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Comparto con mis lectores esta excelente reseña del más reciente libro de la historiadora Elizabeth Hinton, escrita por Keeanga-Yamahtta Taylor del Departamento de Estudios Afroamericanos de la Universidad de Princeton. Titulado America on Fire: The Untold History of Police Violence and Black Rebellion Since the 1960s, el libro de Hinton examina  las rebeliones de las comunidades afromericanas posteriores a la aprobación de las reformas en que culminó el movimiento de los derechos civiles. La Dra. Hinton es profesora asociada en los departamentos de Historia y Estudios Afromericanos de la Universidad de Yale.


Opinion | It's Police Violence That Spurs Black Rebellion - The New York  Times

La historia desconocida de los levantamientos negros

Keeanga-Yamahia Taylor

Black Agenda Report   1 de julio de  2021

Desde la declaración del cumpleaños de Martin Luther King, Jr. como feriado federal, nuestro país ha celebrado el movimiento por los derechos civiles, valorizando sus tácticas de no violencia como parte de nuestra narrativa nacional de progreso hacia una unión más perfecta. Sin embargo, rara vez nos preguntamos sobre la corta vida útil de esas tácticas. En 1964, la no violencia parecía haber seguido su curso, cuando Harlem y Filadelfia se encendieron en llamas para protestar contra la brutalidad policial, la pobreza y la exclusión, en lo que fueron denunciados como disturbios. Siguieron levantamientos aún más grandes y destructivos en Los Ángeles y Detroit, y, después del asesinato de King, en 1968, en todo el país: un tumulto ardiente que llegó a ser visto como emblemático de la violencia urbana y la pobreza negras. El giro violento en la protesta negra fue condenado en su propio tiempo y continúa siendo lamentado como un trágico retiro de los nobles objetivos y comportamiento del movimiento impulsado por las iglesias afroamericanas.

En el quincuagésimo aniversario de la Marcha sobre Washington, en agosto de 2013, el entonces presidente Barack Obama  cristalizó esta representación histórica cuando dijo:  “si somos honestos con nosotros mismos, admitiremos que, durante el transcurso de cincuenta años, hubo momentos en que algunos de nosotros, afirmando presionar por el cambio, perdimos nuestro camino. La angustia de los asesinatos provocó disturbios contraproducentes. Las quejas legítimas contra la brutalidad policial se inclinaron en la fabricación de excusas para el comportamiento criminal. La política racial podía cortar en ambos sentidos, ya que el mensaje transformador de unidad y hermandad era ahogado por el lenguaje de la recriminación”. Así, dijo Obama, “es como se estancó el progreso. Así se desvió la esperanza. Así es como nuestro país se mantuvo dividido”.

America on Fire: The Untold History of Police Violence and Black Rebellion  Since the 1960s (English Edition) eBook: Hinton, Elizabeth: Amazon.es:  Tienda KindleEsta percepción de los disturbios como el declive del movimiento no violento ha marginado el estudio de los mismos dentro del campo de la historia. Como resultado, la creencia generalizada sobre “los disturbios” de los años sesenta subestima enormemente la escala de la insurgencia negra y su significado político. En su nuevo libro, America on Fire: The Untold History of Police Violence and Black Rebellion Since the 1960s, la historiadora de Yale Elizabeth Hinton recupera un período mucho más largo e intenso de rebelión negra, que continuó en los años setenta. Al hacerlo, desafía el rechazo de lo que ella describe como el “giro violento” en la protesta negra, forjando un nuevo terreno en nuestra comprensión de las tácticas empleadas por los afroamericanos en respuesta a la violencia extralegal de la policía y los residentes blancos y los problemas no resueltos de la desigualdad racial y económica.

Utilizando datos compilados por el Comité del Senado sobre Operaciones Gubernamentales y el Centro Lemberg para el Estudio de la Violencia, Hinton compila una impresionante lista de más de mil levantamientos, mucho más allá de aquellos con los que estamos más familiarizados. Hemos subestimado enormemente el grado en que Estados Unidos estuvo literalmente en llamas de 1968 a 1972, años que Hinton describe convincentemente como el “período de crisol de rebelión”. De hecho, sólo en 1970 hubo más de seiscientas rebeliones. Hinton también llega a la conclusión clave de que casi todas estas rebeliones se produjeron en respuesta a la escalada de intervenciones policiales, intimidación y acoso. Ella escribe: “La historia de la rebelión negra en todas las regiones y décadas demuestra una realidad fundamental: la violencia policial precipita la violencia comunitaria”.

