredos extranjeros y de su coste político volviendo al aislacionismo histórico del Partido Republicano, incluso mientras se asegura de que la antigua superpotencia solitaria del Planeta Tierra podría venirse abajo tras las elecciones de 2024. De ser así, en un mundo tan claramente empantanado, la hegemonía global estadounidense se desvanecería con sorprendente rapidez, convirtiéndose pronto en poco más que un lejano recuerdo.

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El excepcionalismo estadounidense es uno de los temas que más atención ha recibido en esta bitácora. Esto no debe sorprender a nadie  porque la naturaleza misma de este blog – analizar la historia  estadounidense – hace necesario prestarle atención a uno de los elementos claves de esta: la alegada excepcionalidad de la nación norteamericana.

Por ello no pude superar la tentación de compartirles esta nota de Joseph Nye, Jr., analizando el debate sobre el estado actual de las relaciones internacionales de Estados Unidos y su relación con la idea del excepcionalismo.  Nye hace un corto, pero muy buen análisis del  origen y evolución de esta idea.

Joseph Nye, Jr. es profesor en Harvard University, y a sus 86 años sigue siendo uno de los principales analistas de la politica exterior de Estados Unidos.

El excepcionalismo estadunidense en 2024

Joseph S. Nye, Jr.

El Excesior 17 de diciembre de 2023

A medida que se acercan las elecciones presidenciales de 2024, se distinguen tres bandos en el debate estadunidense sobre las relaciones del país con el resto del mundo: los internacionalistas liberales, al mando desde la Segunda Guerra Mundial; los partidarios del atrincheramiento, que desean retirarse de algunas alianzas e instituciones; y quienes desean priorizar el país de acuerdo con el eslogan América primero, cuya visión del papel del país en el mundo es estrecha y, a veces, aislacionista.

Desde hace mucho los ciudadanos perciben a su país como excepcional desde un punto de vista moral. Stanley Hoffmann, un intelectual franco-estadunidense, dijo que, aunque todos los países se ven a sí mismos como únicos, Francia y Estados Unidos destacan por creer que sus valores son universales. Francia, sin embargo, estuvo limitada por el equilibrio de poder europeo y, por ello, no fue capaz de dedicarse por completo a hacer realidad sus ambiciones universalistas. Sólo Estados Unidos tuvo suficiente poder para hacerlo.

El punto no es que los estadunidenses sean moralmente superiores, sino que muchos de ellos desean creer que su país es una fuerza del bien en el mundo. Desde hace mucho los realistas se quejan de que este moralismo de la política exterior estadunidense interfiere con un análisis claro del poder. Sin embargo, lo cierto es que la cultura política liberal estadunidense significó una diferencia enorme para el orden internacional liberal que existe desde la Segunda Guerra Mundial. El mundo actual sería muy diferente si Hitler hubiera sido el vencedor o la Unión Soviética de Stalin se hubiese impuesto en la Guerra Fría.

El excepcionalismo estadunidense tiene un triple origen: desde 1945, la raíz dominante ha sido el legado de la Ilustración. Como dijo el expresidente John F. Kennedy: “El poder mágico que nos acompaña es el deseo de toda persona de ser libre y de toda nación de ser independiente; porque creo que nuestro sistema es más acorde a la esencia de la naturaleza humana, creo que triunfaremos al final”. El liberalismo ilustrado sostiene que esos derechos son universales y no se limitan a EU.

Por supuesto, el país enfrentó contradicciones en la implementación de su ideología liberal. El azote de la esclavitud quedó inscrito en su Constitución y más de un siglo después de la Guerra Civil, el Congreso aprobó la Ley de Derechos Civiles de 1964. El racismo sigue siendo uno de los factores importantes de la política actual. También hubo disenso sobre los valores liberales en la política exterior.

Una variante del excepcionalismo deriva de sus raíces religiosas. Quienes escaparon de Gran Bretaña para rendir culto a Dios de manera más pura en el nuevo mundo se veían como el pueblo elegido. La naturaleza de su proyecto fue menos una cruzada que una combinación de ansia y restricción.

A los propios fundadores les preocupaba que la nueva República perdiera su virtud, como le había ocurrido a la República Romana. En el siglo XIX, visitantes europeos tan diversos como Alexis de Tocqueville y Charles Dickens notaron la obsesión por la virtud, el progreso y la caída, pero esta preocupación moral miraba hacia adentro.

La tercera fuente del excepcionalismo estadunidense subyace a las otras: la ubicación y tamaño del país siempre le otorgaron una ventaja geopolítica. En el siglo XIX, De Tocqueville notó la situación geográfica especial: protegido por dos océanos y flanqueado por vecinos más débiles, pudo centrarse en en la expansión hacia el oeste y evitar la lucha eurocéntrica por el poder mundial.

Cuando EU se convirtió en la mayor economía a principios del siglo XX, comenzó a pensar en términos de poder mundial. Después de todo, contaba con los recursos, la libertad de acción y amplias oportunidades para darse los gustos, para bien o mal. Tenía incentivos y capacidades para asumir el liderazgo en la creación de bienes públicos mundiales. Eso implicó apoyar un sistema de comercio internacional abierto, la libre navegabilidad de los mares y otros bienes comunales, y el desarrollo de instituciones internacionales.

Hoy día, el presidente Joe Biden y la mayoría de los demócratas afirman que desean mantener y proteger el orden existente, mientras que Donald Trump y los partidarios de América primero desean abandonarlo… y los defensores del atrincheramiento en ambos partidos esperan elegir entre lo que quede en pie. Los actuales conflictos europeos, asiáticos y en Oriente Medio se verán profundamente afectados por el enfoque que prevalezca en las elecciones del año que viene.

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En esta corta nota W. J. Astore lanza un pregunta cada vez más pertinente: ¿qué efecto tiene la edad del liderato estadounidense en la decadencia del imperio norteamericano? Los datos son claros: Biden ya llegó a los ochenta años y su principal contendor no está muy lejos con setenta y siete años. Lo que motiva la reacción de Astore es el reciente episodio protagonizado por Mitch McConnell, líder de la minoría republicana en el Senado. Con 81 años, McConnell es uno de los políticos más poderosos en los Estados Unidos, cuya salud quedó cuestionada tras quedarse congelado en medio de una conferencia de prensa.  Tras ser “rescatado” por su colegas senadores, McConnell regresó a la conferencia de prensa negando tener problemas de salud.

Astore recuerda las críticas que en los años 1980 se lanzaban en Estados Unidos contra la gerontocracia que gobernaba a la Unión Soviética y se pregunta si no viene siendo hora de una renovación del liderato estadounidense.


American Gerontocracy - by Charlie Sykes - Morning ShotsGerontocracia y la decadencia del imperio estadounidense

W. J. Astore

Bracing Views   30 de julio de 2023

Hace un año, pregunté si Joe Biden y Donald Trump eran demasiado viejos para servir como presidente. Recientemente, las preocupaciones sobre la edad avanzada y la mala salud han pasado a primer plano en el Congreso. La senadora Diane Feinstein, de 90 años, recientemente tuvo que ser informada por sus ayudantes de votar «sí». El senador Mitch McConnell, de 81 años, recientemente se congeló a mitad de la oración en una  conferencia de prensa; puede haber sufrido un mini derrame cerebral, posiblemente relacionado con una mala caída que tuvo anteriormente que resultó en una conmoción cerebral. Mientras tanto, las preocupaciones sobre la edad del presidente Biden y el deterioro de la salud se están ventilando abiertamente incluso entre los demócratas, con Hillary Clinton opinando que la edad de Joe es un tema legítimo de campaña. A la temprana edad de 75 años, ¿está tratando de ir al rescate en las elecciones de 2024?

Glenn Greenwald hizo un largo segmento sobre la gerontocracia de Washington que vale la pena ver. Un punto que hizo es uno que repetí en mi artículo de hace un año. En la década de 1970, Estados Unidos señaló a una supuesta gerontocracia en la Unión Soviética para criticar la naturaleza oculta del Partido Comunista allí y la forma en que sus líderes estaban frenando reformas muy necesarias.

Lo mismo, por supuesto, es ahora cierto para el imperio estadounidense y su partido único de facilitadores republicanos y demócratas. Una gerontocracia estadounidense con un control casi mortal del poder está frenando reformas muy necesarias aquí, especialmente reducciones a las enormes sumas de dinero que el gobierno federal gasta en armas y guerra.

