El objetivo de este blog es fomentar el estudio de la historia de los Estados Unidos y analizar las prácticas, instituciones y discursos del imperialismo estadounidense.
Comparto la grata noticia de la salida del número 21 de la revista Huellas de Estados Unidos: estudios, perspectivas y debates desde América Latina, publicación digital dedicaca al estudio de la historia estadounidense desde una perspectiva latinoamericana.
Vaya nuestro agradecimiento a sus editores.
Amigxs y colegas,
Con gran satisfacción y luego de un gran esfuerzo para publicar un nuevo número, anunciamos la salida del número 21 de nuestra Revista Huellas de Estados Unidos: estudios, perspectivas y debates desde América Latina.
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A lxs autores que participaron de este número, muchas gracias por sus contribuciones y por confiar en nosotros para dar a conocer sus trabajos.
Un agradecimiento especial dirigimos a los evaluadores, revisores y colaboradores, sin cuyo apoyo no podríamos sacar este esfuerzo adelante.
Agradecemos la difusión, y esperamos ansiosos sus comentarios y futuras producciones.
El asalto al Capitolio por partidarios del Presidente Trump el 6 de enero de 2021 ha provocado infinidad de comentarios. Muchos lo han visto como un evento excepcional que no retrata ni refleja a los Estados Unidos. Nada más alejado de la realidad. En este artículo publicado por el diario La vanguardia, el escritor Francisco Martínez Hoyos examina casos previos de violencia política y de intentonas golpistas.
El mundo entero presenció los hechos con más o menos incredulidad. En Estados Unidos, la democracia más antigua de cuantas existen en el planeta, una horda de partidarios del presidente Trump irrumpía en el Capitolio mientras el Congreso ratificaba la victoria electoral de Joe Biden. Tras los incidentes planea la inquietante sombra del golpismo. Por sorprendente que parezca al tratarse de una república como la norteamericana, con una arraigada tradición de libertades, no es la primera vez que se lanza allí una amenaza contra el poder emanado del pueblo.
Cuando se produjo el primer peligro para la república, la conspiración de Newburgh, aún no había terminado la guerra de Independencia contra los británicos. En marzo de 1783, las tropas del ejército patriota estaban descontentas porque llevaban meses sin cobrar y no habían recibido de las pensiones vitalicias prometidas, que consistían en la mitad de la paga. Se difundió entonces una carta anónima que proponía resolver el problema con un acto contra el Congreso que no llegaba especificarse.
Ante la gravedad, el general Washington intervino de inmediato. En un emotivo discurso, emplazó a sus oficiales a mantenerse fieles al poder legislativo. Todo quedó en un susto cuando el Congreso satisfizo algunos atrasos a los soldados y les ofreció, en lugar de la proyectada pensión, cinco años de paga completa.
La estabilidad política norteamericana volvió a verse amenazada a principios del siglo XIX. Esta vez, el responsable fue un antiguo héroe de la guerra de la Independencia, Aaron Burr, protagonista de una carrera política tan polémica como turbulenta. Tras ocupar la vicepresidencia en el gabinete de Thomas Jefferson, entre 1801 y 1805, intervino en un plan para crear un nuevo estado con territorios mexicanos que serían arrebatos a España. Tal vez, esta hipotética nación también estaría integrada por territorios del Oeste de Estados Unidos, que se desgajarían de la Unión.
Retrato de Aaron Burr, por John Vanderlyn. Dominio público
¿Intentó, además, derrocar por la violencia al gobierno de Washington? Él aseguró que no, pero todo el asunto era lo bastante turbio como para que nada se pudiera dar por seguro. Uno de sus amigos y cómplices, el general James Wilkinson, que resultó ser un espía al servicio de los españoles, acabó por denunciar sus actividades. Burr sería juzgado por traición, aunque declarado inocente. Desde entonces, su controvertida figura ha suscitado un amplio debate.
A nivel estatal
No todo el golpismo se encaminaba a un cambio de poder en el conjunto del país. También se dieron intentonas en algunos los estados de la Unión, como Arkansas. Fue allí donde Joseph Brooks perdió las elecciones para gobernador en 1872. Al estar convencido de que su derrota no había sido justa, dos años después decidió alzarse en armas contra su antiguo rival, el también republicano Elisha Baxter. Contaba con el apoyo de una milicia de más de 600 hombres frente los 2.000 que respaldaban a Baxter.
La pugna violenta entre los dos líderes obligó al ejército federal a interponerse entre sus respectivos partidarios. Brooks acabó destituido, pero el presidente Grant le concedió un cargo en la administración de Correos de Little Rock.
Fue también en 1874 cuando la Liga Blanca, una organización paramilitar de antiguos confederados, se rebeló contra el gobierno de Luisiana en nombre del supremacismo blanco. Para sus partidarios, dar más oportunidades a la población negra significaba ejercer una tiranía. Ante los disturbios, las tropas federales tuvieron que intervenir y obligar a los rebeldes a retirarse.
Contra Roosevelt
Casi sesenta años después, en 1933, tuvo lugar un oscuro episodio, el Business Plot. Un prestigioso general retirado, Smedley Butler, afirmó que un grupo de capitalistas y banqueros le había tanteado para que encabezara un golpe de Estado fascista contra Roosevelt.
En aquellos momentos, en plena Gran Depresión, las gentes adineradas veían con suspicacia al presidente. Su política reformista, basada en la intervención del poder público sobre la economía, le había convertido en sospechoso de socialismo o comunismo. Lo cierto es que Roosevelt se proponía solucionar los problemas del capitalismo para que el sistema funcionara otra vez.
Smedley Butler con uniforme en una imagen sin datar Dominio público
Se suponía que Butler debía derrocar al gobierno al frente de una organización de veteranos de la Primera Guerra Mundial. En esos momentos, el descontento cundía entre los antiguos soldados. Un año antes, un movimiento de protesta había reclamado en Washington el pago de los bonos prometidos por el Congreso. El general MacArthur, futuro héroe en la lucha contra los japoneses, reprimió sin contemplaciones a los manifestantes.
Según Butler, los conjurados buscaban a un hombre fuerte al servicio de Wall Street. Partidario convencido de la democracia, el antiguo militar se negó en redondo a proporcionarles cualquier tipo de apoyo. Sin embargo, las personas a las que implicó negaron su intervención y finalmente no pasó nada. La prensa restó importancia al asunto, como si todo hubiera sido una fantasía.
En 1958, el historiador Arthur M. Schlesinger Jr. señaló que pudo existir un plan sobre el papel sin que se diera ningún intento de llevarlo a cabo. Otros autores han concedido mayor relevancia a la conspiración. En 2007, Scott Horton, abogado conocido por su labor a favor de los derechos humanos, afirmó que entre los cómplices del Business Plot se hallaba Prescott Bush. Este banquero fue el padre del presidente George H. W. Bush y el abuelo de George W. Bush. Su implicación, a día de hoy, es un tema controvertido.