En el verano de 1968, en Stockton, California, dos oficiales de policía intentaron sin éxito disolver una fiesta en un desarrollo de vivienda pública. La situación escaló rápidamente cuando llegaron más de cuarenta policías blancos más, escribe Hinton, convirtiendo la “fiesta en una protesta”. La policía ordenó a la multitud que se dispersara; en su lugar, arrojaron a la policía con piedras y botellas. La policía hizo algunas detenciones, pero apenas restableció el orden. Al día siguiente, dos oficiales fueron enviados a investigar los informes de un disturbio en el gimnasio del proyecto de vivienda; los residentes encerraron a los policías dentro del gimnasio y, escribe Hinton, durante más de dos horas, una multitud de doscientas cincuenta personas “lanzó bombas incendiadas, piedras y botellas contra el edificio gritando ‘¡cerdos!’ y otros insultos”. Más de un centenar de policías, agentes del comisarío y patrulleros de carreteras llegaron al lugar; la multitud liberó a los dos oficiales, pero continuó lanzando bombas incendiarias contra el gimnasio, los automóviles cercanos e incluso una escuela primaria. Muchos de ellos eran adolescentes. Finalmente, la policía llamó a sus padres, una estrategia que funcionó cuando los niños finalmente se fueron a casa.

Harvard's Elizabeth Hinton named 2018 Carnegie Fellow – Harvard Gazette

Elizabeth Hinton

En Akron, Ohio, en agosto de 1970, la policía intentó disolver una pelea entre jóvenes negros; una multitud que los atacó con piedras durante varias horas. Al día siguiente, la violencia se intensificó, ya que los jóvenes lanzaron escombros más pesados, como bloques de hormigón y botellas de vidrio, y dañaron automóviles e hirieron a transeúntes. Finalmente, después de dos días de escaramuzas con la policía, escribe Hinton, “mil personas, en su mayoría en edad de escuela secundaria, salieron lanzando piedras y otros objetos”. La policía desplegó más de treinta botes de gas lacrimógeno para dispersar a los rebeldes, pero la presencia de la policía fue, en sí misma, la provocación. Los agentes se trasladaron al perímetro para poder vigilar pero no agitar más a la multitud. Esta fue una estrategia de corta duración: luego hicieron otra demostración de fuerza, lo que provocó otra ronda de conflicto que, según los informes, resultó en la destrucción de la propiedad.

 

Rebeliones similares ocurrieron desde Lorman, Mississippi, a Gum Spring, Virginia, en 1968, y Pine Bluff, Arkansas, a Erie, Pennsylvania, en 1970. Aunque el Sur es visto como el sitio del movimiento no violento de derechos civiles y el Norte como donde murieron sus nobles objetivos, la gran escala de levantamientos negros, desde las ciudades del sur hasta las ciudades del medio oeste, revela una insatisfacción generalizada con la protesta pacífica como un medio para lograr el cambio social, lo que puede sugerir que reconsideremos la suposición de que el movimiento de derechos civiles tuvo éxito. Para Hinton, la magnitud de los levantamientos, que involucraron a decenas de miles de afroamericanos comunes y corrientes, desafía la idea de que estos fueron “disturbios” sin sentido que involucraron a personas díscolos o equivocadas. También lo hace el hecho de que la violencia negra casi siempre vino en respuesta a la violencia blanca dirigida a controlar las aspiraciones y vidas de los negros. Hinton escribe: “Estos eventos no representaron una ola de criminalidad, sino una insurgencia sostenida. La violencia fue en respuesta a momentos de racismo tangible —’un solo incidente’, como dijo [el presidente Lyndon] Johnson— casi siempre tomando la forma de un encuentro policial. Sin embargo, las decenas de miles de afroamericanos que participaron en esta violencia colectiva se rebelaban no sólo contra la brutalidad policial. Se estaban rebelando contra un sistema más amplio que había arraigado condiciones desiguales y violencia contra los negros a lo largo de generaciones”.

Hinton no solo recupera la resistencia negra; también expone una larga, e ignorada, historia de violencia política blanca, utilizada para mantener el estatus subordinado de las comunidades negras. El libro de Hinton comienza familiarizando a los lectores con la historia del vigilantismo blanco posterior a la emancipación, que duró hasta bien entrado el siglo XX. El más infame de estos asaltos tuvo lugar en 1921, en Tulsa, Oklahoma, donde trescientos afroamericanos fueron masacrados  por sus vecinos blancos. Pero, incluso después de la Segunda Guerra Mundial, cuando millones de afroamericanos escaparon del asfixiante racismo del sur de Estados Unidos, fueron recibidos en otros lugares por turbas blancas ansiosas por mantenerlos confinados en enclaves segregados. No es exagerado decir que  decenas de miles  de personas blancas participaron en formas de violencia alborotadas  para, como escribe Hinton, “vigilar “las actividades de los negros y limitar su acceso a los empleos, el ocio, la franquicia y a la esfera política”.

