| Lyndon B. Johnson (LBJ) es uno de los presidentes más contradictorios de la historia de Estados Unidos. Le toca el triste honor de ser uno de los principales responsables de que la guerra de Vietnam se convirtiera en una tragedia que dividió y enfrentó a los estadounidenses. Su insistencia en pelear una guerra que no podía ganar costó la vida de miles de sus conciudadanos y de millones de vietnamitas. Además, abonó al fin de la hegemonía económica global que la nación norteamericana había disfrutado desde mediados de los años 1940. Sin embargo, el LBJ puede ser considerado el último gran novotratista; el gran heredero de Franklin D. Roosevelt. Bajo su dirección e inspiración se iniciaron importantísimos programas que buscaban extirpar la injusticia racial, combatir la pobreza y reducir la desigualdad, ampliando el apoyo del gobierno federal a las minorías étnicas y los sectores más vulnerables de la sociedad. Desafortunadamente, por lo que se le recuerda es por el famoso estribillo de una canción de quienes en los años 1960 marchaban y protestaban contra la guerra de Vietnam: “Hey, Hey, LBJ; How many kids did you kill today? “ (Oye, oye, LBJ; ¿Cuántos niños mataste hoy?).
Comparto este breve escrito de la gran historiadora estadounidense Heather Cox Richardson sobre los logros del que debió ser un programa para rehacer a Estados Unidos sobre bases más justas e igualitarias. La Dra. Cox es experta en la guerra civil y profesora en Boston College. |
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 21 de mayo de 2022
El 22 de mayo de 1964, en un discurso de graduación en la Universidad de Michigan, el presidente Lyndon B. Johnson puso nombre a una nueva visión para los Estados Unidos. La llamó “la Gran Sociedad” y expuso la visión de un país que no se limitó a ganar dinero, sino que utilizó su prosperidad posterior a la Segunda Guerra Mundial para” enriquecer y elevar nuestra vida nacional”. Esa Gran Sociedad exigiría el fin de la pobreza y la injusticia racial. Pero haría más que eso, prometió: permitiría a cada niño aprender y crecer, y crearía una sociedad donde las personas usarían su tiempo libre para construir y reflexionar, donde las ciudades no solo responderían a las necesidades físicas y las demandas del comercio, sino que también servirían “al deseo de belleza y al hambre de comunidad”. Protegería el mundo natural y sería “un lugar donde los hombres están más preocupados por la calidad de sus objetivos que por la cantidad de sus bienes”. “Pero sobre todo”, dijo, miraría hacia adelante. “La Gran Sociedad no es un puerto seguro, un lugar de descanso, un objetivo final, una obra terminada. Es un desafío constantemente renovado, que nos llama hacia un destino donde el significado de nuestras vidas coincida con los maravillosos productos de nuestro trabajo”. Johnson propuso reconstruir las ciudades, proteger el campo e invertir en educación para establecer “cada mente joven … libre para escanear los confines más lejanos del pensamiento y la imaginación”. Admitió que el gobierno no tenía las respuestas para abordar los problemas en el país, “si lo prometo”, dijo. “Vamos a reunir el mejor pensamiento y el conocimiento más amplio de todo el mundo para encontrar esas respuestas para Estados Unidos. Tengo la intención de establecer grupos de trabajo para preparar una serie de conferencias y reuniones de la Casa Blanca: sobre las ciudades, sobre la belleza natural, sobre la calidad de la educación y sobre otros desafíos emergentes. Y a partir de estas reuniones y de esta inspiración y de estos estudios comenzaremos a establecer nuestro rumbo hacia la Gran Sociedad”. La visión de Johnson de una Gran Sociedad vino de un lugar muy diferente a la reelaboración de la sociedad lanzada por su predecesor, Franklin D. Roosevelt, en la década de 1930. El New Deal de Roosevelt había utilizado al gobierno federal para abordar la mayor crisis económica en la historia de los Estados Unidos, nivelando el campo de juego entre trabajadores y empleadores para permitir que los trabajadores mantuvieran a sus familias. Johnson, por el contrario, operaba en un país que disfrutaba de un crecimiento récord. Lejos de simplemente salvar al país, podía darse el lujo de dirigirlo hacia cosas más grandes. Inmediatamente, la administración se dedicó a abordar cuestiones de derechos civiles y pobreza. Bajo la presión de Johnson, el Congreso aprobó la Ley de Derechos Civiles de 1964 que prohíbe el voto, el empleo o la discriminación educativa por motivos de raza, religión, sexo u origen nacional. Johnson también ganó la aprobación de la Ley de Oportunidades Económicas de 1964, que creó una Oficina de Oportunidades Económicas que supervisaría toda una serie de programas contra la pobreza, y de la Ley de Cupones para Alimentos, que ayudó a las personas que no ganaban mucho dinero a comprar alimentos.  