La intentona fracasó, pero fue más seria de lo que muchos quisieron admitir. Para cuestionarla se argumentó que era inverosímil que un grupo de extremistas de derechas se pusiera en contacto con un hombre como Butler, de conocido antifascismo. Pero para Roberto Muñoz Bolaños precisamente su fama de progresista lo convertía en una figura interesante para los artífices del plan. Se trataba, según este historiador, de “crear una situación de inestabilidad, que permitiera un cambio político radical y un giro autoritario en el sistema político”.
Nikita Kruschev y John Kennedy en un encuentro de 1961.
La mayoría de militares estadounidenses se han distinguido por su obediencia a las autoridades civiles, pero eso no significa que estén desprovistos de influencia. En 1961, al abandonar la presidencia, Eisenhower hizo un conocido discurso en el que advirtió a sus compatriotas contra los peligros del “complejo militar-industrial”, una alianza entre los mandos del Ejército y los fabricantes de armas. Unos y otros habían alcanzado el suficiente poder como para inmiscuirse en las decisiones de los políticos elegidos por el pueblo.
Este peligro se hizo patente durante la crisis de los misiles, en la que Estados Unidos y la Unión Soviética estuvieron al borde de una guerra nuclear. Miembros de la cúpula militar presionaron para que el presidente Kennedy respondiera a Moscú con la máxima contundencia por la instalación en Cuba de armamento atómico. Si eso significaba el uso del arsenal nuclear, que así fuera.
En el momento de mayor tensión, Kennedy avisó a Jruschov, el mandatario ruso, de que el Pentágono podía patrocinar un golpe en su contra si no se encontraba una salida a la pugna entre ambos países.
Donald Trump ha alentado actitudes golpistas al anunciar que no estaba dispuesto a acatar el resultado de las elecciones de noviembre. Poca duda hay de que su política populista ha ahondado en Estados Unidos una fractura social con incalculables consecuencias. ¿Qué salida cabe? El asalto al Congreso nos hace recordar una conocida cita de Jefferson, acerca de los deberes de todos los demócratas: “El precio de la libertad es la eterna vigilancia”.
Joseph Nye es un académico estadounidense que entre sus muchos haberes destaca ser el creador del concepto poder blando (soft power) para describir la capacidad de un país de incidir en el comportamiento de otro a través de medios no violentos, es decir, culturales y/o ideológicos. Profesor en la Universidad de Harvard desde 1964, Nye es uno de los más agudos analistas de la política internacional estadounidense.
En mi estudio reciente de 14 presidentes desde 1945, Do Morals Matter?, llegué a la conclusión de que los estadounidenses quieren una política exterior moral, pero han estado divididos respecto de lo que eso significa. Los estadounidenses suelen creer que su país es excepcional porque definimos nuestra identidad no por la etnicidad, sino más bien por una visión liberal de la sociedad y un estilo de vida basado en la libertad política, económica y cultural. La Administración del presidente Donald Trump ha roto con esa tradición.
Por supuesto, el excepcionalismo estadounidense se enfrentó a contradicciones desde el principio. A pesar de la retórica liberal de los fundadores, el pecado original de la esclavitud quedó registrado en la Constitución de Estados Unidos en un acuerdo que permitió la unión de los Estados del norte y del sur.
Y los estadounidenses siempre han tenido discrepancias sobre cómo expresar valores liberales en la política exterior. Así que este excepcionalismo fue a veces una excusa para ignorar el derecho internacional, invadir otros países e imponer Gobiernos a sus pueblos.
Pero este excepcionalismo estadounidense también ha inspirado esfuerzos internacionales de tipo liberal para promover un mundo más libre y más pacífico a través de un sistema de derecho y organizaciones internacionales que protegen la libertad doméstica moderando las amenazas externas. Trump les ha dado la espalda a ambos aspectos de esta tradición.
En su discurso inaugural Trump declaró: “Estados Unidos primero… Buscaremos la amistad y la buena voluntad de las naciones del mundo, pero lo hacemos con la conciencia de que todas las naciones tienen el derecho de anteponer sus propios intereses”. También dijo: “No aspiramos a imponerle nuestro modo de vida a nadie, sino hacerlo brillar como un ejemplo”. Tuvo un buen argumento: cuando Estados Unidos resulta ejemplar, puede aumentar su capacidad de influir en los demás.
También hay una tradición intervencionista y de cruzada en la política exterior estadounidense. Woodrow Wilson perseguía una política exterior que diera en el mundo seguridad a la democracia. John F. Kennedy instaba a los estadounidenses a favorecer la diversidad en el mundo, pero mandó 16.000 tropas de su país a Vietnam, y ese número creció a 565.000 en la presidencia de su sucesor, Lyndon B. Johnson. De la misma manera, George W. Bush justificó la invasión y ocupación de Irak por parte de Estados Unidos con una Estrategia de Seguridad Nacional que promovía la libertad y la democracia.
Por cierto, desde el fin de la Guerra Fría, Estados Unidos ha participado en siete guerras e intervenciones militares. Sin embargo, como dijo Ronald Reagan en 1982, “los regímenes plantados con bayonetas no echan raíces”.
En los años treinta, la opinión pública estadounidense creía que la intervención en Europa había sido un error y se volvió hacia dentro, hacia un aislacionismo estridente. Con la II Guerra Mundial, el presidente Franklin Roosevelt, su sucesor, Harry S. Truman, y otros aprendieron la lección de que Estados Unidos no podía permitirse replegarse hacia dentro una vez más. Tomaron conciencia de que el propio tamaño de Estados Unidos se había convertido en una segunda causa de excepcionalismo. Si el país con la economía más grande no tomaba la delantera en la producción de bienes públicos globales, nadie más lo haría.
Joseph Nye
Los presidentes de posguerra crearon un sistema de alianzas de seguridad, instituciones multilaterales y políticas económicas relativamente abiertas. Hoy, este “orden internacional liberal” —el cimiento básico de la política exterior de Estados Unidos durante 70 años— está siendo cuestionado por el ascenso de nuevas potencias como China y por una nueva ola de populismo en el interior de las democracias.
Trump apeló con éxito a este estado de ánimo en 2016 cuando se convirtió en el primer candidato presidencial de un partido político importante en cuestionar el orden internacional que surgió después de 1945 liderado por Estados Unidos, y el desdén por sus alianzas e instituciones ha definido su presidencia. Sin embargo, una encuesta reciente del Consejo de Chicago sobre Asuntos Globales demuestra que más de las dos terceras partes de los estadounidenses quieren una política exterior con una mirada hacia fuera.
El sentimiento del pueblo de Estados Unidos está a favor de evitar las intervenciones militares, pero no de retirarse de alianzas o de una cooperación multilateral. El pueblo estadounidense no quiere regresar al aislacionismo de los años treinta.