Revuelta de Watts en 1965

La policía blanca no sólo se mostró reacia a arrestar a los perpetradores blancos; en muchos casos, participaron en la violencia. Hinton dedica un capítulo entero a las formas en que los supremacistas blancos y la policía convergieron, en nombre de la ley y el orden, para dominar a las comunidades negras rebeldes. Fuera de las grandes áreas metropolitanas, las fuerzas policiales con poco personal recurrieron a ciudadanos blancos para patrullar y controlar las protestas negras. Según Hinton, en agosto de 1968, en Salisbury, Maryland, el departamento de policía “instaló una fuerza de voluntarios totalmente blanca de 216 miembros para ayudar a la fuerza regular de 40 hombres en caso de un motín”. En otros casos, los policías blancos permitieron que los residentes blancos acosaran, golpearan, dispararan e incluso asesinaran a los afroamericanos sin represalias. En la pequeña ciudad de Cairo, Illinois, una rebelión negra en 1967 reunió a policías blancos y vigilantes blancos en un esfuerzo concertado para aislar y reprimir a los afroamericanos. Después del levantamiento inicial, provocado por la sospechosa muerte de un soldado negro en la cárcel de la ciudad, los residentes blancos formaron un grupo de vigilantes apodado el Comité de los Diez Millones, un nombre inspirado en una carta escrita por el ex presidente Dwight Eisenhower, que pedía un “comité de diez millones de ciudadanos” para restaurar la ley y el orden después de los levantamientos en Detroit y Newark. La policía de El Cairo delegó a este grupo para patrullar los barrios negros, incluido el complejo de viviendas públicas Pyramid Courts, donde vivía la mayoría de los casi tres mil negros de El Cairo. En 1969, los “sombreros blancos”, como los miembros del comité se habían llamado a sí mismos, dispararon contra Pyramid Courts. Cuando los residentes negros tomaron las armas en defensa propia, periódicamente se impusieron toques de queda, pero se aplicaron solo a los residentes de Pyramid Courts. En respuesta, la Guardia Nacional fue usada periódicamente para vigilar Pyramid Courts. Pero la policía local también disparó contra en el residencial con ametralladoras desde un vehículo blindado (descrito por los lugareños negros como el Gran Intimidador). Nadie murió, pero las familias negras a veces dormían en bañeras para evitar los disparos. Los hombres negros también dispararon a las luces de la calle para oscurecer la vista de los francotiradores blancos. Esto equivalía a una guerra contra los residentes negros de El Cairo, que duró hasta 1972. Hinton cuenta que el alcalde de El Cairo concedió una entrevista a ABC News, en 1970, en la que dijo, de los ciudadanos negros: “Si tenemos que matarlos, tendremos que matarlos… Me parece que esta es la única forma en que vamos a resolver nuestro problema”. Hinton señala que, en todos los cientos de rebeliones de este período, “la policía no arrestó a un solo ciudadano blanco… a pesar de que los ciudadanos blancos habían sido perpetradores e instigadores. Los blancos podrían atacar a los negros y no enfrentar consecuencias; los negros fueron criminalizados y castigados por defenderse a sí mismos y a sus comunidades”.

From the War on Poverty to the War on Crime: The Making of Mass  Incarceration in America: Hinton, Elizabeth: 9780674737235: Amazon.com:  BooksHinton se basa en los argumentos de su libro anterior, From the War on Poverty to the War on Crime, para explicar cómo las rebeliones del período 1968-72 llegaron a ser pasadas por alto. La declaración de Lyndon Johnson de una “guerra contra el crimen”, en 1965, dotó de nuevos recursos a las fuerzas del orden locales, reduciendo la necesidad de usar la Guardia Nacional y las tropas federales para acabar con las rebeliones negras. La ausencia de intervención federal eliminó estos conflictos del foco nacional, convirtiéndolos en asuntos locales. Mientras tanto, la acumulación de fuerzas de policía locales, vagamente empaquetadas como “policía comunitaria”, promovió la invasión policial de todos los aspectos de la vida social de los negros, transformando las transgresiones juveniles típicas en excusas para los ataques policiales contra los jóvenes negros. Los lugares donde se congregaban los jóvenes negros, incluidos los desarrollos de viviendas públicas, las escuelas públicas e históricamente los colegios y universidades negros, ahora eran sitios de vigilancia policial y posible arresto. Estos encuentros entre la policía y los jóvenes negros prepararon el escenario para lo que Hinton describe como “el ciclo” de abuso policial, en el que las incursiones policiales provocaron una respuesta violenta, lo que justificó una mayor presencia policial y, en otro giro, respuestas más combativas. En este período, que vio el ascenso del Partido Pantera Negra y la radicalización de la política negra mucho más allá de la expectativa de simplemente lograr la igualdad con los blancos, los jóvenes negros en las comunidades de clase trabajadora lucharon contra los intentos de la policía de criminalizar sus actividades diarias o de atraparlos en el sistema de justicia penal que altera la vida.