Caída de la pobreza en Estados Unidos gracias a la Gran Sociedad Cuando los republicanos postularon al senador de Arizona Barry Goldwater para presidente en 1964, pidiendo que se revirtiera la regulación empresarial y los derechos civiles a los años anteriores al New Deal, los votantes a los que les gustaba bastante el nuevo sistema dieron a los demócratas una mayoría tan fuerte en el Congreso que Johnson y los demócratas pudieron aprobar 84 nuevas leyes para poner en marcha la Gran Sociedad. Consolidaron los derechos civiles con la Ley de Derechos Electorales de 1965 que protegía el voto de las minorías, crearon empleos en los Apalaches y establecieron programas de capacitación laboral y desarrollo comunitario. La Ley de Educación Primaria y Secundaria de 1965 otorgó ayuda federal a las escuelas públicas y estableció el programa Head Start para proporcionar educación temprana integral para niños de bajos ingresos. La Ley de Educación Superior de 1965 aumentó la inversión federal en universidades y proporcionó becas y préstamos a bajo interés a los estudiantes. La Ley del Seguro Social de 1965 creó Medicare, que proporcionó seguro de salud para los estadounidenses mayores de 65 años, y Medicaid, que ayudó a cubrir los costos de atención médica para las personas con ingresos limitados. El Congreso avanzó en la guerra contra la pobreza al aumentar los pagos de asistencia social y subsidiar el alquiler para las familias de bajos ingresos. El Congreso asumió los derechos de los consumidores con una nueva legislación protectora que requería que los cigarrillos y otros productos peligrosos llevaran etiquetas de advertencia, requería que los productos llevaran etiquetas que identificaran al fabricante y requería que los prestamistas revelaran el costo total de los cargos financieros en los préstamos. El Congreso también aprobó legislación que protege el medio ambiente, incluida la Ley de Calidad del Agua de 1965 que estableció estándares federales para la calidad del agua.
Pero el gobierno no se limitó a abordar la pobreza. El Congreso también habló de las aspiraciones de Belleza y Propósito de Johnson cuando creó la Fundación Nacional de Artes y Humanidades. Esta ley creó tanto el Fondo Nacional para las Artes como el Fondo Nacional para las Humanidades para asegurarse de que el énfasis de la época en la ciencia no pusiera en peligro las humanidades. En 1967 también establecería la Corporación para la Radiodifusión Pública, seguida en 1969 por la Radio Pública Nacional. Los opositores a este amplio programa obtuvieron 47 escaños en la Cámara de Representantes y tres escaños en el Senado en las elecciones de mitad de período de 1966, y U.S. News and World Report escribió que “la gran fiesta” había terminado. Y, sin embargo, gran parte de la Gran Sociedad todavía vive, aunque ahora está bajo desafíos más significativos cada día por parte de aquellos que rechazan la idea de que el gobierno federal tiene un papel que desempeñar en la configuración de nuestra sociedad. “Para bien o para mal”, dijo Johnson a los graduados de la Universidad de Michigan en 1964, “su generación ha sido designada por la historia para lidiar con esos problemas y llevar a Estados Unidos hacia una nueva era. Usted tiene la oportunidad nunca antes ofrecida a ninguna persona en cualquier edad. Usted puede ayudar a construir una sociedad donde las demandas de la moralidad, y las necesidades del espíritu, se puedan realizar en la vida de la Nación. “Entonces, ¿se unirá a la batalla para dar a cada ciudadano la plena igualdad que Dios ordena y la ley requiere, cualquiera que sea su creencia, raza o el color de su piel?”, Preguntó. “¿Te unirás a la batalla para dar a cada ciudadano un escape del peso aplastante de la pobreza?…” “Hay almas tímidas que dicen que esta batalla no se puede ganar; que estamos condenados a una riqueza sin alma. No estoy de acuerdo. Tenemos el poder de dar forma a la civilización que queremos. Pero necesitamos su voluntad, su trabajo, sus corazones, si queremos construir ese tipo de sociedad”. — Notas: https://www.presidency.ucsb.edu/documents/remarks-the-university-michigan La cita de U.S. News and World Report está en Mary C. Brennan, Turning Right in the Sixties: The Conservative Capture of the GOP, p. 119. |
Esta percepción de los disturbios como el declive del movimiento no violento ha marginado el estudio de los mismos dentro del campo de la historia. Como resultado, la creencia generalizada sobre “los disturbios” de los años sesenta subestima enormemente la escala de la insurgencia negra y su significado político. En su nuevo libro,
Hinton se basa en los argumentos de su libro anterior, 
The democratically-elected Arbenz government hoped for economic prosperity through economic reform and a highway to the Atlantic.