Al igual que la antigua Unión Soviética, Estados Unidos es un imperio en declive que ha sido debilitado por guerras constantes e innecesarias y un gasto desenfrenado en armamento. Se necesita una nueva forma de pensar. ¿Recuerdas la glasnost y la perestroika? ¿Apertura y reestructuración? Fueron introducidos por Mikhail Gorbachev en la década de 1980, quien a los 54 años era relativamente joven cuando asumió las riendas del poder en la URSS.

Gerontocracy, the shade of young America | The DONG-A ILBO

Todavía recuerdo cuando los estadounidenses se burlaban de los líderes soviéticos de la «vieja guardia» y usaban palabras como «esclerótico» para describirlos. Eran un símbolo visible del cansancio y la decadencia soviéticos, la basura del pasado en comparación con un Estados Unidos más joven y vigoroso con su economía mundial dominante y pujante.

¿Quién se ríe ahora?

Seguramente, Estados Unidos necesita una nueva generación de líderes que estén dispuestos a luchar por la glasnost (mucha mayor apertura y transparencia en el gobierno) y la perestroika (una reestructuración del gobierno lejos del imperialismo, las armas y la guerra). El colapso de la Unión Soviética debería enseñarnos algo sobre el destino de los imperios escleróticos que se niegan a cambiar.

Traducido por Norberto Barreto Velázquez

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Excepto por breves periodos, el gobierno estadounidense ha matenido una actitud claramente antiobrera. Desde, por lo menos, mediados del siglo XIX, el gobierno federal –y tambien los gobiernos estatales– han reprimido con violencia, encarcelado, acosado y deportado a obreros y líderes sindicales. Los ejemplos abundan: la gran huelga ferroviaria de 1877, el motín de Haymarket de 1886, las guerras laborales en Colorado (1903-04), la masacre de Herrin en 1922, etc.

La reciente decisión de la administración Biden –en contuvernio con los republicanos– de robarles el derecho a la huelga a los trabajadores ferroviarios es un ejemplo claro de  la persistencia de la actitud antilaboral del gobierno estadounidense. En un raro ejercicio bipartidista, el Congreso, por solicitud del Presidente, aprobó una ley ilegalizando una huelga en el sector ferroviario.  Bajo la excusa que una huelga ferroviaria habría afectado negativamente la recuperación económica del país, quien tiene el descaro de autoproclamarse un presidente pro-obrero condenó a miles de trabajadores a continuar trabajando bajo  condiciones y salarios que no reflejan las enormes ganancias que los dueños de las empresas ferroviarias han experimentado en los últimos años.

En este artículo de Jack Ramus encontramos un excelente an´álisis de los mecanismos usados por el gobierno federal para destruir al movimiento obrero estadounidense a partir de la aprobación de la nefasta Ley Taft-Hartley en 1947. La segunda parte del ensayo está dedicado a un análisis de las causas en el conflicto laboral del sector ferroviario y de las consecuencias de la intervención del gobierno federal.

El Dr. Rasmus es profesor de economía y pol´ítica en el St. Mary´  s College of California. Rasmus administra una bitácora llamada Jack Rasmus  Predicting the Global Economic Crisis. Es autor de The Scourge of Neoliberalism: US Economic Policy from Reagan to Trump  (Clarity Press, 2020)


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Trabajadores ferroviarios estadounidenses ‘bajo el pulgar’

JACK RASMUS

LOs Angeles Progressive  5 de diciembre de  2022

Probablemente, el evento laboral estadounidense más importante de 2022 ha sido el intento de 115,000 trabajadores ferroviarios y sus sindicatos de negociar un nuevo contrato con las súper rentables compañías ferroviarias. Sin embargo, a partir del 2 de diciembre de 2022, esas negociaciones no han resultado bien para los trabajadores. El gobierno de los Estados Unidos, la administración Biden y el Congreso demócrata controlado por los Estados Unidos con la ayuda de prácticamente todos los republicanos, han intervenido repetidamente del lado de la empresa ferroviarias en las negociaciones.

A partir de septiembre pasado, esa intervención ha asegurado que los trabajadores no puedan hacer huelga para promover sus intereses y demandas. La semana pasada, tanto la administración como el Congreso han ilegalizado una huelga ferroviaria al aprobar una legislación a tal efecto.

El derecho de huelga de los trabajadores ha estado bajo ataque al menos desde 1947, cuando el Congreso aprobó lo que se llamó la Ley ‘Taft-Hartley’ ese año. Esa legislación garantizaba que el gobierno y los políticos se reservaran el derecho de obligar a los trabajadores a volver a trabajar durante 90 días en caso de que las negociaciones contractuales fracasaran y una huelga fuera inminente. Durante un período de “enfriamiento” de 90 días, como se le llamó, los mediadores del gobierno tuvieron la oportunidad de unirse a las negociaciones, tratar de intimidar a las partes para que llegaran a un acuerdo y hacer una recomendación sobre los términos de un acuerdo. Durante el “enfriamiento”, la gerencia, por supuesto, también tuvo 90 días más para prepararse para prepararse para derrotar una huelga una vez que terminaran los 90 días.

The Scourge of Neoliberalism: US Economic Policy from Reagan to Trump:  Rasmus, Jack: 9781949762037: Amazon.com: BooksTaft-Hartley también limitó el derecho de huelga de muchas otras maneras. Prohibió las huelgas de solidaridad de los sindicatos. Ahí es donde los sindicatos se declaran en huelga para apoyar a los trabajadores de otros sindicatos que ya están en huelga. La ley de 1947 también requería que cualquier sindicato a punto de negociar, y potencialmente más tarde a la huelga, notificara al gobierno federal y le diera un “aviso” de la negociación pendiente y la posible huelga. Se estableció un órgano gubernamental especial, el Federal Mediation Service, para permitir la intervención directa del Gobierno en las negociaciones posteriores si así lo decidía. Taft-Hartley también incorporó en la legislación decisiones judiciales anteriores contra la huelga, incluida una decisión de la Corte Suprema anterior a 1947 que dictaminó que los trabajadores ya no podían participar legalmente en lo que fueron huelgas exitosas de “sentarse” de la década de 1930 y principios de la década de 1940.

La Ley Taft-Hartley de 1947 y sus muchas disposiciones antilaborales se inspiraron en la anterior Ley de Trabajo Ferroviario antisindical y antihuelga de 1926 que se dirigía específicamente a los trabajadores ferroviarios y sus sindicatos.

La Ley Taft-Hartley de 1947 y sus muchas disposiciones antilaborales se inspiraron en la anterior Ley de Trabajo Ferroviario antisindical y antihuelga de 1926 que se dirigía específicamente a los trabajadores ferroviarios y sus sindicatos. El derecho de huelga de los trabajadores ferroviarios ha sido así restringido y negado incluso antes de que lo fuera para el resto de la fuerza laboral del sector privado de los Estados Unidos por Taft-Hartley en 1947.

Después de 1926 y 1947, el derecho de huelga fue restringido aún más por la legislación del Congreso y la acción judicial. Los boicots secundarios (negativa a manejar productos de otra compañía) fueron prohibidos. Los tribunales dictaminarían que las cláusulas contractuales sindicales en sus acuerdos que les otorgaban el “derecho de huelga por quejas” eran nulas y sin efecto si había un procedimiento de quejas detallado en el contrato sindical. Los piquetes en las puertas de las empresas en una huelga se limitaron a unos pocos en cada puerta. Si los trabajadores hacen huelga en una empresa para obligarla a reconocer al sindicato y negociar, la dirección podría convocar una elección de reconocimiento sindical dirigida por el gobierno para poner fin a la huelga y luego prolongar el proceso de elección sindical de tres a nueve meses para dar tiempo a la empresa a acumular inventario y hacer otros preparativos. La gerencia podía contratar reemplazos permanentes cuando los trabajadores sindicalizados se declararan en huelga. Los sindicatos ya no podían actuar en solidaridad con los trabajadores de otros sindicatos negándose a manipular los productos enviados por la empresa y los trabajadores en huelga (llamada prohibición de “carga caliente”). Hay innumerables otras medidas que limitan y previenen las huelgas del Congreso, las legislaturas estatales y los tribunales que se han convertido en ley.

En los últimos 75 años se ha construido una verdadera red legal en torno a los trabajadores y los sindicatos desde que Taft-Hartley les ató las manos, lo que dificulta la huelga; Y si hacen huelga, a menudo para enfrentar penas de cárcel, grandes multas, el gobierno se hace cargo de sus sindicatos y la pérdida de sus empleos por parte de los trabajadores.