La resistencia negra tomó diferentes formas, desde residentes negros que golpeaban a la policía con ladrillos y botellas hasta francotiradores negros que disparaban contra la policía, con el propósito de expulsarlos de sus comunidades. Los francotiradores negros, en particular, sirvieron a las fantasías políticas que demonizaban todas las formas de resistencia negra como patológicas y merecedoras de una pacificación violenta. De 1967 a 1974, el número de policías muertos en el cumplimiento del deber saltó de setenta y seis a ciento treinta y dos, la cifra anual más alta de la historia. Pero esos totales fueron empequeñecidos por el número de jóvenes negros asesinados por la policía en el mismo período. Hinton informa que, entre 1968 y 1974, “los negros fueron víctimas de uno de cada cuatro asesinatos policiales”, lo que resultó en que casi cien hombres negros menores de veinticinco años murieran a manos de la policía en cada uno de esos años. En comparación, hoy solo una de cada diez personas muertas por la policía es negra, según los Centros para el Control de Enfermedades. (Hinton cita esta cifra, pero señala que puede representar un subregistro).

Soldados reprimiendo protestas en Detroit

Este ciclo de abuso no podía continuar. El período de rebeldía había terminado a finales de los años setenta. No fue la reforma la que puso fin, sino la represión. La prisión se convirtió en una forma de tratar con los jóvenes negros combativos. A mediados de los años setenta, según Hinton, el setenta y cinco por ciento de los afroamericanos encarcelados eran menores de treinta años. La rebelión como rechazo colectivo de los actos cotidianos de violencia policial se volvió poco frecuente, escribe, ya que “los estadounidenses negros se habían resignado más o menos a la vigilancia policial de la vida cotidiana”. Durante los últimos cuarenta años, los levantamientos en respuesta al abuso policial “han tendido a estallar solo después de incidentes excepcionales de brutalidad policial o justicia abortada”.

En algunas de las secciones más importantes de America on Fire, Hinton desentraña sistemáticamente los fracasos de la reforma policial. Hace más de cincuenta años, la Comisión Kerner llegó a la conclusión condenatoria de que, a menos que hubiera una redistribución masiva de recursos en las comunidades negras, los patrones de segregación en todo Estados Unidos se profundizarían y, junto con ellos, el resentimiento y las represalias de los afroamericanos. Como se observa en el informe:

Ningún estadounidense—blanco o negro—puede escapar a las consecuencias de la continua decadencia social y económica de nuestras principales ciudades. Sólo un compromiso con la acción nacional a una escala sin precedentes puede dar forma a un futuro compatible con los ideales históricos de la sociedad estadounidense. La mayor necesidad es generar una nueva voluntad, la voluntad de gravarnos a nosotros mismos en la medida necesaria, para satisfacer las necesidades vitales de la nación.

Pero, sin mecanismos claros para hacer cumplir las recomendaciones de esta comisión, estas   fueron ignoradas. La Comisión Kerner estableció un modelo para las comisiones sobre raza, policía y desigualdad que ha persistido hasta el presente, creando un rico archivo de audiencias públicas que documentan el racismo y el abuso dirigido a los ciudadanos negros que ha llevado a que se haga muy poco al respecto.