United States Interventions What For?
By John H. Coatsworth
Revista Harvard Review of Latin America
Spring/ Summer 2005
In the slightly less than a hundred years from 1898 to 1994, the U.S. government has intervened successfully to change governments in Latin America a total of at least 41 times. That amounts to once every 28 months for an entire century (see table).
Direct intervention occurred in 17 of the 41 cases. These incidents involved the use of U.S. military forces, intelligence agents or local citizens employed by U.S. government agencies. In another 24 cases, the U.S. government played an indirect role. That is, local actors played the principal roles, but either would not have acted or would not have succeeded without encouragement from the U.S. government.
While direct interventions are easily identified and copiously documented, identifying indirect interventions requires an exercise in historical judgment. The list of 41 includes only cases where, in the author’s judgment, the incumbent government would likely have survived in the absence of U.S. hostility. The list ranges from obvious cases to close calls. An example of an obvious case is the decision, made in the Oval Office in January 1963, to incite the Guatemalan army to overthrow the (dubiously) elected government of Miguel Ydígoras Fuentes in order to prevent an open competitive election that might have been won by left-leaning former President Juan José Arévalo. A less obvious case is that of the Chilean military coup against the government of President Salvador Allende on September 11, 1973. The Allende government had plenty of domestic opponents eager to see it deposed. It is included in this list because U.S. opposition to a coup (rather than encouragement) would most likely have enabled Allende to continue in office until new elections.
The 41 cases do not include incidents in which the United States sought to depose a Latin American government, but failed in the attempt. The most famous such case was the failed Bay of Pigs invasion of April 1961. Allvadorso absent from the list are numerous cases in which the U.S. government acted decisively to forestall a coup d’etat or otherwise protect an incumbent regime from being overthrown.
Overthrowing governments in Latin America has never been exactly routine for the United States. However, the option to depose a sitting government has appeared on the U.S. president’s desk with remarkable frequency over the past century. It is no doubt still there, though the frequency with which the U.S. president has used this option has fallen rapidly since the end of the Cold War.
Though one may quibble about cases, the big debates—both in the public and among historians and social scientists—have centered on motives and causes. In nearly every case, U.S. officials cited U.S. security interests, either as determinative or as a principal motivation. With hindsight, it is now possible to dismiss most these claims as implausible. In many cases, they were understood as necessary for generating public and congressional support, but not taken seriously by the key decision makers. The United States did not face a significant military threat from Latin America at any time in the 20th century. Even in the October 1962 missile crisis, the Pentagon did not believe that the installation of Soviet missiles in Cuba altered the global balance of nuclear terror. It is unlikely that any significant threat would have materialized if the 41 governments deposed by the United States had remained in office until voted out or overturned without U.S. help.
In both the United States and Latin America, economic interests are often seen as the underlying cause of U.S. interventions. This hypothesis has two variants. One cites corruption and the other blames capitalism. The corruption hypothesis contends that U.S. officials order interventions to protect U.S. corporations. The best evidence for this version comes from the decision to depose the elected government of Guatemala in 1954. Except for President Dwight Eisenhower, every significant decision maker in this case had a family, business or professional tie to the United Fruit Company, whose interests were adversely affected by an agrarian reform and other policies of the incumbent government. Nonetheless, in this as in every other case involving U.S. corporate interests, the U.S. government would probably not have resorted to intervention in the absence of other concerns.
The capitalism hypothesis is a bit more sophisticated. It holds that the United States intervened not to save individual companies but to save the private enterprise system, thus benefiting all U.S. (and Latin American) companies with a stake in the region. This is a more plausible argument, based on repeated declarations by U.S. officials who seldom missed an opportunity to praise free enterprise. However, capitalism was not at risk in the overwhelming majority of U.S. interventions, perhaps even in none of them. So this ideological preference, while real, does not help explain why the United States intervened. U.S. officials have also expressed a preference for democratic regimes, but ordered interventions to overthrow elected governments more often than to restore democracy in Latin America. Thus, this preference also fails to carry much explanatory power.
An economist might approach the thorny question of causality not by asking what consumers or investors say about their preferences, but what their actions can help us to infer about them. An economist’s approach might also help in another way, by distinguishing between supply and demand. A look at the supply side suggests that interventions will occur more often where they do not cost much, either directly in terms of decision makers’ time and resources, or in terms of damage to significant interests. On the demand side, two factors seem to have been crucial in tipping decision makers toward intervention: domestic politics and global strategy.
Domestic politics seems to be a key factor in most of these cases. For example, internal documents show that President Lyndon Johnson ordered U.S. troops to the Dominican Republic in 1965 not because of any plausible threat to the United States, but because he felt threatened by Republicans in Congress. Political competition within the United States accounts for the disposition of many U.S. presidentions
nts to order interventions.