El verdadero interrogante que enfrentan los norteamericanos es si Estados Unidos puede o no abordar exitosamente ambos aspectos de su excepcionalismo: la defensa de la democracia sin bayonetas y el respaldo de las instituciones internacionales. ¿Podemos aprender a defender los valores democráticos y los derechos humanos sin intervención militar y cruzadas, y al mismo tiempo ayudar a organizar las reglas e instituciones necesarias para un nuevo mundo de amenazas transnacionales como el cambio climático, las pandemias, los ciberataques, el terrorismo y la inestabilidad económica?
Ahora mismo, Estados Unidos fracasa en ambos frentes. En lugar de tomar la delantera en el fortalecimiento de la cooperación internacional en la lucha contra la covid-19, la Administración de Trump culpa a China por la pandemia y amenaza con retirarse de la Organización Mundial de la Salud.
China tiene muchas explicaciones que dar, pero convertir esto en una suerte de partido de fútbol político en la campaña electoral presidencial de Estados Unidos de este año es política doméstica, no política exterior. No hemos terminado aún con la pandemia, y la de la covid-19 no será la última.
Por otra parte, China y Estados Unidos producen el 40% de los gases de efecto invernadero que amenazan el futuro de la humanidad. Sin embargo, ninguno de los dos países puede resolver estas nuevas amenazas a la seguridad nacional por sí mismos. Por ser las dos economías más grandes del mundo, Estados Unidos y China están condenados a una relación que debe combinar competencia y cooperación. Para Estados Unidos, el excepcionalismo hoy incluye trabajar con los chinos para ayudar a producir bienes públicos globales, defendiendo al mismo tiempo valores como los derechos humanos.
Ésas son las cuestiones morales que los estadounidenses deberían discutir de cara a la elección presidencial de este año.
Joseph S. Nye, Jr. es profesor en la Universidad de Harvard y autor de Do Morals Matter? Presidents and Foreign Policy from FDR to Trump.
En este corto ensayo, el profesor Pedro J. Rodríguez Martin (Universidad Pontificia Comillas-ICADE), identifica seis elementos claves para entender las reacciones al asesinato del George Floyd por la policía de Mianneapolis. Estos son: la esclavitud, la desigualdad, las condiciones socioeconomicos de los negros en Estados Unidos, la brutalidad policíaca, Donald J. Trump y lo que Rodríguez Martin llama el regreso a 1968, en relación al año más violento en la segunda mitad del siglo XX estadounidense.
Comparto con mi lectores este interesante escrito.
Los disturbios raciales registrados en más de un centenar de ciudades de EE. UU. no se explican únicamente por la muerte del afroamericano George Floyd después de que un agente blanco, al detenerle el pasado 25 de mayo en Minneapolis por supuestamente utilizar un billete falso de 20 dólares para comprar cigarrillos, le aplastase el cuello durante 8 minutos y 46 segundos. El peor estallido racial sufrido por el gigante americano en 50 años debe entenderse también como la consecuencia inevitable de una profunda y dolorosa crisis de desigualdad.
El pecado original
La esclavitud es conocida como el pecado original de EE. UU. en una saga de sufrimiento que comenzó hace 400 años. En agosto de 1619, un barco holandés desembarcó en la colonia inglesa de Virginia a más de veinte africanos cautivos y esclavizados. América todavía no era América pero no se puede entender a EE. UU. sin los 250 años de esclavitud que siguieron a ese primer desembarco en Jamestown.
El profesor Eric Foner, en su elocuente manual de historia americana Give me Liberty, explica que entre 1492 y 1820 más de diez millones de hombres, mujeres y niños procedentes de África cruzaron el Atlántico con destino al Nuevo Mundo, la gran mayoría como esclavos. En EE. UU. donde la esclavitud marcaría las diferencias entre el norte y el sur, esta mano de obra cautiva fue empleada sobre todo en el especulativo cultivo de algodón. Para 1860, en vísperas de la guerra civil americana, el valor de todos los esclavos era superior al valor combinado de todos los ferrocarriles, factorías y bancos de la joven nación.
La dolorosa desigualdad americana
Una de las imágenes más sobrecogedoras de la pandemia se registró el pasado mes de abril en la ciudad de Nueva York. Se trataba de una fosa común excavada en la isla de Hart, un enclave del Bronx, para dar sepultura a los cuerpos que nadie reclamaba en las desbordadas morgues de la Gran Manzana. Estas tareas son tradicionalmente realizan presos de la cercana prisión de Rikers. Y estadísticamente, los afroamericanos tienen muchas más probabilidades terminar como enterradores o enterrados.
El estallido racial en EE. UU. debe entenderse como parte de la corrosiva crisis de desigualdad agravada por la pandemia de coronavirus. Los afroamericanos –y también los hispanos– son los que de forma desproporcionada están sufriendo la pandemia de la COVID-19. Ya sea en su condición de víctimas del virus o damnificados de la subsecuente crisis económica. De acuerdo a The Economist, aunque los guetos contra los que luchaba Martin Luther King en los sesenta ya no existen como tales, EE. UU. se mantiene profundamente segregada tanto por la clase como por la raza a pesar de ser un país fundado con las mejores intenciones igualitarias.
La peor parte
No hay indicador social –desde fracaso escolar hasta desempleo– en el que los negros de EE. UU. no salgan claramente perdiendo. De todos los enfrentes de esta desigualdad, el económico es el más doloroso y fácil de cuantificar. Según ha recalculado The Financial Times, en la era posterior a la Segunda Guerra Mundial, los niveles de desempleo de los afroamericanos han sido típicamente el doble de los niveles de los americanos blancos. Con todo, en los últimos 10 años se han hecho algunos progresos en la reducción de la brecha gracias al casi pleno empleo que precedió al estallido del coronavirus.
El gran problema de los afroamericanos es que la crisis del coronavirus ha fraccionado la fuerza laboral de EE. UU. y de otras economías avanzadas tres grupos: los que han perdido sus trabajos o al menos alguna parte de sus ingresos; los que son considerados trabajadores “esenciales” que deben seguir trabajando durante la crisis –con riesgo para su propia salud–; o los que son teletrabajadores del conocimiento virtual cuyas vidas apenas se han visto afectadas. Los afroamericanos han caído desproporcionadamente entre los dos primeros grupos.
Brutalidad policial
Durante los disturbios contagiados a más de un centenar de ciudades americanas, además del grito “I can’t breathe”, la otra consigna más repetida es “Hands up, don’t shoot”. De esta forma se intenta llamar la atención sobre el número anormalmente elevado de asesinatos cometidos por la policía en EE. UU. (1099 personas el año pasado), en particular de afroamericanos, que tienen tres veces más probabilidades que los blancos de morir a causa de acciones policiales. Cuando se consiguen formalizar cargos contra los agentes implicados en estos casos, los procesamientos que terminan en veredictos de culpabilidad y condenas son excepcionales.