Kerner Commission - Wikipedia

Comisión Kerner

Esta sombría realidad es evidencia de la miopía de la premisa liberal de que exponer un problema es el primer paso en su resolución. De hecho, como explicó la Comisión Kerner, solucionar esos problemas requeriría una acción sin precedentes. Significaría usar los poderes del poder judicial y la burocracia federal para desmantelar los sistemas de segregación residencial, segregación escolar y la segmentación racial de los lugares de trabajo estadounidenses. También significaría aprovechar los recursos financieros para poner fin a la pobreza endémica que hizo que los afroamericanos sean desproporcionadamente vulnerables y visibles para la policía en primer lugar. En cambio, pocos meses después de la publicación del Informe Kerner, Richard Nixon  llevó a cabo una exitosa campaña presidencial impugnando la rebelión negra como mero “crimen” mientras argumentaba que podía restaurar la ley y el orden en las ciudades de la nación. Cuando se postuló para la reelección, en 1972, Nixon combinó su tema de la ley y el orden y una nueva declaración de una “guerra contra las drogas” con un mensaje anti-bienestar social que se convertiría en un tema de la política republicana durante una generación, cohesionando una nueva “mayoría silenciosa” blanca en torno a la política del resentimiento racial y subordinando las demandas de la minoría negra. Hinton pinta un panorama sombrío, en el que la doble agenda de la administración Reagan, de fortalecer la aplicación de la ley mientras se debilitan los programas sociales, ayudó a mantener las condiciones que legitimaron los poderes en expansión de la policía y el crecimiento de las poblaciones carcelarias. Aunque el aumento de las tasas de homicidios parecía atenuar la lógica de que más medidas de control del crimen harían a las personas más seguras, cualquier escepticismo se describió fácilmente como una preocupación insuficiente por la seguridad y el crimen. Políticamente, los funcionarios electos se incitaron unos a otros a exigir leyes más duras, castigos más duros, una aplicación más estricta. Entre 1970 y 1980, el número de personas encarceladas en prisiones federales y estatales aumentó en un cincuenta por ciento.

Más de cincuenta años después de la Comisión Kerner, hemos visto en los últimos ocho años el regreso de las rebeliones negras en respuesta a la creciente desigualdad que ha sido manejada por las fuerzas de la policía racista y abusiva. Esto no es historia que se repite; es evidencia de que los problemas que dieron lugar a rebeliones negras anteriores no se han resuelto. Hinton observa que el “movimiento contemporáneo por la justicia racial se ha basado en tradiciones anteriores, creando un tipo de protesta militante y no violenta que mezcló las tácticas de acción directa del movimiento de derechos civiles con las críticas al racismo sistémico que a menudo se identifican con el poder negro”. Hinton argumenta que la persistencia de la desigualdad, junto con los nuevos ciclos de violencia entre los policías y las fuerzas del orden, es evidencia de que debemos “ir más allá de la reforma”. Pero el tamaño de esa tarea parece detener a Hinton en seco. Ella no es ingenua sobre la dificultad de efectuar los cambios que son necesarios para frenar a la policía abusiva y al mismo tiempo resolver las desigualdades profundas y de larga data que siempre legitiman la policía. Con esto en mente, evita la tentación de envolver cuidadosamente esta historia con sugerencias simplistas para más políticas públicas que no tienen ninguna posibilidad de aprobación o que inevitablemente no se aplicarán. Sin embargo, sugiere que se reformen las fórmulas de impuestos regresivos que privan de financiamiento a los programas públicos. También pide que se establezca un sistema de justicia “basado en el principio de reparación en lugar de retribución”. Pero estas recomendaciones palidecen en comparación con el poder de la protesta colectiva que ella expertamente documenta a lo largo del libro.

Los Angeles Riots of 1992 | Summary, Deaths, & Facts | Britannica

Los Ángeles, 1992

No hay respuestas fáciles a la pregunta de cómo poner fin al ciclo de policía racista y abusivo, pero la fuerza de la resistencia y la rebelión ha sido la forma más eficaz de exponer el problema y presionar a las autoridades para que actúen. La mayor diferencia entre ahora y el período de rebelión de crisol anterior es que los levantamientos de hoy son cada vez más multirraciales. Desde el levantamiento en Los Ángeles en 1992 y ciertamente las rebeliones del verano pasado, latinx y la gente blanca común se han inspirado en la rebelión como una forma legítima de protesta. Las rebeliones del verano pasado involucraron a miles de personas blancas que también estaban enojadas por los abusos de la policía y por la creciente injusticia de nuestra sociedad. Las demandas de los manifestantes de “desfinanciar a la policía” reunieron a nuevas coaliciones para desafiar las realidades políticas entrelazadas de financiar la aplicación de la ley e ignorar los servicios de bienestar social, al tiempo que inyectaron nuevos argumentos en la discusión pública de este problema tan antiguo de abuso policial racista. Esto no acabará con la brutalidad policial, pero puede ampliar el número de personas que también se ven a sí mismas como víctimas de políticas públicas deformes. Cuanto más grande es el movimiento, más difícil es mantener el status quo.

Traducido por Norberto Barreto Velázquez.