The second key demand-side factor could be called the global strategy effect. The United States in the 20th century defined its strategic interests in global terms. This was particularly true after World War II when the United States moved rapidly to project its power into regions of the earth on the periphery of the Communist states where it had never had a presence before. In the case of Latin America, where the United States faced no foreseeable military threat, policy planners did nonetheless identify potential future threats. This was especially true in the 1960s, after the Cuban Revolution. The United States helped to depose nine of the governments that fell to military rulers in the 1960s, about one every 13 months and more than in any other decade. Curiously, however, we now know that U.S. decision makers were repeatedly assured by experts in the CIA and other intelligence gathering agencies that, in the words of a 1968 National Intelligence Estimate, “In no case do insurgencies pose a serious short run threat…revolution seems unlikely in most Latin American countries within the next few years.” Few challenged the idea that leftist regimes would pose a secutiry threat to the United States. threat…revolution seems unlikely in most Latin American countries
Thus, in a region where intervention was not very costly, and even major failures unlikely to damage U.S. interests, the combination of domestic political competition and potential future threats—even those with a low probability of ever materializing—appear to explain most of the 20th century US interventions.
It is difficult to escape the conclusion that U.S. interventions did not serve U.S. national interests well. They generated needless resentment in the region and called into question the U.S. commitment to democracy and rule of law in international affairs. The downward trend in the past decade and half is a positive development much to be encouraged.
CHRONICLING INTERVENTIONS
U.S. DIRECT INTERVENTIONS
Military/CIA activity that changed governments
| COUNTRY | YEAR | EVENT SUMMARY |
| Cuba | 1898-1902 | Spanish-American War |
| 1906-09 | Ousts elected Pres. Palma; occupation regime | |
| 1917-23 | U.S. reoccupation, gradual withdrawal | |
| Dominican Rep | 1916-24 | U.S. occupation |
| 1961 | Assassination of Pres. Trujillo | |
| 1965 | U.S. Armed Forces occupy Sto Domingo | |
| Grenada | 1983 | U.S. Armed Forces occupy island; oust government |
| Guatemala | 1954 | C.I.A.-organized armed force ousts Pres. Arbenz |
| Haiti | 1915-34 | U.S. occupation |
| 1994 | U.S. troops restore constitutional government | |
| Mexico | 1914 | Veracuz occupied; US allows rebels to buy arms |
| Nicaragua | 1910 | Troops to Corinto, Bluefields during revolt |
| 1912-25 | U.S. occupation | |
| 1926-33 | U.S. occupation | |
| 1981-90 | Contra war; then support for opposition in election | |
| Panama | 1903-14 | U.S. Troops secure protectorate, canal |
| 1989 | U.S. Armed Forces occupy nation |
U.S. INDIRECT INTERVENTION
Government/regime changes in which U.S. is decisive
| COUNTRY | YEAR | EVENT SUMMARY |
| Bolivia | 1944 | Coup uprising overthrow Pres. Villaroel |
| 1963 | Military coup ousts elected Pres. Paz Estenssoro | |
| 1971 | Military coup ousts Gen. Torres | |
| Brazil | 1964 | Military coup ousts elected Pres. Goulart |
| Chile | 1973 | Coup ousts elected Pres. Allende. |
| 1989-90 | Aid to anti-Pinochet opposition | |
| Cuba | 1933 | U.S. abandons support for Pres. Machado |
| 1934 | U.S. sponsors coup by Col. Batista to oust Pres. Grau | |
| Dominican Rep. | 1914 | U.S. secures ouster of Gen. José Bordas |
| 1963 | Coup ousts elected Pres. Bosch | |
| El Salvador | 1961 | Coup ousts reformist civil-military junta |
| 1979 | Coup ousts Gen. Humberto Romero | |
| 1980 | U.S. creates and aids new Christian Demo junta | |
| Guatemala | 1963 | U.S. supports coup vs elected Pres. Ydígoras |
| 1982 | U.S. supports coup vs Gen. Lucas García | |
| 1983 | U.S. supports coup vs Gen. Rios Montt | |
| Guyana | 1953 | CIA aids strikes; Govt. is ousted |
| Honduras | 1963 | Military coups ousts elected Pres. Morales |
| Mexico | 1913 | U.S. Amb. H. L. Wilson organizes coup v Madero |
| Nicaragua | 1909 | Support for rebels vs Zelaya govt |
| 1979 | U.S. pressures Pres. Somoza to leave | |
| Panama | 1941 | U.S supports coup ousting elected Pres. Arias |
| 1949 | U.S. supports coup ousting constitutional govt of VP Chanís | |
| 1969 | U.S. supports coup by Gen. Torrijos |
El Imperio de Calibán 