En el capítulo de las muertes por disparos de policías, información que el Washington Post rastrea cuidadosamente desde 2015, 235 personas negras fueron disparadas hasta la muerte el año pasado por agentes de la autoridad en EE. UU. Cifra que representa un 23,5 por ciento de todas las muertes a manos de policías, o casi el doble del porcentaje de la población estadounidense que es negra.
La gran diferencia: Trump
En sus tres años como presidente, Donald Trump ha confirmado con creces su vocación de agitador-en-jefe. Dentro de esa interesada espiral de tensiones, Trump ha jugado con fuego apelando a los peores instintos e instrumentalizando de forma implícita y explicita el problema racial americano. Al demostrar que no hacía falta ser inclusivo para ganar la Casa Blanca, su ganadora estrategia del Make America White Again que tanto sintoniza con el “nacionalismo blanco” ha terminado por contar con la silenciosa complicidad del Partido Republicano.
En política, el caos suele llevar al fracaso. Sin embargo, en la Casa Blanca de Trump la anarquía ha formado parte desde el primer minuto de su forma de hacer política. Dentro de un tono permanente de tensión, y con la excusa del ajuste de cuentas contra las élites del nacional-populismo, Trump ha alimentado constantemente provocaciones más propias de un pirómano político que del presidente de una de las naciones más diversas del mundo.
El retorno a 1968
Descrédito internacional, violencia extrema, sobredosis de miedo e incertidumbre, retroceso económico, polarización política, protestas raciales y populismo desatado. Por el principio de que la historia no se repite pero a veces rima bastante, la misma descripción a brocha gorda de EE. UU. en 2020 se puede aplicar a 1968, el año que realmente nunca ha terminado para el gigante americano y que se ha convertido en la última fuente de inspiración electoral para Donald Trump. En su último paroxismo populista, ante la intensidad del estallido racial sin comparación desde el asesinato de Martin Luther King, no ha dudado en autoproclamarse como el candidato de la ley y el orden, amenazando literalmente con la Biblia y el despliegue de tropas federales.
Para disimular su demencial gestión de la pandemia, el Trump pirómano-y-bombero-a-la-vez ha copiado a Richard Nixon en su victoriosa campaña de 1968. Durante aquel memorable pulso presidencial, que transformó y fracturó para siempre la política americana, Nixon entendió que cuanto más violentos fueran los enfrentamientos raciales en EE. UU., y peores las noticias provenientes de Vietnam, mayores serían sus posibilidades de llegar a la Casa Blanca.
Además de inventarse y jugar con “mayorías silenciosas” y “estrategias sureñas”, Richard Nixon también contó con la maléfica perspicacia de un joven asesor llamado Kevin Philipps que le hizo saber que “el gran secreto” de la política americana no era otro que identificar quién odia a quién. Con toda la zafiedad de la que es capaz para cortejar una minoría más bien vociferante pero suficiente para ganar un segundo mandato, Trump también intenta utilizar el mismo secreto odioso que hizo posible Nixonlandia.
Ya es una tradición de esta bitácora dar la bienvenida a los nuevos números de la revista Huellas de los Estados Unidos. Estudios, Perspectivas y Debates desde América Latina. Publicada por los colegas de la Cátedra de Historia de Estados Unidos de la UBA, Huellas es una de pocas publicaciones en castellano dedicadas al estudio de la historia estadounidense. Por lo tanto, considero, además de un honor, un compromiso ayudar en su difusión.
Con este ya son 18 los números publicados por Huellas, lo que es todo un logro y una muestra del tesón de quienes han desarrollado este proyecto hasta convertirlo en un referente para quienes estudiamos la historia de Estados Unidos en el mundo Iberoamericano. Vaya para ellos mi felicitación y agradecimiento.
Copio el índice de este número para que puedan acceder a sus artículos.
Comparto con mis lectores este interesante artículo de la colegaValeria L. Carbone (Cátedra Estados Unidos, UBA) sobre el resurgimiento de la Doctrina Monroe. La Dra. Carbone es una de las editoras de la Revista Huellas de Estados Unidos.
En 1823, el presidente de Estados Unidos James Monroe, dio su sexto discurso del Estado de la Unión ante el Congreso. En el mismo hizo referencia a un conflicto fronterizo con Rusia por las tierras ubicadas en la costa noroccidental del continente (hoy Alaska y el estado de Oregón) y al hecho de que hacia 1823 la mayor parte de las colonias españolas en América habían declarado su independencia. Incluso destacó que algunas habían recibido ya el reconocimiento de Estados Unidos, sin mencionar que ello había sucedido después de un considerable debate en el que prevaleció el interés en promover el comercio y desplazar la influencia europea (Hunt 1987, 101).
Por aquellos años, Europa estaba bajo el dominio de las fuerzas de la Restauración. Las potencias del continente agrupadas en la Santa Alianza (Rusia, Austria, Francia y Prusia) habían intervenido para sofocar la revolución en Nápoles (1821) y España (1823). Y en 1823, conversaciones entre el secretario del exterior británico, George Canning, y el ministro estadounidense residente en Londres, Richard Rush, parecían insinuar la posibilidad de una acción represiva semejante en Latinoamérica.
Estableciendo marcadas diferencias entre las formas de gobierno del viejo y el nuevo mundo — y en consecuencia en los métodos de dominación –, Monroe afirmó que cualquier intervención de los europeos en el continente americano buscando una “colonización futura” sería vista como un acto de agresión que requeriría la intervención de Estados Unidos. Esto dio pie a la justificación ideológica que avalaría su expansión en el hemisferio:
“Debemos considerar todo intento que estas (las potencias europeas) emprendan para extender su sistema a cualquier parte de este hemisferio como peligroso para nuestra paz y seguridad (…) respecto de los gobiernos que han declarado y mantenido su independencia… no podríamos ver la intervención de alguna potencia europea que tendiera a oprimirlos o controlarlos de cualquier otra manera su destino, sino como la manifestación de una disposición poco amistosa hacia los Estados Unidos (…) Es asimismo imposible para nosotros ver con indiferencia toda forma de intromisión” (James Monroe, 1823)
Los efectos del discurso no fueron inmediatos y generaron cierto repudio por parte de los poderes de la época. Según el historiador Daniel Boorstin, el mensaje de Monroe no fue aceptado como una gran declaración de principios ni como una doctrina, “y aun cuando fue discutida durante 1824–1826, pronto dejó de tener interés por espacio de 20 años” (Boorstin 1996, 124). Esto, hasta que el presidente James K. Polk lo rescató en 1845 para apoyar la posición norteamericana en contra de la política británica respecto de Texas y Oregón, de los supuestos planes británicos sobre California (entonces provincia de México) y de la presencia británica en Centroamérica.