 

 

 

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Retomo el análisis del libro Crucible of Empire que inicié a mediados de noviembre pasado. En esta ocasión enfocaré un corto, pero muy interesante ensayo de la historiadora norteamericana Anne L. Foster, titulado “Prohibiting Opium in the Philippines and the United States. The Creation of an Interventionist State”. La Dra. Foster es profesora asociada en el Departamento de Historia de la  Indiana State University. Ésta es autora de numerosos ensayos en diversas revistas  profesionales y coeditora, junto al sociólogo Julian Go, de una colección de ensayos titulada The American State in the Philippines: Global Perspectives (Duke University Press, 2003, ISBN: 0-8223-3099-7, publicado en las Filipinas por Anvil Press en 2005). Las áreas de especialidad de la profesora Foster son la historia de las relaciones exteriores de los Estados Unidos y del sudeste asiático.

En “Prohibiting Opium”, Foster examina la política norteamericana contra el consumo de opio en las Filipinas como parte de la orientación temática del libro que forma parte, es decir, como un mecanismo para examinar cómo las colonias estadounidenses influyeron en el desarrollo político de su metrópoli. Según la autora, el desarrollo de una política prohibiendo el consumo de opio en las Filipinas ha sido poco atendida, a pesar de su innegable importancia para entender el origen de las políticas anti-drogas en los Estados Unidos. Los norteamericanos prohibieron el opio en las Filipinas en 1908, seis años antes que en el territorio continental estadounidense, lo que le permite a Foster alegar que  el proceso filipino influyó de forma decisiva en la decisión en contra de los opiáceos en los Estados Unidos. Tal decisión conllevó la aprobación de la primera ley anti-narcóticos en la historia norteamericana.

Fumadero de opio, Manila, 1924.

Según Foster, la campaña en contra del opio en las Filipinas estuvo liderada por misioneros norteamericanos llegados a las islas después de 1898 y procedentes, en su mayoría, de la China. Estos misioneros vieron en la adquisición de las Filipinas una oportunidad para promover la prohibición del consumo de opio en los Estados Unidos. En otras palabras, la autora nos da un gran ejemplo de cómo se entrecruzan las esferas domésticas e imperial dentro de una relación colonial, pues los misioneros utilizan  la colonia como base para iniciar una política que se pretende exportar hacia la metrópoli.  De esta forma, la colonia deja de ser un mero receptor de las políticas e influencias procedentes de la metrópoli  y se convierte en un campo de experimentación social, legal y policial. Los frutos de tal experimentación  trascienden la sociedad colonial y terminan siendo implantados en la metrópoli.

Manila a principios del siglo XX.

Los objetivos de los misioneros chocaron con la actitud poco cooperadora de los oficiales coloniales norteamericanos, quienes no vieron con simpatía la prohibición del consumo de opio en las Filipinas. De acuerdo con Foster, el interés económico influyó  de manera decisiva en  la actitud de los oficiales coloniales porque el comercio de opio representaba una “fuente estable de ingresos” para el gobierno de las islas. Además, los oficiales coloniales se preguntaban, no sin alguna razón, por qué prohibir el opio en las Filipinas si su consumo era legal en la metrópoli.

La  estrategia de los misioneros en su lucha contra el opio en las Filipinas fue   asociar  su consumo con China y lo chino. Según Foster, ello respondió a una razón muy sencilla: la mayoría de ellos habían vivido en territorio chino, donde el  uso de la droga estaba muy extendido. Los misioneros estadounidenses habían sido testigos presenciales del efecto del uso del opio entre los chinos y usaron esas experiencias como argumento para conseguir su ilegalización en las Filipinas como un primer paso hacia su prohibición en los Estados Unidos. La presencia de chinos opiómanos en las Filipinas facilitó su labor, dándoles una justificación adicional.  Los  misioneros estadounidenses no eran los únicos en asociar el opio como un vicio chino, pues en los países del sudeste asiático era común la creencia de que los  chinos eran más propensos a su uso que los locales. En el caso filipino, el gobierno colonial español había limitado legalmente el consumo de opiáceos a los habitantes chinos de las islas, lo que unido al costo de este vicio, limitó el consumo de la droga entre los filipinos.

