El historiador Nelson Lichtenstein (@NelsonLichtens1) -profesor en la University of California, Santa Barbara- reacciona en este artículo, a la orden ejecutiva firmada por Joe Biden el 9 de julio de 2021, buscando promover la competencia y combatir los monopolios. Lichtenstein nos brinda un conciso pero muy interesante análisis del desarrollo de lo que él denomina «la gran tradición antimonopolística» estadounidense. El Dr. Lichtenstein es director del Center for the Study of Work, Labor, and Democracy.
Biden está restaurando la tradición de Estados Unidos de luchar contra las grandes empresas
Nelson Lichtenstein
The New York Times July 13, 2021
El viernes, el presidente Biden firmó una amplia orden ejecutiva destinada a frenar el dominio corporativo, mejorar la competencia empresarial y dar a los consumidores y trabajadores más opciones y poder. La orden cuenta con 72 iniciativas que varían ampliamente en el tema: neutralidad de la red y ayuda auditivas más baratas, mayor escrutinio de la big tech y una ofensiva contra las altas tarifas que cobran los transportistas marítimos.
El presidente calificó su orden como un regreso a las «tradiciones antimonopolísticas» de las presidencias de Roosevelt a principios del siglo pasado. Esto puede haber sorprendido a algunos oyentes, ya que la orden no ofrece una llamada inmediata para la ruptura de Facebook o Amazon, que es la idea distintiva del antimonopolio.
Pero la orden ejecutiva del Sr. Biden hace algo aún más importante que el abuso de confianza. Devuelve a Estados Unidos a la gran tradición antimonopolística que ha animado la reforma social y económica casi desde la fundación de la nación. Esta tradición se preocupa menos por cuestiones tecnocráticas como si las concentraciones de poder corporativo conducirán a precios al consumidor más bajos y más por preocupaciones sociales y políticas más amplias sobre los efectos destructivos que las grandes empresas pueden tener en nuestra nación.
Boston Tea Party
En 1773, cuando los patriotas estadounidenses arrojaron té de la Compañía Británica de las Indias Orientales al puerto de Boston, estaban protestando no sólo por un impuesto injusto, sino también por la concesión de un monopolio por parte de la corona británica a un favorito de la corte. Ese sentimiento floreció en el siglo 19, cuando los estadounidenses de todas las tendencias vieron concentraciones de poder económico que corrompían tanto la democracia como el libre mercado. Los abolicionistas se basaron en el espíritu antimonopolio cuando denunciaron el poder esclavista, y Andrew Jackson trató de desmantelar el Segundo Banco de los Estados Unidos porque sostenía los privilegios de una élite comercial y financiera del este.
Las amenazas a la democracia se volvieron aún más apremiantes con el surgimiento de corporaciones gigantes, a menudo llamadas trusts. Cuando el Congreso aprobó la Ley Antimonopolio Sherman en 1890, su autor, el senador John Sherman de Ohio, declaró: “Si no soportamos a un rey como poder político, no debemos soportar a un rey por la producción, el transporte y la venta de cualquiera de las necesidades de la vida”. Cuarenta y cinco años después, el presidente Franklin Roosevelt se hizo eco de ese sentimiento cuando denunció a la realeza “económica” que había “creado un nuevo despotismo”. Veía el poder industrial y financiero concentrado como una “dictadura industrial” que amenazaba la democracia.
La Standard Oil y otros trusts se convirtieron en el blanco de demandas antimonopolísticas no solo porque aplastaron a los competidores y aumentaron los precios al consumidor, sino también porque corrompieron la política y explotaron a sus empleados. Dividir estas compañías gigantes en unidades más pequeñas podría ayudar, pero pocos reformadores pensaron que las iniciativas antimonopolio del gobierno ofrecían la solución principal al desequilibrio de poder tan cada vez más frecuente en el capitalismo moderno. Lo que se necesitaba era una mayor regulación gubernamental y sindicatos poderosos.
En la era progresista, los tribunales dictaminaron que una amplia variedad de corporaciones e industrias “de interés público” podrían estar sujetas a las regulaciones gubernamental — que cubre precios, productos e incluso normas laborales — que en los últimos años se ha restringido en gran medida a las compañías eléctricas y de transporte. Dos décadas más tarde, los partidarios del Nuevo Trato trataron de desafiar el poder monopólico no sólo mediante una renovación de los litigios antimonopolio, sino también alentando el crecimiento del sindicalismo con el fin de crear una democracia industrial dentro del corazón mismo de la propia corporación.
Esa tradición antimonopolio se desvaneció después de la Segunda Guerra Mundial, colapsando en un discurso árido que no hacía más que una pregunta: ¿La prevención de una fusión o la desintegración de una empresa reduciría los precios al consumidor? El profesor de derecho conservador Robert Bork y una generación de abogados y economistas de ideas afines convencieron a la administración Reagan, así como a los tribunales, de que la antimonopolio bloqueaba la creación de formas de negocio eficientes y amigables para el consumidor. Incluso liberales como Lester Thurow y Robert Reich consideraron que la antimonopolio era irrelevante si las empresas estadounidenses competían en el extranjero. En 1992, por primera vez en un siglo, ningún punto antimonopolio apareció en la plataforma del Partido Demócrata.
Biden firmando la orden ejecutiva
El Sr. Biden ha declarado correctamente que este “experimento” de 40 años ha fracasado. “Capitalismo sin competencia no es capitalismo”, proclamó en la firma de la orden ejecutiva. “Es explotación¨.
Tal vez la parte más progresista de la orden ejecutiva es su denuncia de la forma en que las grandes corporaciones suprimen los salarios. Lo hacen monopolizando su mercado laboral —piensen en las presiones salariales ejercidas por Walmart en una pequeña ciudad— y obligando a millones de sus empleados a firmar acuerdos de no competencia que les impiden aceptar un mejor trabajo en la misma ocupación o industria.
El presidente y su gabinete antimonopolio han volteado de cabeza a un aspecto importante de la competencia empresarial tradicional. Durante demasiado tiempo, aquellos que abogan por una mayor competencia entre las empresas han ofrecido a los empleadores una orden judicial por recortar los salarios y las prestaciones, así como por subcontratar los servicios y la producción. Pero el Sr. Biden imagina un mundo en el que las empresas compitan por los trabajadores. “Si su empleador quiere mantenerlo, él o ella debería hacer que valga la pena quedarse”, dijo el Sr. Biden el viernes. “Ese es el tipo de competencia que conduce a mejores salarios y mayor dignidad en el trabajo”.
La tradición antimonopolio de la nación surge una vez más.
Traducido por Norberto Barreto Velázquez
El Imperio de Calibán 