El presidente Ulysses S. Grant (1869–1877) amplió el sentido de la doctrina cuando “prohibió” la transferencia de territorio europeo en América de una potencia a otra (en relación a la ocupación francesa de territorio mexicano)[1], mientras que el presidente Rutherford B. Hayes (1877–1881) lo extendió aún más al sostener que todo canal interoceánico (en referencia al Canal de Panamá) debería estar bajo control americano. Y todo ello, motivado por los intereses expansionistas de Estados Unidos, oculto detrás de las creencias tradicionales sobre su excepcionalismo, su destino manifiesto, su grandeza nacional, su superioridad racial y el desorden político latinoamericano.
Venezuela y el Corolario Roosevelt
En 1902, Gran Bretaña, Alemania e Italia establecieron un bloqueo naval sobre Venezuela buscando ejercer el cobro compulsivo de su deuda externa. El gobierno de Theodore Roosevelt (1901–1909) nada había objetado originalmente a la acción de las potencias europeas porque entendía que los gobiernos tenían derecho a usar la fuerza para cobrar deudas contraídas por gobiernos latinoamericanos. Sin embargo, y dado que Alemania estaba considerando una acción similar contra República Dominicana, a Roosevelt le preocupó el hecho de que el “cobro compulsivo” fuese utilizado como pretexto para la intervención militar europea en el continente. Así, en el discurso del Estado de la Unión de finales de 1904, Roosevelt anunció que
Toda nación cuyo pueblo se conduzca bien puede contar con nuestra cordial amistad. Si una nación muestra que sabe cómo actuar con eficiencia y decencia razonables en asuntos sociales y políticos, si mantiene el orden y paga sus obligaciones, no necesita temer la interferencia de Estados Unidos. Un mal crónico, o una impotencia que resulta en el deterioro general de los lazos de una sociedad civilizada puede, en América como en otras partes, requerir finalmente la intervención de alguna nación civilizada, y en el hemisferio occidental, la adhesión de Estados Unidos a la Doctrina Monroepuede forzar a Estados Unidos, aunque sea renuentemente, al ejercicio del poder de policía internacionalen casos flagrantes de tal mal crónico o impotencia. (State 1905, xli-xlii).
Roosevelt procedió a enviar a la Marina de Estados Unidos, y ayudó a negociar y liquidar las deudas de Venezuela mediante el uso del 30% de los aranceles aduaneros hasta que se pagaron en su totalidad.
Esta acción modificó el sentido de los principios de la Doctrina Monroe de 1823, volviéndolo abiertamente coercitivo e intervencionista. Dejó claro que Estados Unidos tenía derecho a interferir en cualquier país del hemisferio para mantener el “buen orden”, lo que llevó directa e inevitablemente a la explotación latinoamericana por parte de empresas privadas estadounidenses, que contarían con ayuda de los marines si sus acuerdos comerciales se veían amenazados (Giraldi 2019). Esto dio pie a que Estados Unidos interviniera en forma unilateral en más de 30 ocasiones en el Caribe y Centroamérica entre 1898 y 1934, entre ellas en países como Panamá (1903), Santo Domingo (1904), Cuba (1906), República Dominicana (1906), Nicaragua (1911), México (1914) y Haití (1915).
Pero esto tuvo su costo. Ante las críticas y presiones panamericanas, la Casa Blanca se vio obligada a suscribir un protocolo impulsado entre otros países por Argentina (ratificado en 1936) que formalmente prohibió la intervención de todo estado en los asuntos exteriores o domésticos de otro, y reforzó el derecho de los países latinoamericanos a la auto-defensa.
En 1960 la doctrina Monroe recobró impulso. En medio del quiebre de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba, el premier soviético Nikita Khrushchev anunció en una conferencia de prensa: “consideramos que la Doctrina Monroe ha sobrevivido a su tiempo, se ha sobrevivido a sí misma, ha muerto de muerte natural, por así decirlo. Ahora, los restos de esa doctrina deberían ser bien enterrados, para que no envenene el aire con su descomposición” (Smith 2015).
Un año después, y luego de la fallida invasión de Bahía de Cochinos (1961) que tuvo como objetivo derrocar al gobierno de Fidel Castro, John F. Kennedy no sólo no negó la participación del gobierno estadounidense, sino que advirtió a los gobiernos latinoamericanos que, en el futuro, de ser necesario, no dudaría en volver a actuar unilateralmente para salvaguardar la seguridad hemisférica y contener al comunismo[2]. Al año siguiente, el gobierno estadounidense descubrió, gracias a actividades de espionaje, que la Unión Soviética había instalado misiles balísticos en Cuba. Lo que siguió fue el momento más álgido que la Guerra Fría conoció, en el que más cerca se estuvo de una guerra nuclear: la crisis de los misiles. En agosto de 1962, Kennedy dijo en conferencia de prensa:
“La Doctrina Monroe significa lo que ha significado desde que el Presidente Monroe y John Quincy Adams la enunciaron: que nos opondríamos a que una potencia extranjera extienda su poder al hemisferio occidental, y es por eso que nos oponemos a lo que está sucediendo en Cuba hoy. Es por ello que hemos cortado nuestras relaciones comerciales. Por ello por lo que trabajamos en la Organización de Estados Americanos y en otras maneras para aislar la amenaza comunista en Cuba” (New World Encyclopedia 2018).
Luego de este episodio, y ante la imposibilidad de derrocar al gobierno cubano, se sucedieron otras intervenciones en América Latina persiguiendo intereses y propósitos asociados con la Doctrina Monroe que adoptaron la forma de la política de “no a una segunda Cuba”. Bajo esta premisa se basó, por ejemplo, la invasión de República Dominicana en 1965 y el derrocamiento de Salvador Allende en Chile en 1973, mientras se empoderaba a las Fuerzas Armadas latinoamericanas para tomar las riendas de la política y se implementaban programas de contra-insurgencia en toda la región.
En 1981, Ronald Reagan evocó los principios, si no el nombre, de la Doctrina Monroe cuando afirmó: “En este lado del Atlántico debemos unirnos por la integridad de nuestro hemisferio, por la inviolabilidad de sus naciones… y por el derecho de todos nuestros ciudadanos a estar libres de las provocaciones que vienen del exterior de nuestra esfera (de influencia) con fines malévolos” (Reagan 1982, 234). Así, en el marco del recrudecimiento del conflicto con la URSS en lo que se conoció como la segunda guerra fría, Estados Unidos no sólo ordenó intervenciones en Asia y África (Afganistán y Angola), sino en América Latina: Granada, Nicaragua (affaire Irán-Contras) y El Salvador.
Venezuela y el Corolario Trump
Como hemos visto, la Doctrina Monroe ha sido invocada con frecuencia por el gobierno estadounidense y avalada por políticos y propagandistas a lo largo de todo el siglo XX. Dada la larga historia de hegemonía e intervención a la que la doctrina dio lugar, en el siglo XXI fue nuevamente exhortada para sugerir lo que pretendió ser un supuesto cambio de paradigma en las relaciones entre Estados Unidos y América Latina.