Los opositores del consumo de opio usaron la asociación de éste con los chinos para promover su prohibición tanto en los Estados Unidos como en las Filipinas. Sus argumentos eran muy sencillos. Primero, tanto en las Filipinas como en los Estados Unidos los chinos eran representados como extranjeros, es decir, como entes que no pertenecían a la “nación”. Si sólo los chinos fumaban opio, entonces, su ilegalización no afectaría a quienes sí eran considerados parte de  la “nación”. De esta forma, la prohibición de lo opiáceos  sólo afectaría no sólo a un sector minoritario, sino racial y culturalmente ajeno, foráneo, extraño.  Segundo, la obsesión de los chinos con el opio era presentada como evidencia de cómo éstos rechazaban la integración en la cultura norteamericana. El consumo de opio entre los chinos residentes en los Estados Unidos era visto como una práctica anti-norteamericana que reflejaba un claro rechazo de la cultura y la forma de vida estadounidenses; como una prueba de que los chinos no querían incorporarse a la cultura. Tercero, los fumaderos de opios eran presentados como centros de perdición,  donde jóvenes mujeres blancas eran corrompidas y convertidas en drogadictas, y en esclavas sexuales de hombres chinos. En conclusión, los estadounidenses usaron la imagen del opio como un vicio chino para marcar diferencias raciales, nacionales, culturales y hasta morales. De ahí que se alegara que la prohibición del consumo de opio sólo afectaría a un grupo minoritario y extranjero, que, además, rechazaba integrarse culturalmente y que corrompía con su vició a la sociedad estadounidense. Con ello se obviaba la amplitud y el carácter multiétnico del consumo de opio en los Estados Unidos.

De acuerdo con la autora, detrás de la oposición al consumo de opio se escondía un claro rechazo a la presencia china, tanto en las Filipinas como en los Estados Unidos. Los activistas anti-opio creían (¿albergaban la esperanza?)  que la ilegalización de los opiáceos llevaría a los chinos a regresar a su país, lo que facilitaría su implementación tanto en las Filipinas como en los Estados unidos.  No todos los observadores y analistas del tema del consumo de opio pensaban que la prohibición de éste fomentaría el regreso de miles de chinos a China. Un grupo de pesimistas alegaba que los opiómanos permanecerían tanto en los Estados Unidos  como en las Filipinas y que se convertirían en criminales, y en un serio problema social y criminal. De ahí que plantearan el tratamiento médico como solución al problema de la adicción al opio.

Tras la ilegalización del opio en 1914, los norteamericanos adoptaron el sistema de tratamiento existente en las Filipinas desde 1905.  En el sistema filipino, los adictos –de forma voluntaria o tras ser acusados por posesión de la droga– tenían la opción de recibir tratamiento médico gratuito. Los oficiales coloniales estaban muy orgullosos de este sistema porque creían que simbolizaba la dedicación y el compromiso del gobierno colonial con el bienestar de los filipinos, además, de su afán de ayudar a los adictos  a “volver a ser miembros productivos de la sociedad”. Este planteamiento me lleva a preguntarme si  el programa de tratamiento era visto como un elemento más de la representación del colonialismo norteamericano en las Filipinas como  un proceso de civilización e ilustración de sus habitantes. ¿Hasta qué  punto quienes aceptaban el  tratamiento ­­–es decir, la ley impuesta por el gobierno colonial– eran dignos de ser salvados, como los que habían aceptado el control norteamericano de las islas –también impuesto– habían sido dignos de ser civilizados por sus amos coloniales?  En otras palabras, ¿hasta qué punto este elemento se inserta en el  discurso colonial estadounidense en las Filipinas?

La ilegalización del opio en los Estados Unidos vino acompañado de un cambio  en la imagen del opiómano. Algunos médicos y oficiales de salud pública siguieron viéndole como a un enfermo que necesitaba asistencia médica y que no debía ser juzgado.  Sin embargo, otros galenos, oficiales sanitarios y, sobre todo, oficiales judiciales veían la adicción al opio como un vicio que debía ser castigado. Para ellos, el adicto era un criminal que debía ser encarcelado, no un enfermo. En este esquema represivo, el tratamiento estaba reservado para los prisioneros.  Según Foster, la distinción que se hacía entre quienes debían recibir tratamiento y quienes debían ir a la cárcel estaba enmarcada en las ideas de la época en torno a quien merecía ser salvado. En otras palabras, el gobierno estadounidense estaba más dispuesto a invertir dinero tratando a adictos de clase media,  “blancos y educados”  que en hacer los mismo con las minorías o los miembros de la clase trabajadora. Éstos últimos eran vistos como “una amenaza que debía ser removida de la sociedad en vez de  ayudarles a reintegrarse a ésta”.