Los trabajadores ferroviarios en los Estados Unidos siempre han sido un objetivo principal de la prevención de huelgas del gobierno. La Ley de Trabajo Ferroviario en 1926 estableció el patrón que se adoptó para el resto de la fuerza laboral de los Estados Unidos con Taft-Hartley en 1947 y las medidas antihuelga adicionales del gobierno de los Estados Unidos que siguieron. La ley de 1926 se ha utilizado como base para que el gobierno de los Estados Unidos “reduzca el auge”, como dicen, sobre los trabajadores ferroviarios y sus sindicatos no menos de 18 veces en el pasado. Así que nadie debería sorprenderse de que lo haya hecho por19ª vez en la actual disputa de la industria ferroviaria.

Los capitalistas estadounidenses y los representantes políticos del gobierno saben muy bien que la industria del transporte es estratégica y que los trabajadores estadounidenses, si así lo decidieran, podrían detener toda esa industria, y la economía en general, participando en una huelga prolongada para promover sus intereses de negociación. No hay demasiadas industrias y trabajadores con ese tipo de poder. Los trabajadores del ferrocarril son uno. El puerto estibador (muelle) trabaja otro. Los Teamsters y los camioneros de larga distancia probablemente otro. Posiblemente trabajadores de la industria petrolera. Tal vez trabajadores de saneamiento si tuvieran un contrato a nivel nacional. Pero ninguno pudo detener la economía más rápido que los trabajadores ferroviarios.

Desde 1980, el actual régimen capitalista neoliberal de Estados Unidos en Estados Unidos ha logrado romper la espalda de los sindicatos industriales que alguna vez tuvieron un poder casi similar (automotriz, siderúrgico, eléctrico, empacador de carne, etc.) al reubicar sus operaciones en el extranjero. El gobierno ha permitido ese esfuerzo de 40 años al proporcionar a las empresas de deslocalización incentivos fiscales adicionales para reubicarse, al aprobar acuerdos de libre comercio con países extranjeros que permitieron a las empresas de deslocalización enviar sus bienes producidos en el extranjero para venderlos en los Estados Unidos sin tener que pagar aranceles en la frontera, y al desregular los bancos y los bancos en la sombra y los flujos de capital monetario para financiar su reubicación. Eso llevó a una ruptura de lo que una vez fueron contratos de negociación a nivel nacional por parte de los sindicatos industriales antes de 1980.

Un debilitamiento estratégico similar de los sindicatos de la industria de la construcción desde 1980 también destruyó su poder de negociación al permitir que el gobierno permitiera a las empresas de construcción crear lo que se llamó operaciones de “doble pecho” que permitieron a las empresas dessindicalizar todos los sitios sindicales excepto los del centro de la ciudad. Junto con las operaciones de doble pecho, las medidas de apoyo que limitaban los piquetes y hacían ilegales los boicots secundarios aceleraron el colapso de los contratos regionales en la industria de la construcción en los Estados Unidos y también rompieron el poder de negociación de los sindicatos de la construcción, junto con los sindicatos industriales.

Lo que quedó en la economía de los Estados Unidos para el año 2000 fueron los sindicatos de empleados de servicios agregados principalmente en pequeñas unidades locales de negociación con el consiguiente poder de negociación limitado y sindicatos de empleados públicos en el gobierno que no pudieron ser deslocalizados. Los sindicatos del transporte como el ferrocarril, el transporte marítimo en los puertos y el transporte por camión, que todavía eran potencialmente poderosos. Pero la Ley de Trabajo Ferroviario (sindicatos ferroviarios) y Taft-Hartley (estibadores y camiones) están ahí para evitar que los trabajadores y sus sindicatos ejerzan el poder potencial que tienen.

El gobierno y los capitalistas de los Estados Unidos han ideado a lo largo de los años una “red” muy exitosa de medidas de huelga para atar al “Gulliver” laborista, mantenerlo de espaldas e incapaz de mover los brazos o defenderse por sí mismo.

Las actuales negociaciones ferroviarias de 2022 y la intervención del gobierno no son más que el último ejemplo de intervención conjunta de la empresa y el gobierno en las negociaciones laborales diseñadas para evitar que los trabajadores hagan huelga.

Esa intervención gubernamental comenzó en agosto de 2022 cuando el gobierno invocó la Ley de Trabajo Ferroviario e intervino en las negociaciones.

El último aumento de los trabajadores ferroviarios fue en 2019 hace tres años. Comenzaron a pedir prestado hace meses antes de que su contrato actual expirara el 1 de julio de 2022. En agosto habían acordado un nuevo contrato de cinco años con las compañías. En otras palabras, ya se les debían aumentos de tres años para 2020, 2021 y 2022 con efecto el 1 de julio para esos años. Sin embargo, aparte de los salarios, los temas clave en las negociaciones a partir de agosto fueron las vacaciones pagadas, especialmente las licencias por enfermedad pagadas, que aún no existen en la industria. Los trabajadores exigieron 15 días de licencia por enfermedad pagada en un nuevo contrato. La gerencia ferroviaria y los negociadores se negaron, diciendo que los trabajadores podían tomar sus días de licencia personal o sus vacaciones acumuladas un día a la vez en lugar de licencia por enfermedad.

Pero los días de licencia por enfermedad pagada eran solo la punta del iceberg. Cada vez que intentaban tomar días de vacaciones en lugar de licencia por enfermedad, la gerencia de la compañía ferroviaria les negaba el tiempo libre. Y si los trabajadores llamaban enfermos y usaban un día de vacaciones de todos modos, la gerencia los disciplinaba o les emitía “deméritos” que eventualmente se sumaban a la disciplina. ¿De qué sirve el derecho a licencia, remunerado o no, si significa disciplina (suspensiones, degradaciones, reasignación de trabajo, incluso despidos) cuando se ejerce la licencia?

Biden calls on Congress to head off potential rail strike | AP NewsEl abuso de la programación de licencias por parte de la administración ferroviaria se volvió especialmente agudo durante los años de Covid. Las compañías ferroviarias, como muchas otras industrias y compañías, durante los cierres de Covid perdieron a muchos de sus trabajadores. Algunas estimaciones son que hasta el 30% de la fuerza laboral ferroviaria dejó de tener empleo en 2020-21. Eso dejó al 70% restante de los trabajadores para tomar el relevo. Eso a su vez significaba que se les exigía trabajar más horas y exceso de horas extras. Los problemas de seguridad crecieron como resultado del exceso de trabajo. El mantenimiento de la planta física de los ferrocarriles también se deterioró, lo que agravó la seguridad y la salud en el trabajo. Sin embargo, la administración ferroviaria vio un buen aumento en las ganancias ya que sus costos laborales se redujeron debido a la disminución del 30% en la fuerza laboral (y, por supuesto, no tener que dar a los trabajadores que aún están en el trabajo ningún aumento durante tres años también).

La escasez de oferta de trabajadores en la industria ha contribuido significativamente a que la dirección se niegue a permitir el tiempo libre, remunerado o no; o restringir los días en que podría usarse y cuántos días consecutivos. Los trabajadores ferroviarios fueron obligados a trabajar más tiempo y se les negó tiempo libre cuando lo necesitaban. Las compañías argumentaron que era una cuestión de reglas de “derechos de gestión” y disposiciones contractuales que las compañías insistieron en que les daban el derecho de determinar, o limitar, el uso de cualquier licencia como mejor les pareciera.

En resumen, los temas clave en las recientes negociaciones ferroviarias no fueron solo los pagos atrasados después de tres años sin aumentos. No era solo la necesidad de 15 días de licencia por enfermedad remunerada cuando antes no había ninguno. ¡Se trataba del derecho a tomarse días libres cuando está enfermo o lesionado, o incluso para vacaciones y días de licencia personal!

¿De qué sirve la licencia por enfermedad pagada, o cualquier tiempo libre, ya sea pagado o no, si no puede tomarlo? Y si lo haces, legítimamente enfermo, y eres disciplinado. ¡Tal vez incluso despedido si acumulas suficientes ‘deméritos’!

Esta fue la situación ya que los contratos para 12 sindicatos ferroviarios expiraron en julio pasado. En agosto, los sindicatos y las empresas aún no pudieron llegar a un acuerdo. La gerencia continuó insistiendo en que tenían el “derecho de la gerencia” total para programar el trabajo y negar la licencia, cuando están enfermas o no, dada la escasez de mano de obra en la industria. Los derechos de la gerencia no eran negociables, argumentaron. El derecho correspondiente de los trabajadores a una licencia remunerada razonable y condiciones de trabajo no era el problema, argumentaron además. Los trabajadores y los sindicatos suplicaron diferir, por supuesto.