En 2013, el gobierno de Barack Obama anunció “el fin de la Doctrina Monroe”.En un discurso ante la OEA, el entonces secretario de Estado John Kerry afirmó que la relación entre Estados Unidos y América Latina debía ser la de socios equivalentes, y que la relación que su gobierno buscaba establecer era una que no esté basada en doctrinas sino en intereses y valores comunes.
Este discurso encontró su contracara en 2015, cuando se produjo el intento de golpe de estado en Venezuela en el que ya es difícil desconocer el rol jugado por el gobierno estadounidense. “Operación Jericó” (también conocida como “el golpe azul”) contó con la supervisión del Consejo de Seguridad Nacional (NSC). Si bien Washington se esforzó por no parecer implicado en los acontecimientos, un informe clasificado del Comando Sur (SouthCom) de Estados Unidos y firmado por su jefe, el Almirante Kurt Tidd, reveló que se proponía “a través de medios violentos, crear condiciones que conduzcan a un cambio eventual de gobierno, reemplazando al ejecutivo de (Nicolás) Maduro por un gobierno interino compuesto por una coalición de partidos de oposición y líderes sindicales, así como las ONG obligatorias”. Esas organizaciones supuestamente no gubernamentales eran la National Endowment for Democracy (NED), el International Republican Institute (IRI), el National Democratic Institute (NDI), la Freedom House y el International Center for Non-Profit Law. La operación estuvo bajo la supervisión del general Thomas W. Geary desde la sede del SouthCom en Miami, y de Rebecca Chávez desde el Pentágono. Como subcontratista de la parte militar aparecieron el ejército privado Academi (ex Blackwater); una firma administrada por el almirante Bobby R. Inman (ex jefe de la NSA) y John Ashcroft (ex secretario de Justicia de la administración Bush) (Meyssan 2015).
Semanas después, la Casa Blanca declaró a Venezuela como “una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos”. Esto venía a complementar la firma de una ley de 2014 en la que se imponían sanciones contra Venezuela y contra varios de sus dirigentes, considerados una “amenaza a la salud del sistema financiero estadounidense”.
Este discurso menos injerencista desde lo público, pero abiertamente interventor desde lo privado llegó a su fin con la asunción de Donald Trump, quien pronto nos recordó que la Doctrina Monroe es la que define aun los parámetros de las relaciones de poder en el continente. En un discurso dado ante la Asamblea General de la ONU en New York en septiembre de 2018, y con la crisis política en Venezuela de fondo, Trump afirmó:
“Aquí en el hemisferio occidental, estamos comprometidos a mantener nuestra independencia de la intrusión de potencias extranjeras expansionistas (…) Ha sido la política formal de nuestro país desde el presidente (James) Monroe que rechacemos la interferencia de naciones extranjeras en este hemisferio y en nuestros propios asuntos” (NODAL 2018).
En este caso, no se trata solo de la posible injerencia en la región de potencias extranjeras como Rusia y China. Se trata, sin rodeos, de una cuestión ideológica. Estados Unidos considera amenazas a los intereses norteamericanos no sólo a “potencias extra-continentales”, sino a “ideologías foráneas” como las que pregonarían gobiernos como los de Venezuela y Cuba.
Así, a las declaraciones de Trump siguieron las del por entonces secretario de Estado Rex Tillerson quien, al partir en una gira por América Latina, afirmó que la Doctrina Monroe, “es tan relevante hoy como el día en que fue escrita”. En aquel momento, Tillerson lanzó específicamente una fuerte advertencia sobre el creciente peso de China en la región: “América Latina no necesita un nuevo poder imperial que sólo busque beneficiar a su propia gente”. Desconociendo en apariencia la ironía de la frase pronunciada, y volviendo a la histórica retórica de la existencia de un imperialismo bueno y un imperialismo malo, Tillerson agregó que China “ofrece la apariencia de un camino atractivo para el desarrollo, pero esto en realidad implica a menudo el intercambio de ganancias a corto plazo por la dependencia a largo plazo”. Finalmente, aseguró que “el enfoque de Estados Unidos se basa en objetivos mutuamente beneficiosos, para ayudar a ambas partes a crecer, desarrollarse y ser más prósperas” y que en lograr ello, la Doctrina Monroe ha sido un verdadero éxito (Ahrens 2018).
En este sentido, y como ha destacado el historiador Richard Barnet, justificar las acciones interventoras del gobierno norteamericano en países o regiones con los que mantiene desiguales relaciones de poder no sólo en términos de “mutuo beneficio” sino de “beneficio para la parte más débil” es parte de la retórica de política exterior de crear la ilusión de una identidad de intereses. Históricamente, Estados Unidos ha entendido que los países pobres tienen una “responsabilidad” de desarrollar un “clima” que atraiga la inversión privada, y que el gobierno estadounidense tiene la “responsabilidad” de “persuadirlos” a que cumplan con esta “responsabilidad”. En este sentido, la posibilidad de una intervención militar de mano dura juega un rol tan central como el empleo de la ayuda para originar reformas políticas y sociales “estabilizadoras” (Barnet 1974, 240–241).
Algunos meses antes de las declaraciones de Tillerson, el consejero de seguridad nacional John Bolton, ya había advertido que la presencia china en América Latina había aumentado preocupantemente en las últimas décadas. A ello sumó su preocupación de que Rusia pudiese intentar afianzar su influencia en países como Cuba, Nicaragua, Venezuela (la “Troika del Terror”) y Honduras. Según Bolton, era justamente la injerencia rusa en Latinoamérica lo que inspiró luego a Trump “a reafirmar la Doctrina Monroe” (Bolton 2018).
Paso seguido, en un discurso dado en Florida ante veteranos de la invasión de Bahía de Cochinos, Bolton retomó esta línea. Nuevamente refiriendo a la situación en Venezuela afirmó: “Esta increíble región [América Latina] debe permanecer libre del despotismo interno y la dominación externa … Los destinos de nuestras naciones no serán dictados por potencias extranjeras; serán moldeados por las personas que llaman hogar a este hemisferio. Hoy, proclamamos con orgullo para que todos lo oigan: la Doctrina Monroe está viva y bien” (Bolton, Ambassador Bolton remarks to the Bay of Pigs Veterans Association — Brigade 2506 2019).
El 3 de mayo de 2019, Bolton fue más allá y anunció vía Twitter que “Estados Unidos no tolerará la interferencia militar extranjera en el hemisferio occidental. El presidente Trump dejó en claro que habrá costos para quienes fomenten la usurpación y represión ejercida por Maduro”. Dos días después, el mismo funcionario aseveró sin tapujos que la administración Trump concentraría sus esfuerzos en reemplazar a Maduro, y que su gobierno no tenía miedo en usar la frase “Doctrina Monroe” (Red+ 2019).
