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Comparto esta breve nota  del historiador Luis Valer del Portillo, analizando lo que él considera, los tres principales  retos a nivel de política exterior que enfrenta Joe Biden.


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Los grandes retos de la política exterior estadounidense

Luis Valer del Portillo

Diálogo Atlántico    8 de bril de 2021

Enero de 2021 supuso el inicio de una nueva etapa en el gobierno de los Estados Unidos con la toma de posesión del 46º Presidente, Joe Biden. Desde los primeros compases de su mandato ha puesto en marcha acciones y ha firmado decisiones ejecutivas que buscan reconducir la huella internacional del legado de Trump en áreas clave de la política exterior a la vez que afronta los grandes retos del futuro:

La cuestión climática

El anuncio en 2017 del abandono del Acuerdo de París supuso un serio daño a la imagen de liderazgo mundial de Estados Unidos en la lucha climática. Sin embargo, Biden dejó claro durante la campaña que volvería a incluir la firma de Estados Unidos en el Acuerdo, cosa que ordenó en una de sus primeras decisiones ejecutivas. John Kerry, quien estampó su firma en abril de 2016 sobre el Acuerdo de París, es el enviado especial contra el cambio climático. La cuestión climática es una prioridad para Estados Unidos, como uno de los principales emisores de gases de efecto invernadero (suponiendo un 14,7 % del total, solo superado por China con un 27 %). Entre los principales puntos del programa de Biden-Harris estaba la descarbonización de la economía para 2035, para lo cual se han comprometido 1,7 miles de millones de dólares para poner en marcha esta transición. Sin duda, es un objetivo ambicioso pero complejo ya que requiere de medidas estrictas que llevarán a la reconversión del mercado laboral dentro del paquete de 10 millones de “empleos verdes”. Por otro lado, se pretende potenciar la inversión en tecnologías e industrias verdes bajas en carbono, infraestructuras de energías renovables, apoyado por un fuerte compromiso en innovación y desarrollo. Liderar con el ejemplo y guiar al resto de países del mundo consiguiendo que amplíen sus compromisos adquiridos al inicio del acuerdo –especialmente China– es un punto clave de la agenda climática.

El multilateralismo abandonado

El “America First” de Trump significó un paso atrás en materia de cooperación y presencia internacional. Esto se tradujo en la salida de consensos y foros globales como la UNESCO (2017), la Organización Mundial de la Salud (2020) y las trabas al funcionamiento de la Organización Mundial del Comercio. Biden, con su vocación multilateralista, pretende dar continuidad a la herencia de Obama; algo que ha resumido en la frase “America is back, diplomacy is back”. Por otro lado, los aliados tradicionales, especialmente los europeos, han visto cómo se les daba no solo el tradicional “toque de atención” por no cumplir con los gastos en defensa establecidos por la OTAN, sino que han escuchado las amenazas veladas del presidente Trump cuestionando la utilidad de la organización. Así, el compromiso con el multilateralismo y la fe en su funcionamiento por parte de Biden auguran un nuevo y esperanzador horizonte para la OTAN, Naciones Unidas y otros organismos de carácter internacional. En este plano, buscando potenciar el multilateralismo, destaca la elección de Anthony Blinken como secretario de Estado. Blinken, que es un europeísta (francófilo) e internacionalista de firmes convicciones, buscará retomar el legado de Obama en materia exterior, con quien ya fue vicesecretario de Estado y asesor de Seguridad Nacional. Nombramiento clave, también, el de Jake Sullivan como consejero de Seguridad Nacional, quien ha dejado claro su convencimiento de que Estados Unidos debe reflotar la idea del liderazgo de puertas a dentro y a nivel global, defendiendo el concepto de American exceptionalism, también conocido como el excepcionalismo estadounidense.

El Pacífico y China

Biden anticipa una “competencia extrema” con China que seguirá siendo una preocupación mayor y si bien se espera que el enfoque que aplique no sea tan hard-line como el desplegado por Trump desde el inicio de la guerra comercial en 2018, la guerra arancelaria continuará. Más allá de cuestiones comerciales, hay otras de carácter estratégico y de seguridad que preocupan, como son las violaciones de derechos fundamentales de ciudadanos chinos en Xinjiang y Hong Kong, así como el expansionismo de Pekín en las aguas y atolones del Mar de la China Meridional. También la cuestión de Taiwán ocupa un lugar clave en las relaciones con China, especialmente tras las últimas decisiones ejecutivas de Trump realizando un acercamiento diplomático que no sentó nada bien en Pekín. La persona clave en las relaciones de la administración Biden con China es Kurt Campbell que será el coordinador de la Casa Blanca para el espacio del Indo-Pacífico.