En agosto, la administración Biden invocó la Ley de Trabajo Ferroviario e intervino en las negociaciones sindicales ferroviarias. Biden nombró una Presidential Emergency Board PEB, una junta de burócratas del gobierno, para revisar las negociaciones y hacer recomendaciones de compromiso. Mientras la Junta deliberaba durante más de un mes, hasta septiembre, las negociaciones entre las compañías ferroviarias y los sindicatos, por supuesto, se congelaron. ¿Por qué las empresas deberían acordar algo en el ínterin hasta que el gobierno emita su informe? En otras palabras, la intervención del gobierno estancó todo progreso en las negociaciones entre las partes.

Se puso peor.

El PEB de Biden emitió su decisión en septiembre. Esa decisión y su recomendación cayeron fuertemente del lado de las empresas y sus intereses. Pidió a las empresas que agregaran solo un día adicional de “licencia personal”. No dijo nada sobre los problemas de programación y los derechos negados de los trabajadores a tomar licencias. Y en lo que respecta a la propuesta de 15 días de licencia por enfermedad pagada de los sindicatos, la posición del PEB fue, para citar de la página 86 de su informe: “simplemente no estamos de acuerdo en que esta propuesta de licencia por enfermedad” … “esté justificada o sea apropiada”! Por supuesto, eso cerró la puerta, congeló la posición de la compañía y dio apoyo a la gerencia para negarse a discutir cualquier concesión de licencia por enfermedad pagada en el futuro, o cualquier otra demanda sindical para el caso.

A todos los efectos, después de septiembre, la administración ferroviaria vio el informe y las recomendaciones del PEB del gobierno de los Estados Unidos como la culminación y el final de las negociaciones.

Al igual que el anuncio en agosto de la intervención del gobierno, el informe PEB de septiembre aseguró que cualquier flexibilidad en la posición de las compañías ferroviarias con respecto a la licencia por enfermedad remunerada, la programación del tiempo libre o el cambio de una cláusula de derechos de la gerencia para permitir que los trabajadores tomen su licencia acumulada sin temor a represalias ahora había desaparecido por completo. La administración ahora se quedaría detrás de la protección del informe PEB y se negaría a hacer más concesiones.

Bajo la Ley de Trabajo Ferroviario, las partes negociadoras tenían, después del informe del PEB, otros 90 días para tratar de llegar a un acuerdo basado en el PEB y las recomendaciones de “compromiso” del gobierno. A la gerencia, por supuesto, le gustó el “compromiso”: solo una licencia personal pagada y ninguna licencia por enfermedad pagada o cambios en la práctica de programación. Y, dado que el PEB no dijo nada sobre las mejoras a las propuestas de costos compartidos de salud de las compañías, significaba que podían seguir adelante implementando un aumento de aproximadamente $ 100 / mes en la participación de los trabajadores en las primas mensuales del seguro de salud, de menos de $ 300 / mes bajo el contrato anterior a $ 398 / mes al final del acuerdo de cinco años.

El PEB tampoco formuló nuevas recomendaciones sobre los aumentos salariales retroactivos de los tres años anteriores o de los dos años restantes hasta el acuerdo. El “paquete salarial” total, incluidos los pagos atrasados y las bonificaciones anuales, ascendió a solo el 24% en cinco años. El pago atrasado apenas cubrió la inflación de los tres años anteriores. Y para 2023 y 2024, los nuevos aumentos salariales serían solo del 4% y 4.5%, respectivamente, probablemente mucho menos que las tasas de inflación pronosticadas para los próximos años.

Sin embargo, esto no impediría que el presidente Biden, en una conferencia de prensa el 2 de diciembre, se jactara de que los trabajadores ferroviarios obtendrían un aumento salarial del 45% del que él mismo era responsable. ¡Ambas afirmaciones, por supuesto, descaradamente falsas!

¡A finales de septiembre, la administración Biden se había puesto firmemente del lado de las empresas y en contra de los sindicatos y los trabajadores! La administración ferroviaria se “congeló” por completo en los siguientes 90 días y no ofreció nada nuevo más allá de la mísera recomendación del PEB de un día adicional de licencia pagada (que se tomaría como un cumpleaños libre o un día adicional de vacaciones).

A medida que se acercaba el día 90 y estaba claro que no habría acuerdo y que los trabajadores podrían hacer huelga en los cuatro sindicatos más grandes (y otros a su vez respetarían sus piquetes), los políticos se pusieron nerviosos. En noviembre, las compañías advirtieron al gobierno que comenzarían a cerrar parte del tráfico ferroviario para el primer fin de semana de diciembre. Nancy Pelosi, presidenta demócrata de la Cámara de Representantes, respondió públicamente diciendo que la Cámara redactaría una legislación para evitar una huelga ferroviaria y comenzó el proceso. Eso, por supuesto, congeló aún más a los negociadores de la compañía. ¿Por qué aceptar algo más en la hora 11 de negociaciones para llegar a un acuerdo cuando parecía que el gobierno aprobaría una legislación para hacer imposible una huelga y no podrían conceder nada más?

Una vez más, como en agosto y septiembre, la participación del gobierno hizo menos probable, incluso imposible, que las partes llegaran a un acuerdo. Al impedir una huelga, el gobierno estaba impidiendo el progreso en las negociaciones.

Joe Biden Scores Huge Win by Averting Railroad Strike Before Midterms

Todos los negociadores sindicales saben que la amenaza de una posible huelga a la hora 11 de  negociación a menudo resulta en concesiones de última hora por parte de la dirección para evitar una huelga. Pero si esa amenaza de huelga fue eliminada por la intervención del gobierno y la amenaza adicional de no legislar sobre huelga, ¡entonces la posibilidad de concesiones de última hora para evitar una huelga ya no existía!

Biden, Pelosi, los demócratas y el Congreso en general estaban preocupados, dijeron, de que una huelga ferroviaria detuviera la desaceleración de la economía estadounidense y acelerara la probabilidad de que la recesión sea pronosticada para principios de 2023 incluso por la mayoría de los economistas convencionales. Además, una huelga significaba que los recursos clave para la producción y los bienes para los consumidores eran escasos. Eso aumentaría la inflación al mismo tiempo. Las diversas medidas de Biden para controlar la inflación en 2022 estaban demostrando ser un fracaso para amortiguar mucho los aumentos de precios, especialmente para alimentos, alquileres y combustible. Y la política de la Reserva Federal de elevar las tasas de interés a lo largo de 2022 aún no había tenido mucho impacto en la inflación para diciembre. Estas fueron las excusas dadas por los políticos para invocar la legislación antihuelga.

A principios de diciembre, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, bajo el liderazgo de Pelosi, aprobó dos leyes. Una de ellas preveía la ilegalización de una huelga y, esencialmente, ordenaba a ambas partes que aceptaran las recomendaciones del PEB. Una segunda votación aplacó a los sindicatos al ordenar la adición de 7 días de licencia por enfermedad pagada a las recomendaciones.

Pero esta segunda votación fue un fraude. Era una medida que los demócratas sabían muy bien que nunca pasaría el Senado de los Estados Unidos, donde requería 60 votos. Incluso si se votara sobre la necesidad de solo 51 votos para ser aprobada, eso tampoco iba a suceder. El líder demócrata del Senado, Schumer, nunca intentó invocar la regla del Senado que habría permitido solo 51 votos. No sabía ninguna duda de que Manchin y Sinema, senadores demócratas, votarían en contra. La segunda votación para 7 días de licencia por enfermedad pagada fracasó, como era de esperar, mientras que la primera prohibición de una huelga fue aprobada por el Senado controlado por los demócratas con una amplia mayoría de demócratas y republicanos.

Ni siquiera pudo obtener unos miserables 7 días de licencia por enfermedad pagada para los trabajadores ferroviarios, que se aprobaron en su Cámara de Representantes controlada por los demócratas, cuando los periodistas le preguntaron el 2 de diciembre qué proponía hacer a continuación, Biden respondió: “¡Vamos a regresar y obtener vacaciones pagadas para todos los trabajadores”!