A la luz de tales declaraciones, Christopher Sabatini, profesor de asuntos internacionales en la Universidad de Columbia, declaró que “la doctrina Monroe tiene mucha historia que no es bien vista por parte de muchos latinos. Volver a ella, a pesar de que tal vez no están hablando sobre la intervención de Estados Unidos, genera toda una reacción en la memoria de intervenciones militares y económicas” (Lissardy 2019). Considerando que Estados Unidos, con la venia de sus aliados regionales, vienen amenazando con la posibilidad de una intervención armada en Venezuela hace ya por lo menos dos años, este análisis resulta, cuanto menos, bastante corto de miras.
Pero Sabatini no es el único. Luis Fleischman, asesor y especialista del Proyecto de Seguridad Hemisférica por el Centro de Política de Seguridad en Washington, DC., afirmó en una columna publicada en el periódico INFOBAE
La permanencia del régimen de Maduro es un desafío geopolítico para los Estados Unidos (…) Las sanciones deben incrementarse cada vez más. Pero eso puede no ser suficiente. Rusia, China e (introduciendo un nuevo actor) Irán deben salir del hemisferio occidental. Su presencia debilita aún más y pone en peligro la región. Lo que es peor es que la acción de estos tres poderes puede llevar a Estados Unidos a algo que hasta ahora se ha evitado: una intervención militar (Fleischman 2019).
Sosteniendo nuevamente la idea de que hay una dominación benigna (la de Estados Unidos) y otras malignas (las de Rusia, China e Irán), Fleischman entiende que Estados Unidos tiene un poder innato e indiscutible en la región, y que si interviene en Venezuela es a causa de la presencia de esos poderes malignos que pretenden inmiscuirse en esa región que no es otra cosa que coto privado estadounidense. Así, concluye que “la Doctrina Monroe, que a principios del siglo XIX declaró a América Latina como una esfera de influencia estadounidense, no es un reflejo de la ambición imperialista de Estados Unidos. Ahora es un imperativo de seguridad nacional y regional”(Fleischman 2019).
Sin embargo, y contradiciendo estos análisis, Estados Unidos refiere constantemente a la posibilidad de una intervención en Venezuela. Afirmando reiteradas veces que “todas las opciones están sobre la mesa”, el gobierno estadounidense ha referido abiertamente a la posibilidad de una intervención militar directa, luego de que otras estrategias de injerencia indirecta, como fomentar el aislacionismo económico y diplomático, la implementación de sanciones al sector petrolero de ese país, o la formación de una coalición regional en procura de introducir ayuda humanitaria como el Grupo Lima, no condujeron al resultado esperado: un cambio de gobierno.
En este sentido, este “corolario Trump a la Doctrina Monroe” implica una nueva fase en el proceso de expansión y hegemonía regional estadounidense. El mismo considera la necesidad de mantener no sólo la presencia de otras potencias extranjeras fuera del continente (cual sea la forma que esa presencia adopte), sino a esas “ideologías foráneas” (por decantación anti-democráticas) que estas potencias portan. Ejerciendo su ya proclamado poder de policía internacional y su hegemonía regional para intervenir en las cuestiones domésticas de los países del continente en los que los “intereses norteamericanos” (una noción cada vez más amplia y vaga) se vean amenazados, Estados Unidos proclama prerrogativas de intervención para corregir el curso de los países de la región. Y anuncia que esa intervención será directa y abierta, y considerará el enfoque de la respuesta flexible (presiones y sanciones diplomáticas, políticas, económicas). Y si eso no alcanza, se apelará a la invasión militar para resguardar lo que entienden como intereses estratégicos y económicos bajo el manto de la seguridad nacional (“America First”).
En un momento en el que los protagonistas históricos de la conformación y relectura de la Doctrina Monroe se hacen presentes (Rusia, Venezuela y Estados Unidos), la Administración Trump le da nueva vida a una doctrina que, en el fondo, nunca dejó de prestar lineamientos a la política exterior estadounidense hacia América Latina. Considerando que la misma evidencia la noción del rol del gobierno norteamericano como juez y parte de lo que constituye un gobierno aceptable en el continente americano, es importante recuperar las poco recordadas palabras de Robert Lansing, secretario de Estado de Woodrow Wilson:
En su defensa de la Doctrina Monroe, Estados Unidos considera sus propios intereses. La integridad de otras naciones americanas es un incidente, no un fin. Si bien esto puede parecer basado solo en el egoísmo, el autor de la Doctrina no tuvo un motivo más elevado ni más generoso en su declaración. Afirmar para ello un propósito más noble es proclamar una nueva y diferente doctrina. (Lansing 1914)
Notes
[1] El emperador francés Napoleón III había establecido un gobierno colonial en México en 1862. Bajo el pretexto de cobrar las deudas del gobierno mexicano, Francia, Gran Bretaña y España ordenaron el desembarco de batallones militares en México. Sin embargo, ante las pretensiones francesas de establecer una monarquía en América, Gran Bretaña y España abandonaron la empresa. Grant, escudado en los principios de la doctrina Monroe, reforzó la frontera mexicano-estadounidense, y se aprestó a apoyar a las fuerzas de Benito Juárez para expulsar a los franceses (Hardy 2008).
[2] “Any unilateral American intervention, in the absence of an external attack upon ourselves or anally, would have been contrary to our tradition and to our international obligations. But let the record show that our restraint is not inexhaustible. Should it ever appear that the Inter-American doctrine of nonintervention merely conceals or excuses a policy of non-action — if the nations of the hemisphere should fail to meet their commitments against outside communist penetration — then I want it clearly understood that this government will not hesitate in meeting its primary obligations which are to the security of our nation” (John F. Kennedy, en Robbins 1983, 304)
Referencias
Aguirre, Robert W. The Panama Canal. Leiden-Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 2010.
Ahrens, Jan Martínez. “Tillerson alerta de la expansión de China y Rusia en América Latina.” El País, Febrero 2, 2018.
Barnet, Richard J. Guerra perpetua. México: Fondo de Cultura Económica Breviarios, 1974.
Hardy, William E. “South of the Border: Ulysses S. Grant and the French Intervention.” Civil War History (The Kent State University Press) 54, no. 1 (2008): 63–86.
Hunt, Michael H. Ideology and US Foreign Policy . New York & Londres: Yale University Press, 1987.
Robbins, Carla Anne. The CubanThreat. McGraw Hill Book Company, 1983.
Smith, Gaddis. The Last Years of the Monroe Doctrine: 1945–1993. Farrar, Straus and Giroux, 2015.
State, US Department of. Papers relating to the Foreign relations of the United States, with the Annual Message of the President transmitted to Congress, 6 december 1904. Washington DC.: GPO, 1905.