Hamilton Wirght

Foster hace un recuento del proceso que llevó a la prohibición de la importación de opio a las Filipinas en 1905 (efectivo en 1908). De esta forma los Estados Unidos se convirtieron en la primera potencia colonial en el sudeste asiático que prohíbe el opio en su colonia, pero ello no alteró la legalidad de esa droga  en territorio metropolitano. Los misioneros y reformistas, especialmente el Obispo Episcopal de las Filipinas Charles H. Brent, iniciaron una campaña para prohibir el opio en las colonias cercanas y convencieron al Presidente Teodoro Roosevelt a convocar una  conferencia internacional en 1909. Las potencias coloniales europeas aceptaron la invitación norteamericana  y en preparación para tal reunión se acordó que todos los países participantes investigarían el tema del consumo de narcóticos tanto en la metrópoli como sus colonias. El Departamento de Estados de los Estados Unidos contrató a Hamilton Wright, un claro enemigo del opio, para que realizara tal investigación. Wright encontró que en los Estados Unidos existían miles de opiómanos. Además,  criticó que  la nación norteamericana promoviera la prohibición del opio en Asia cuando esa droga era legal en los Estados Unidos. Los medios noticiosos difundieron esta vergonzosa contradicción, lo que forzó la intervención del Congreso federal. En 1909, los legisladores estadounidenses aprobaron una ley prohibiendo la importación de opio listo para ser fumado. Según Foster, esta ley preparó el caminó para la aprobación, en 1914, de la Ley Harrison regulando la importancia, distribución y consumo de opiáceos en los Estados Unidos (la cocaína también fue incluida en esta ley).

Foster también enfoca el tema del tráfico de opio.  Como era de esperar, tras la prohibición de la droga ni los chinos regresaron a su país ni el consumo de opiáceos acabó. Por el contrario, la ilegalización del opio  abrió las puertas al negocio del contrabando de la droga. Las autoridades coloniales norteamericanas tomaron una serie de fuertes medidas para enfrentar el problema del contrabando. Para ello, recurrieron a tres instituciones coloniales policíaco-represivas:  la policía  municipal de la ciudad de Manila, el  Philippines Constabulary –un cuerpo  paramilitar creado por los norteamericanos que estaba compuesto por locales, pero comandado por estadounidenses– y el Servicio de Aduanas federal.  La autora presta especial atención a la presión que el gobierno norteamericano ejerció sobre los británicos para que éstos controlaran el contrabando de  opio desde sus colonas hacia las Filipinas.

La autora cierra su ensayo con una observación muy relevante. Según ella, se puede trazar parte de los orígenes de la llamada guerra contra las drogas en el desarrollo de un campaña largamente olvidada contra el trafico de opio en las Filipinas, que fue justificada como una mecanismo para proteger a los filipinos. De acuerdo con Foster, para combatir el contrabando de opio, los Estados Unidos promovieron  la prohibición regional y mundial de la droga. Además tuvieron que adoptar  acciones represivas en las islas y en los Estados Unidos que cambiaron las leyes y políticas estadounidenses. El gobierno norteamericano se embarcó en una campaña firme contra la prohibición de opio que se hizo cumplir a través de medidas represivas y policíacas contra los traficantes. Para Foster, tales medidas constituyen un importante antecedente de las políticas antidrogas estadounidenses adoptadas en las últimas décadas del siglo XX.

Este es un trabajo muy valioso, que enfoca el colonialismo como un proceso que se desarrolla en dos sentido, dejando claro cómo la colonia  fue usada  como campo de experimentación de políticas de control social, médico y legal, que luego fueron adoptadas por la metrópoli. La colonia deja así de ser un mero recipiente o víctima de las acciones y/o políticas metropolitanas para convertirse en protagonista del drama colonial. Para ello, Foster analiza, de forma clara y directa, un tema poco estudiado por la historiografía del imperialismo estadounidense, pero de gran relevancia y actualidad dado el papel que juegan los Estados Unidos en el consumo actual de drogas ilegales.  Foster también deja claro el impacto del control del opio en las Filipinas sobre las prácticas legales y policíacas norteamericanas, es decir, sobre el desarrollo del Estado en la sociedad estadounidense.

Antes de finalizar sólo me queda hacer un último comentario. Al concentrarse en la labor de los misioneros norteamericanos, la autora no atiende una pregunta que me resulta medular: ¿qué  papel jugaron los filipinos (políticos, religiosos, médicos, etc.) en este proceso? La ausencia de los sujetos coloniales en el ensayo de Foster me intriga y me lleva a preguntare si éste es más bien un problema de acceso a fuentes. Espero que este corto ensayo sea una pieza de un trabajo de mayor envergadura que le permita a Foster contestar esta pregunta y otras preguntas, además de seguir examinando las complejidades de la relación colonial de Estados Unidos y las Filipinas, la más controversial de sus colonias.

Norberto Barreto Velázquez, Ph. D.

Lima, Perú, 18 de diciembre de 2009

Nota: Las traducciones del inglés son todas mías. Los interesados en el tema del opio podrían consultar los siguientes trabajos del Dr. Dale Geringer: “Prohibiting Opium in the Philippines –May 3rd 1905-2005” en Drugsense.com y “The Opium Exclusion Act of 1909” en Counterpunch.com

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