Al dividir los dos votos en la Cámara, uno para prohibir la huelga y el otro para aprobar los 7 días de licencia, Pelosi y los demócratas se involucraron en una táctica similar a cómo, el año anterior, en noviembre de 2021, derribaron y presentaron su propio proyecto de ley de gastos Build Back Better. En ese caso anterior, separar el gasto en infraestructura de los programas sociales en Build Back Better también resultó en que se aprobara la parte de infraestructura y que el resto de las propuestas de Biden Build Back Better se archivaran para siempre. Si los programas sociales y la infraestructura hubieran permanecido en un solo proyecto de ley, ambos podrían haber sido aprobados. La misma táctica legislativa fue empleada por Pelosi y la Cámara de Representantes en el caso de las votaciones de negociaciones ferroviarias la semana pasada: la primera votación contra la huelga fue votada en contra, pero los 7 días de licencia pagada votaron en contra. Si los 7 días se hubieran incluido en el primer proyecto de ley de prohibición de huelga, bien podría haber pasado y los trabajadores ferroviarios podrían haber obtenido sus 7 días de licencia pagada. Aquellos que querían la prohibición de huelga, que estaban en ambos partidos, podrían haber aceptado los 7 días de licencia pagada como una medida necesaria para que se aprobara su proyecto de ley de prohibición de huelga preferido. Pero tales son las maniobras “demasiado inteligentes” de los políticos.

40 anos da greve da PATCO - Parte 1 - World Socialist Web Site

En el futuro, es poco probable que los sindicatos y los trabajadores intenten desafiar la legislación de prohibición de huelgas que se cierne sobre ellos como una espada de Damocles. Si se declararan en huelga, la gerencia y el Congreso probablemente impondrían multas a sus sindicatos que los romperían financieramente en los próximos años. Incluso podrían declarar a cualquier líder culpable de un delito grave si permitieran una huelga, sin mencionar a los propios huelguistas. Incluso podrían hacer un seguimiento haciéndose cargo de los propios sindicatos. El precedente que sentó Reagan con la Professional Air Traffic Controllers Organization (PATCO) en 1981, y otros precedentes menos conocidos, existen para que el gobierno se haga cargo de los sindicatos. Se llama hacer que el Departamento de Trabajo ponga a los sindicatos en una especie de “administración judicial” del gobierno, designe a algún burócrata para dirigir el sindicato durante años, durante los cuales no hay negociación ni huelga alguna. Sin embargo, si los cuatro sindicatos ferroviarios que no han aceptado el “acuerdo” de septiembre del gobierno decidieran ir a la huelga en este momento, la presión legal aumentaría enormemente para evitar que los otros 8 sindicatos ferroviarios honren sus piquetes. Si eso ocurriera, la huelga podría perderse.

Otros sindicatos independientes de la AFL-CIO como los Teamsters también podrían aumentar la presión sobre los sindicatos ferroviarios en huelga, argumentando entre bastidores que una huelga solo conduciría a una legislación antisindical posiblemente más estricta, especialmente porque los republicanos se harán cargo de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos en enero.

Pero otros sindicatos estadounidenses no deberían equivocarse: los acontecimientos de los últimos seis meses muestran que no hay “amigos de los trabajadores” en ningún partido político, en el Congreso o en el gobierno de Biden cuando “se trata de empujar” en las negociaciones sindicales críticas. El Sindicato Internacional de Estibadores, ILWU, en la costa oeste, ahora en negociaciones, debe tener especial cuidado. También debería hacerlo el nuevo liderazgo del sindicato Teamsters, que emprenderá negociaciones estratégicas con UPS Corp. el próximo año.

Estamos en un período en el que las élites gobernantes de Estados Unidos están dispuestas a atacar cualquier desafío a su hegemonía y poder a nivel nacional, así como internacional. A medida que esas élites se preparan para enfrentarse a los rivales globales de Rusia y China, no dudarán también en garantizar un control firme de las relaciones de clase en los Estados Unidos. La reciente intervención del gobierno para negar a los trabajadores ferroviarios el derecho a la huelga no es más que la última y más visible expresión de la política de guerra de clases de las élites en casa.

Traducido por Norberto Barreto Velázquez

 

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Comparto la grata noticia de la salida del número 21 de la revista Huellas de Estados Unidos: estudios, perspectivas y debates desde América Latina, publicación digital dedicaca al estudio de la historia estadounidense desde una perspectiva latinoamericana. 

Vaya nuestro agradecimiento a sus editores.


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Amigxs y colegas,

Con gran satisfacción y luego de un gran esfuerzo para publicar un nuevo número, anunciamos la salida del número 21 de nuestra Revista Huellas de Estados Unidos: estudios, perspectivas y debates desde América Latina

Los invitamos a ingresar a nuestro sitio web para acceder a la publicación completa: http://www.huellasdeeua.com/index.html  

Los invitamos también a sumarse a nuestra página de Facebook, donde podrán encontrar información tanto de la Revista como de diversas actividades, oportunidades de publicación, futuras convocatorias y otras novedades: https://www.facebook.com/huellasdeeua

A lxs autores que participaron de este número, muchas gracias por sus contribuciones y por confiar en nosotros para dar a conocer sus trabajos.
Un agradecimiento especial dirigimos a los evaluadores, revisores y colaboradores, sin cuyo apoyo no podríamos sacar este esfuerzo adelante.

Agradecemos la difusión, y esperamos ansiosos sus comentarios y futuras producciones.

¡Muchas Gracias!

En esta edición:




A 20 años de los ataques del 11 de septiembre


Reseñas y Ensayos Bibliográficos


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El historiador Nelson Lichtenstein (@NelsonLichtens1) -profesor en la University of California, Santa Barbara- reacciona en este artículo, a la orden ejecutiva firmada por Joe Biden el 9 de julio de 2021, buscando promover la competencia y combatir los monopolios. Lichtenstein nos brinda un conciso pero muy interesante análisis del desarrollo de lo que él denomina  «la gran tradición antimonopolística» estadounidense. El Dr. Lichtenstein es director del Center for the Study of Work, Labor, and Democracy.


Trust Busting the Two-Party System

Biden está restaurando la tradición de Estados Unidos de luchar contra las grandes empresas

Nelson Lichtenstein

The New York Times   July 13, 2021

El viernes, el presidente Biden firmó una amplia orden ejecutiva destinada a frenar el dominio corporativo, mejorar la competencia empresarial y dar a los consumidores y trabajadores más opciones y poder. La orden cuenta con 72 iniciativas que varían ampliamente en el tema: neutralidad de la red y ayuda auditivas más baratas, mayor  escrutinio de la big tech y una ofensiva contra las altas tarifas que cobran los transportistas marítimos.

El presidente calificó su orden como un regreso a las «tradiciones antimonopolísticas» de las presidencias de Roosevelt a principios del siglo pasado. Esto puede haber sorprendido a algunos oyentes, ya que la orden no ofrece una llamada inmediata para la ruptura de Facebook o Amazon, que es la idea distintiva del antimonopolio.

Pero la orden ejecutiva del Sr. Biden hace algo aún más importante que el abuso de confianza. Devuelve a Estados Unidos a la gran tradición antimonopolística que ha animado la reforma social y económica casi desde la fundación de la nación. Esta tradición se preocupa menos por cuestiones tecnocráticas como si las concentraciones de poder corporativo conducirán a precios al consumidor más bajos y más por preocupaciones sociales y políticas más amplias sobre los efectos destructivos que las grandes empresas pueden tener en nuestra nación.

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Boston Tea Party

En 1773, cuando los patriotas estadounidenses arrojaron té de la Compañía Británica de las Indias Orientales al puerto de Boston, estaban protestando no sólo por un impuesto injusto, sino también por la concesión de un monopolio por parte de la corona británica a un favorito de la corte. Ese sentimiento floreció en el siglo 19, cuando los estadounidenses de todas las tendencias vieron concentraciones de poder económico que corrompían tanto la democracia como el libre mercado. Los abolicionistas se basaron en el espíritu antimonopolio cuando denunciaron el poder esclavista, y Andrew Jackson trató de desmantelar el Segundo Banco de los Estados Unidos porque sostenía los privilegios de una élite comercial y financiera del este.

Las amenazas a la democracia se volvieron aún más apremiantes con el surgimiento de corporaciones gigantes, a menudo llamadas trusts. Cuando el Congreso aprobó la Ley Antimonopolio Sherman en 1890, su autor, el senador John Sherman de Ohio, declaró: “Si no soportamos a un rey como poder político, no debemos soportar a un rey por la producción, el transporte y la venta de cualquiera de las necesidades de la vida”. Cuarenta y cinco años después, el presidente Franklin Roosevelt se hizo eco de ese sentimiento cuando denunció a la realeza “económica” que había  “creado un nuevo despotismo”. Veía el poder industrial y financiero concentrado como una “dictadura industrial” que amenazaba la democracia.