Ward, Alex. “John Bolton just gave an “Axis of Evil” speech about Latin America.” Vox. noviembre 1, 2018
Vietnam wasn’t supposed to rear its head in 2016. With the election of Barack Obama, the first president to have come of age after the war’s close, many political observers expected that the quadrennial debate over who served and who dodged—an issue in every presidential election from 1992 through 2004—was at last over. Leave it Trump to drag it back into the public square on Saturday, when he derogated the wartime service of Sen. John McCain, a combat veteran who endured five years of torture as a POW in the notorious Hanoi Hilton. “I like people that weren’t captured,” he said.
The Donald, who received a medical deferment in 1968 for bone spurs in his heels, seems genuinely confused by the backlash. It would be easy to write his nescience off as a form of adolescent self-absorption (though, in fairness to adolescents, most probably know how to recognize a war hero when they see one).
But part of his problem owes to a lasting historical legacy of the Vietnam War. Simply put, Vietnam was an internal class war as well as a war against a foreign belligerent. Unlike all American conflicts that preceded it, Vietnam drew sharp lines between those with means and those without. Young men from privileged backgrounds who served in Vietnam, like John McCain and John Kerry, usually did so electively, and as officers. Most working-class men, on the other hand, had no choice. They could join or be drafted, and almost always, they were enlisted.
We tend to lump the “sixties generation” into one undifferentiated cohort. But there was considerable divergence between the experiences of working-class men and those of their more privileged peers. This departure explains much about politics in the 1970s and 1980s, as well as some of Donald Trump’s current struggle.
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In September 1967 the New YorkTimes spent several days following a group of 18-year-old students as they arrived at area colleges. Freshman orientation, the paper observed, was a wonderland of “boat rides, excursions and get-together dinners.” From the moment of their arrival, freshmen were greeted with open arms and made to feel like important members of the collegiate community. At Columbia University, volunteers helped them move into their dorm rooms. University administrators hosted teas and lunch receptions to welcome them to campus. At nearby schools like Vassar and Hofstra, students learned that they were free to attend faculty and administration meetings. At Baruch College, part of the City University of New York system, the associate dean assured freshmen that if they had “any problems or complaints, come and talk to me about it. My door is always open.”
Hundreds of miles and many worlds away, young men like Ron Kovic experienced an altogether different rite of passage. Filing off a military bus at Parris Island, South Carolina, in the pitch dark of night, Kovich and his fellow Marine recruits were greeted by a tall, muscular drill instructor who gave them three seconds to line up on yellow-painted footprints spanning the hard concrete parade deck. “Awright, ladies!” the DI barked. “My name is Staff Sergeant Joseph. This is Sergeant Mullins. I am your senior drill instructor. You will obey both of us. You will listen to everything we say. You will do everything we tell you to do. Your souls today may belong to God, but your asses belong to the United States Marine Corps.”
While college deans invited incoming students to join them for sandwiches and orientation lectures, Staff Sergeant Joseph berated his trainees. “There are eighty of you, eighty young warm bodies,” he yelled, “eighty sweatpeas … and I want you maggots to know today that you belong to me … until I have made you into marines.”
Roughly 27 million young men came of draft age between 1964 and 1973—the peak years of American military engagement in Southeast Asia. Of that total, 2.5 million men served in the Vietnam War. Roughly 25 percent of all enlisted men who served in Vietnam were from poor families, 55 percent from working-class families, and 20 percent from the ranks of the middle class. In an era when half of all Americans claimed at least some post-secondary education, only 20 percent of Vietnam War servicemen had been to college, while a staggering 19 percent had not completed 12th grade. “When I was in high school, I knew I wasn’t going to college,” remembered a typical recruit. “It was really out of the question. Even graduating from high school was a big thing in my family.”
Among enlisted men who fought in Vietnam, roughly one-third were drafted, one-third joined entirely out of choice and one-third were “draft-motivated” enlistees who expected to be swept up by the Selective Service and volunteered in hopes of choosing the branch and location of their service. Many recruits who joined of their own volition had few alternative options. Unemployment rates for young men hovered around 12.5 percent in the late 1960s (over double that figure for young black men), and even in places where unemployment was low, companies were reluctant to hire and train young working-class men, for fear they would soon be drafted. “You try to get a job,” explained one such unemployed man, “and the first thing they ask you is if you fulfilled your military service.”
By contrast, middle-class boomers enjoyed a host of options in avoiding the draft. The government extended deferments to students enrolled in college or graduate school, but only to those who were full-time students. For one draftee who was working his way through the University of Hartford, the deferment system proved useless. “I was in school,” he recalled. “But I was only carrying a course load of nine credits. You had to have 12 or 15 back then [to earn a deferment]. But I was working two jobs and didn’t have time for another three credits.” Selective Service snatched him up.
Potential conscripts could also avoid the draft if they furnished military authorities with proof of psychiatric or medical ineligibility, but as a general rule, few working-class families enjoyed regular access to private physicians who could furnish or fabricate evidence of long-term treatment for a qualifying disability. Even something so simple as orthodontic braces were grounds for ineligibility, but few working-class men could afford to pay $2000 for elective dental work.
Because of the built-in bias in the draft system, Vietnam split Americans by class and geography. Three affluent towns in Massachusetts—Milton, Lexington and Wellesley—lost 11 young men in the war out of a total population of roughly 100,000. Nearby Dorchester, a working-class enclave with a comparable population, saw 42 of its sons die in southeast Asia. A study conducted in Illinois found that young men from working-class neighborhoods were four times as likely to be killed in the war as men from middle-class neighborhoods, while in New York, Newsday studied the backgrounds of 400 Long Island men who died in Vietnam and concluded that they “were overwhelmingly white, working-class men. Their parents were typically blue collar or clerical workers, mailmen, factory workers, building tradesmen, and so on.” In 1970, where a man lived, who his parents were, and how he grew up mattered enormously.
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For most enlisted men who fought on the front lines in Vietnam, boot camp followed a predictable pattern. “They strip you, first your hair,” one veteran recalled. “I never saw myself bald before. … Guys I had been talking to not an hour before—we were laughing and joking—I didn’t recognize no more. … It’s weird how different people look without their hair. That’s the first step.” New servicemen began a grueling routine of physical and mental conditioning that began each day at dawn 4:00 a.m. and lasted until after sunset. Long hours of pushups, sit-ups, marches and outdoor infantry training were de rigueur.
After basic, new servicemen underwent several weeks of training for their military occupational specialty (MOS) and then shipped off for the balance of their service. For many enlisted men, this meant 12 or 13 months in Vietnam, followed by another six months of stateside service.
From the very start, war was surreal. Rather than send servicemen by military transport, the government contracted with commercial airlines to shuttle fresh troops to Southeast Asia. The sleek civilian jets were “all painted in their designer colors, puce and canary yellow,” remembered one veteran. “There were stewardesses on the plane, air conditioning. You would think we were going to Phoenix or something.” One veteran remembered that “you could cut the fear on that plane with a knife. You could smell it.”
En mi estudio reciente de 14 presidentes desde 1945, 
En este corto ensayo, el profesor 
El Imperio de Calibán 