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La Standard Oil y otros trusts se convirtieron en el blanco de demandas antimonopolísticas no solo porque aplastaron a los competidores y aumentaron los precios al consumidor, sino también porque corrompieron la política y explotaron a sus empleados. Dividir estas compañías gigantes en unidades más pequeñas podría ayudar, pero pocos reformadores pensaron que las iniciativas antimonopolio del gobierno ofrecían la solución principal al desequilibrio de poder tan cada vez más frecuente en el capitalismo moderno. Lo que se necesitaba era una mayor regulación gubernamental y sindicatos poderosos.

En la era progresista, los tribunales dictaminaron que una amplia variedad de corporaciones e industrias “de interés público” podrían estar sujetas a las regulaciones gubernamental — que cubre precios, productos e incluso normas laborales — que en los últimos años se ha restringido en gran medida a las compañías eléctricas y de transporte. Dos décadas más tarde, los partidarios del Nuevo Trato trataron de desafiar el poder monopólico no sólo mediante una renovación de los litigios antimonopolio, sino también alentando el crecimiento del sindicalismo con el fin de crear una democracia industrial dentro del corazón mismo de la propia corporación.

Esa tradición antimonopolio se desvaneció después de la Segunda Guerra Mundial, colapsando en un discurso árido que no hacía más que una pregunta: ¿La prevención de una fusión o la desintegración de una empresa reduciría los precios al consumidor? El profesor de derecho conservador Robert Bork y una generación de abogados y economistas de ideas afines convencieron a la administración Reagan, así como a los tribunales, de que la antimonopolio bloqueaba la creación de formas de negocio eficientes y amigables para el consumidor. Incluso liberales como Lester Thurow y Robert Reich consideraron que la antimonopolio era irrelevante si las empresas estadounidenses competían en el extranjero. En 1992, por primera vez en un siglo, ningún punto antimonopolio apareció en la plataforma del Partido Demócrata.

How Biden Executive Order Affects Big Tech on Antitrust, Net Neutrality |  News Logic

Biden firmando la orden ejecutiva

El Sr. Biden ha declarado correctamente que este “experimento” de 40 años ha fracasado. “Capitalismo sin competencia no es capitalismo”, proclamó en la firma de la orden ejecutiva. “Es explotación¨.

Tal vez la parte más progresista de la orden ejecutiva es su denuncia de la forma en que las grandes corporaciones suprimen los salarios. Lo hacen monopolizando su mercado laboral —piensen en las presiones salariales ejercidas por Walmart en una pequeña ciudad— y obligando a millones de sus empleados a firmar acuerdos de no competencia que les impiden aceptar un mejor trabajo en la misma ocupación o industria.

El presidente y su gabinete antimonopolio han volteado de cabeza a un aspecto importante de la competencia empresarial tradicional. Durante demasiado tiempo, aquellos que abogan por una mayor competencia entre las empresas han ofrecido a los empleadores una orden judicial por recortar los salarios y las prestaciones, así como por subcontratar los servicios y la producción. Pero el Sr. Biden imagina un mundo en el que las empresas compitan por los trabajadores. “Si su empleador quiere mantenerlo, él o ella debería hacer que valga la pena quedarse”, dijo el Sr. Biden el viernes. “Ese es el tipo de competencia que conduce a mejores salarios y mayor dignidad en el trabajo”.

La tradición antimonopolio de la nación surge una vez más.

Traducido por Norberto Barreto Velázquez

 

 

 

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En la década de 1970, las agendas sociales y políticas que dominaron  en Estados Unidos durante los años 1960 fueron perdiendo fuerzas. Los antiguos radicales mantuvieron su activismo político a nivel de la base social en organizaciones comunitarias, cooperativas, etc.  Algunos de ellos se integraron al movimiento ambientalista y lucharon contra el impacto de pesticidas  en los alimentos. Los antiguos activistas trajeron consigo tácticas desarrolladas en las luchas de los años 1960.

La energía nuclear se convirtió en un tema de preocupación para los ambientalistas. El aumento en los precios y la escasez de petróleo provocaron la expansión de la energía nuclear como alternativa.  Para 1972, 42 plantas nucleares estaban operaban en los Estados Unidos y más de 100 estaban en planes de construcción. Los ambientalistas llamaron la alarma ante este crecimiento de la energía nuclear, enfatizando en la peligrosidad de ésta y los problemas asociados con el manejo de desperdicios nucleares.  El 28 de  marzo de 1979 ocurrió un accidente nuclear que pareció confirmar los temores de los ambientalistas: el reactor  de la  planta nuclear localizada en Three Mile Island en Pennsylvania sufrió la fusión parcial de su núcleo. Aunque controlado a tiempo, este accidente pudo haber provocado la liberación de grandes cantidades de material radioactivo y, por ende, una tragedia ambiental y humana de grandes proporciones.  El accidente alarmó al pueblo norteamericano, lo que unido a la presión de los ambientalitas provocó el abandono de varios proyectos de energía nuclear.

La preocupación de los estadounidenses con el tema de la contaminación transformó al ambientalismo en un movimiento de masas. Prueba de ello fue la celebración del primer Día de la Tierra el 22 de abril de 1972. Ese día, unos 22 millones de estadounidenses se reunieron en diversos lugares del país para expresar su preocupación con el futuro del planeta.  Este apoyo masivo influyó en  la creación de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) y la aprobación de la Ley de Especie en Peligro de Extinción en 1973.  En otras palabras, la protección ambiental se convirtió en un área de intervención del gobierno federal.

El medioambiente no fue el único tema que movió a los norteamericanos a acción sociopolítica. El movimiento a favor de la  protección de los consumidores también creció de forma considerable en los años 1970.  El movimiento pro-consumidores surgió a finales del siglo XIX durante la Era Progresista, y desde entonces buscaba eliminar prácticas dañinas y peligrosas para los consumidores.  Tras décadas de apatía, este movimiento resurgió con fuerza en la década de 1960 bajo el liderato de un joven activista y abogado llamado Ralph Nader. En 1969, Nader creó una organización  de protección del consumidor que sirvió de modelo para las docenas de organizaciones similares que surgieron en los años 1970 para combatir y denunciar los peligros  asociados al consumo de tabaco,  las prácticas deshonestas de las compañías aseguradoras y otros problemas. En 1972, el Congreso dio vida a la Comisión para la Seguridad de los Productos de Consumo en respuestas  a las acciones de los grupos defensores de los consumidores.

Comparto este artículo del Dr. Enrique Alonso García sobre el origen y significado de la celebración del primer Día de la Tierra en abril de 1972.  Alonso García es profesor en el Máster de Estudios Norteamericanos del Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá de Henares. También ha sido catedrático UNESCO de Territorio y Medio Ambiente de la Universidad Rey Juan Carlos  y  profesor del Monterey Institute of International Studies de California, de la Marshall-Wythe School of Law del College of William and Mary (Virginia, EE.UU.) y de Harvard Law School.


Earth Week 1970 Poster - found on ebay. | Hippie culture, Earth week,  Concert posters

Del Día de la Tierra al Día Mundial del Medio Ambiente: ¿la internacionalización definitiva de la política ambiental norteamericana?

Enrique Alonso

Diálogo Atlántico   3 de junio de 2021

El Día de la Tierra, Earth Day, celebrado el 22 de abril desde 1970 constituye una celebración tan conocida en Estados Unidos –y en el resto del mundo– que, aunque el Día Mundial del Medio Ambiente, World Environment Day, sea celebrado el 5 de junio a lo largo y ancho del planeta, apenas se conoce allí. En el fondo ese desconocimiento tiene su explicación.

EE. UU. fue el país que por primera vez implantó, en la “década ambiental prodigiosa” del 69 al 79 (desde la promulgación de la pieza clave, la National Environmental Policy Act, NEPA, hasta la llegada de Reagan, aunque este la continuó utilizando mecanismos de mercado), la protección del medioambiente como función esencial del estado contemporáneo, un paso más allá del estado liberal del siglo XIX y del estado social de la primera mitad del siglo XX. Se creó así el primer entramado institucional general y sectorial, político, jurídico, científico y de gestión administrativa y regulación de los mercados, centrado en la necesidad de preservar el medio ambiente (incluidos, grandes “inventos” como las evaluaciones de impacto ambiental y una agencia a nivel gubernamental –la Environmental Protection Agency, EPA– para hacer valer dicha protección al máximo nivel, hablando de tú a tú al resto de los departamentos gubernamentales). Solo tres años después esas ideas se habían extendido por todo el mundo. En su origen, habían sido realmente una iniciativa popular, un grassroot movement, cuya llamada a una celebración espontánea el 22 de abril de 1970 se extendió como la pólvora desde el Distrito Federal de su capital al resto de los Estados y al resto del mundo. No es de extrañar que el 22 de abril se siga siendo celebrado el Earth Day por doquier como el auténtico día del planeta y del medioambiente.

first earth day, 1970 | Earth day posters, Earth day slogans, Earth dayNo toca hoy, 5 de junio, celebrar ese hito sino el del reconocimiento mundial de que esa creación tenía carácter universal. Convocada la primera cumbre ambiental mundial en Estocolmo en 1972 no solo aprobó los célebres Principios del orden ambiental global y creó la agencia a nivel internacional (el mal llamado “Programa” PNUMA) sino que de manera “oficial” dedicó el 5 de junio a esa visión global: el Día Mundial del Medio Ambiente, que este año se celebra con Pakistán como país anfitrión.

Este gran pacto de 1972 se vio en parte descompuesto 20 años después, cuando se empezaron a poner en marcha políticas más ambiciosas. Si bien las políticas clásicas habían generado consenso en sus grandes líneas (contaminación del aire, agua y suelo, gestión de sustancias y residuos peligrosos, etc.), las nuevas, más complejas de abordar, alejaron a EE. UU. de la senda global. En origen de manera “suave”, al no ratificar EE. UU., aunque reconociéndoles valor consuetudinario, los tratados sobre diversidad biológica, OMGs y acceso a recursos genéticos o la gestión del medio marino (CBD & UNCLOS). Pero se exacerbó, por los vaivenes de su política interna, con la no aceptación de obligaciones derivadas del compromiso inicial del tratado marco de la lucha contra el cambio climático (UNFCC 1994), al no ratificar el Protocolo de Kioto de 2012 y abandonar Trump el Acuerdo de París de 2015, con efectos desde el 4/11/2020.

La llegada de Biden a la presidencia revirtió esa última decisión el 19 de febrero de 2021, hasta el punto de que EE. UU. actuó de anfitrión de la Cumbre Mundial virtual del (¡cómo no¡) Día de la Tierra el pasado 22 de abril. La proclamación de dicho día por la Casa Blanca relanzó el liderazgo de EE. UU. de los años 70.

Pero ¿se hará ello realidad? Difícil pregunta, porque la lucha contra el cambio climático está íntimamente unida hoy en día, por ejemplo en la UE, a la agenda digital, a un paquete ambiental más amplio, el “Green Deal”, y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, que abarcan múltiples temas sociales vinculados al sistema de valores (justicia ambiental y sus derivaciones).

Earth Day 2021: 5 ways you can help to restore our earth - Glass

La realidad de la UE solo se ha podido visibilizar el pasado 17 de diciembre con la aprobación del marco financiero plurianual (MFP) para el periodo 2021-2027, junto con el Plan Next Generation EU y el presupuesto de 2021.

¿Camina en la misma línea la Administración Biden?

Hace muy pocos días, el pasado viernes 28 de mayo, se hizo público el proyecto de presupuesto para 2022 enviado al Congreso. Llama la atención su enorme gasto, 6 trillones de dólares, el mayor de la historia de EE. UU. (aunque allí un trillón equivale a un millón de millones, no a un millón de billones, como es sabido). ¿Cuáles son las políticas ambientales que refleja el mismo?

Remembering the first Earth Day with Honors Dean François Amar - The Honors  College - University of Maine

Recordando que el ambicioso programa de ayudas directas a la recuperación económica ya está en vigor desde el 11 de marzo, para 2021 y 2022 (American Rescue Plan Act), el nuevo presupuesto deja claro el cambio: la EPA recibiría 11,2 billones de dólares, record histórico también.

Sus prioridades temáticas son: a) limpieza de suelos (los célebres brownfields) y depuración de aguas, en zonas degradadas de baja renta y ciberseguridad en los abastecimientos; c) estudios de sustancias peligrosas y su influencia en la salud pública, de nuevo centrado en la protección de las comunidades más vulnerables; d) revitalización y nuevos programas de justicia ambiental y derechos civiles; e) apoyo a servicios ambientales estatales, locales y de las tribus de nativos americanos; y f) cambio climático y energía, al fin y al cabo ya había anunciado en la proclamación del Earth Day un recorte de entre el 50 % y el 52 % de la emisiones de gases de efecto invernadero sobre las de 2005 para el año 2030.

Todo, pues, en líneas ajustadas al ideal de las políticas globales ambientales.

Con independencia de las negociaciones que ahora tendrán lugar en el Congreso, bienvenido sea, pues, el 5 de junio, también en EE. UU.

 

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En este interesante artículo, el periodista especializado en Estados Unidos, Carlos Hernández-Echevarría, analiza la historia del sentimiento anti-católico en la nación estadounidense.


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Cuando Estados Unidos odiaba y temía a los católicos

Carlos Hernández-Echevarría

La Vanguardia   4 de febrero de 2021

Cuando John Kennedy se presentó a la presidencia en 1960, tuvo que aclarar que, si ganaba, no dejaría que el papa Juan XXIII le dictara desde el Vaticano cómo gobernar. Joe Biden, desde hace unos días el segundo presidente católico de la historia de Estados Unidos, no ha pasado por nada parecido. Hoy ese discurso parecería ridículo, y eso es todo un signo del progreso de un país con una larga tradición de maltrato y discriminación hacia los católicos.

El anticatolicismo estaba presente en EE. UU. desde antes incluso de que se fundara el país. Hasta hace no mucho, los libros de historia de los niños estadounidenses empezaban con el relato de cómo los primeros colonos llegaron desde Inglaterra a las costas de Massachusetts para poder practicar su religión en libertad. Sin embargo, esos mismos libros olvidaban contar que los que habían huido de la opresión religiosa no tardaron mucho en convertirse en opresores.

Los colonos transportaron al “nuevo mundo” los prejuicios que en Inglaterra eran comunes contra la minoría católica. En 1700, la colonia de Massachusetts aprobó una “Ley contra los Jesuitas y los Curas Papistas” que los declaraba “incendiarios y perturbadores de la paz y la seguridad pública” y también “enemigos de la verdadera religión cristiana”. Por eso daba a esos sacerdotes un corto plazo para abandonar el territorio o serían condenados a cadena perpetua. Si a alguno se le ocurría escapar de prisión, recibiría la pena de muerte.

No es un caso único. El futuro estado de Rhode Island fue fundado por un hombre que había escapado de Massachusetts buscando más libertad religiosa, pero la colonia también acabó prohibiendo a los católicos ocupar cargos públicos.

En Maryland, fundada por un aristócrata católico para refugiar a los que compartían su fe, la ley pasó en unas décadas de reconocerles la libertad religiosa a imponerles todo tipo de restricciones: no podían ser profesores o abogados y tampoco votar. Tenían prohibido celebrar misa fuera de sus casas y bautizar a cualquiera que no fuera hijo de católicos.

Caricatura dibujada por Thomas Nast en 1876 en la que se presenta a obispos católicos como cocodrilos atacando a las escuelas públicas en connivencia con los políticos católicos irlandeses.

Caricatura de 1876 que presenta a obispos católicos como cocodrilos atacando a las escuelas públicas en connivencia con los políticos católicos irlandeses.
 Dominio público

Muchas de estas restricciones, por ejemplo en Nueva York, siguieron en vigor incluso tras ganar la independencia de Gran Bretaña y durante los primeros años de vida de los nuevos Estados Unidos de América. Solo en 1789 la nueva constitución estableció que el país no tendría religión oficial y que tampoco restringiría la práctica de ninguna fe. Además, especificó que las creencias religiosas “no pueden ser nunca un requisito para acceder a un cargo público” federal.

Los llamados “padres fundadores” habían creado un estado aconfesional, pero los prejuicios contra los católicos estaban muy lejos de desaparecer.

Inmigración y ‘fake news’

Entre 1820 y 1930, llegaron a EE. UU. unos 4,5 millones de inmigrantes irlandeses católicos. Esta inmensa oleada migratoria puso nerviosos desde el principio a muchos protestantes, que recibieron a los recién llegados con los prejuicios heredados de los primeros colonos y algunos nuevos. Era habitual acusarlos de querer derribar al gobierno por orden del papa, y sobre ellos se difundían las fake news más exageradas, a veces con consecuencias dramáticas.

En 1834, una turba le prendió fuego a un convento cerca de Boston. Habían corrido rumores de que la congregación había asesinado a una de sus monjas por intentar abandonar la orden, aunque resultó que estaba tan viva que testificó en el juicio contra los incendiarios.

Todos los edificios del complejo quedaron completamente arrasados, en parte por la pasividad de los bomberos, que no pusieron mucho esfuerzo en apagar el fuego. Solo un hombre fue a prisión por el crimen, pero después fue indultado.

Dibujo que representa las ruinas del convento quemado en 1834.

Dibujo que representa las ruinas del convento quemado en 1834.
 Dominio públic

Los bulos anticatólicos estaban a la orden del día y además eran un negocio muy rentable. Maria Monk, una mujer canadiense que había pasado por un albergue católico para prostitutas, vendió durante la década de 1830 cientos de miles de libros en los que decía falsamente que había sido monja y contaba toda suerte de historias sobre asesinatos de bebés en conventos.

Para difundir sus libros, Monk se asoció con algunos pastores protestantes radicales, aunque no está muy claro quién se quedó con los beneficios, porque ella murió en un hogar para indigentes después de ser detenida por robar a un cliente en un burdel.

A veces la violencia no se desataba por un rumor, sino por disputas políticas, sobre todo en las grandes ciudades, donde la población migrante católica iba creciendo y quería hacer valer su fuerza electoral. En 1844, el debate sobre qué biblia debía usarse en las escuelas públicas de Filadelfia provocó unos disturbios en los que ardieron varias viviendas de católicos y dos de sus iglesias y murieron al menos veinte personas.

Al enterarse de ello el arzobispo de Nueva York, un inmigrante irlandés, advirtió a las autoridades de que no consentiría lo mismo. “Si una sola iglesia católica se quema, Nueva York será un nuevo Moscú”, dijo en referencia al incendio de la capital rusa durante la invasión de Napoleón.

El partido que no sabía nada

Los católicos empezaban a organizarse políticamente, pero también los anticatólicos. Fue en esa época cuando surgió el partido Know-nothing, “no sé nada”. Tomó ese nombre porque en sus inicios era una sociedad secreta cuyos miembros debían responder así cuando se les preguntara por ella.

Unos años después se organizaron abiertamente bajo el nombre de Partido Nativo Americano o Partido Americano, y predicaron con bastante éxito el odio a los inmigrantes en general y a los católicos en particular. Sobre todo a los de origen irlandés y alemán.

En la década de 1850, el partido xenófobo llegó a tener más de un centenar de representantes en el Congreso, donde defendía que se prohibiera a los católicos desempeñar cargos públicos y abogaba por las deportaciones masivas de inmigrantes.

Además, gobernaba en ocho estados y en la ciudad de Chicago, donde el alcalde Levi Boone impedía a los católicos trabajar para el ayuntamiento o entrar en la policía. Pero los Know-nothing no se limitaban a impulsar el racismo en las instituciones, también lo hacían en la calle.

En una jornada electoral en agosto de 1855, los militantes del partido en Louisville, Kentucky, estaban decididos a que solo los “verdaderos americanos” votasen. Un tercio de la población de la ciudad eran católicos de ascendencia alemana o irlandesa, así que los Know-nothing desplegaron patrullas en el exterior de los centros electorales que pedían a los votantes una contraseña difundida de antemano entre los protestantes. A los que no la tenían les impedían el paso y a los que no se iban a casa, les daban una paliza.

Imagen del ciudadano ideal estadounidense según el movimiento Know Nothing.

Imagen del ciudadano ideal estadounidense según el partido Know-nothing.
 Dominio público

Por supuesto, el candidato a la alcaldía de los Know-nothing ganó aquellas elecciones, pero además el llamado “lunes sangriento” dejó 22 muertos. La catedral católica de la ciudad, construida tres años antes, fue destruida, y más de un centenar de casas y negocios de católicos acabaron ardiendo. Los tribunales no condenaron a nadie por ello.

Aquella década de 1850 fue el pico del poder del partido anticatólico, que en los siguientes años se partiría en dos por el debate sobre la legalidad de la esclavitud que empujó al país a una guerra civil. Sin embargo, otros grupos extremistas no tardarían en reclamar su legado.

Una ley seca contra los católicos

La siguiente gran oleada de inmigrantes no fue tan irlandesa, pero también fue católica. Entre 1880 y 1914, más de cuatro millones de italianos se trasladaron a EE. UU. y sufrieron los prejuicios que ya existían sobre su religión, además de una mayor dificultad para aprender el idioma.

Aparte de las acusaciones ya tradicionales de que iban a derribar la democracia por orden del papa, los católicos de la época se vieron arrastrados al gran debate de la época: la prohibición de la venta y consumo de alcohol.

El movimiento a favor de la ley seca tenía su mayor fortaleza en las zonas rurales de EE. UU., que contaban con muchos menos católicos que las grandes ciudades. Si uno busca entre los principales líderes abolicionistas de aquella era, encontrará muchas declaraciones anticatólicas.

El fundador de la Liga Anti Salones, William H. Anderson, decía que si las ciudades no apoyaban la ley seca era por “los extranjeros que no se lavan” y porque la Iglesia católica estaba “indignada por lo que consideran una victoria protestante”. El obispo episcopaliano James Cannon Jr. decía que los italianos o los polacos le daban “dolor de estómago” y que había que cerrarles la puerta del país.

Ningún lugar era tan odiado por los líderes abolicionistas como Nueva York, y no despreciaban a ningún líder político tanto como a su gobernador, el católico Al Smith. A la ciudad, donde un tercio de sus casi seis millones de habitantes había nacido en el extranjero, la llamaba el obispo Cannon “la sede de Satán”. También decía que sus habitantes católicos eran “la gente que quiere Smith, las personas sucias que encuentras por las aceras de Nueva York”.

Al Smith dando un discurso.

Al Smith dando un discurso.
 Dominio público

En 1924, cuando el Partido Demócrata se planteó por primera vez hacer a Al Smith candidato a presidente, su convención nacional fue una batalla campal. Primero los delegados discutieron agriamente sobre si condenar o no las actividades del Ku Klux Klan, que acababa de resurgir con enorme fuerza gracias, entre otras cosas, a su discurso anticatólico. Después de no lograrlo, tuvieron que votar 103 veces a lo largo de dos semanas para elegir entre el católico Smith y otro candidato apoyado por el KKK. A la vista de que el bloqueo era insuperable, ambos se retiraron para permitir la elección de un candidato desconocido.

Cuatro años después, Smith sí que consiguió ser el primer católico en convertirse en candidato presidencial de uno de los grandes partidos. Durante aquella campaña se le acusó de querer imponer el catolicismo como religión oficial y se imprimieron panfletos que lo acusaban de haber construido un túnel submarino entre el Vaticano y Nueva York para recibir órdenes del papa. Varios predicadores protestantes pidieron a sus fieles que no le votaran, y el obispo episcopaliano Cannon lo definió como “el clásico intolerante de la jerarquía católica romana irlandesa de Nueva York”.

El esfuerzo funcionó. La ley seca era impopular y le quedaban cinco años para la derogación, pero Smith se derrumbó en el Sur protestante y sufrió una derrota arrasadora. El recuerdo de esa catástrofe política pesó mucho durante años en el Partido Demócrata y muchos de sus líderes lo tenían en mente cuando, 32 años después, el católico John Kennedy se presentó a la presidencia. ¿Estaba EE. UU. preparado por fin?

De Kennedy a Biden

En 1960, muchos de los líderes demócratas más importantes eran católicos, jefes políticos de grandes ciudades donde los descendientes de los inmigrantes irlandeses o italianos ya eran mayoría. Sin embargo, temían que el resto del país diera a Kennedy el mismo trato que había dado a Smith.

El candidato logró disipar sus dudas venciendo en las primarias demócratas de West Virginia, donde el 95% de la población era protestante, después de pronunciar su famoso discurso sobre el catolicismo: “¿Vamos a decir que un tercio de la población de EE. UU. tiene vedada para siempre la Casa Blanca?”.

JFK

Jonh Fitzgerald Kennedy, el primer presidente católico de Estados Unidos.

Kennedy aún tuvo algunos problemas más. Un grupo de 150 ministros protestantes declaró antes de las elecciones que no sería independiente del papa salvo que renunciara abiertamente a su catolicismo.

La campaña de Nixon obtuvo un mejor resultado de lo esperado en algunos estados de fuerte tradición protestante, pero Kennedy ganó, y abrió el camino a que Joe Biden ni siquiera haya tenido que responder a muchas de las preguntas con las que él se encontró.

El anticatolicismo en EE. UU., que el historiador Arthur Schlessinger llamó “el sesgo más profundo de la historia del pueblo americano”, ha quedado aparentemente para los libros de historia.

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