En definitiva, tres son los grandes bloques que estructuran la acción exterior de los Estados Unidos dirigidos por Biden-Harris. Todo ello sin olvidar la importancia que se le ha dado a terminar con las long lasting wars (guerras de larga duración) en las que Washington está inmerso desde hace años.

 


Escrito por Luis Valer del Portillo (Zaragoza, 1993), graduado en Historia por la Universidad de Zaragoza. Ha realizado estudios de posgrado y master en Barcelona y Madrid, habiéndose especializado en geopolítica y asuntos internacionales de seguridad y políticas de defensa, con especial enfoque en Europa y su vecindad. Twitter:  @ValerPortillo/@geopol21 

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El pasado martes 16 de marzo ocho personas fueron asesinadas en Georgia. Desafortundamente, este tipo  de eventos son comunes en Estados Unidos. Lo que hizo especial estas muertes es el hecho que seis de las  víctimas eran mujeres asiáticas. Esto ha activado las alarmas de  aquellos preocupados con el aumento en la violencia contra los asiático-estadounidenses producto de los efectos de la pandemia y, en especial, por el incremento de la retórica antichina en Estados Unidos. Desde el inicio de la pandemia se han registrado  3,800 casos de discriminación contra los asiáticos. Según el Center for the Study of Hate and Extremism, el número de crímenes de odio antiasiáticos estadounidenses reportados a la policía aumentaron un 149% entre 2019 y 2020.

La violencia contra los asiáticos no es un fenómeno nuevo en al historia estadoundisense. Basta recordar el trato que recibieron los miles de chinos que llegaron a Estados Unidos en el siglo XIX para construir ferrocarriles. A los chinos les toca el honor de ser el único pueblo al que se le negó al acceso a Estados Unidos a través de una ley aprobada por el Congreso en 1882.

Comparto esta breve nota publicada en la revista The Nation sobre la violencia contra los asiático y su vínculo con el desarrollo imperial de Estados Unidos.


 

Long before anxiety about Muslims, Americans feared the “yellow peril” of Chinese  immigration

Un anuncio de jabón de la década de 1880, subtitulado ‘The Chinese Must Go’. Biblioteca del Congreso

Anti-Asian Violence in America Is Rooted in US Empire

Christine AhnTerry K Park and Kathleen Richards

The Nation   March, 19, 2021

Shortly after the mass killing in Georgia—including six Asian women—earlier this week, US Secretary of State Antony Blinken denounced the violence, saying it “has no place in America or anywhere.” Blinken made the comments during his first major overseas trip to Asia with Defense Secretary Lloyd Austin, where Blinken warned China that the United States will push back against its “coercion and aggression,” and Austin cautioned North Korea that the United States was ready to “fight tonight.”

Yet such hawkish rhetoric against China—which was initially spread by Donald Trump and other Republicans around the coronavirus—has directly contributed to rising anti-Asian violence across the country. In fact, it’s reflective of a long history of US foreign policy in Asia centered on domination and violence, fueled by racism. Belittling and dehumanizing Asians has helped justify endless wars and the expansion of US militarism. And this has deadly consequences for Asians and Asian Americans, especially women.

Anti-Asian violence through US foreign policy has manifested in the wars that have killed millionstorn families apart, and led to massive displacement; in the nuclear tests and chemical weapons storage that resulted in environmental contamination in Okinawa, Guam, and the Marshall Islands; in the widespread use of napalm and Agent Orange in VietnamLaos, and Korea; in the US military bases that have destroyed villages and entire communities; in the violence perpetrated by US soldiers on Asian women’s bodies; and in the imposition of sanctions that result in economic, social, and physical harms to everyday people.

File:Filipino casualties on the first day of war.jpg - Wikipedia

Trincheras filipinas, 1899

These things can’t happen without dehumanization, and this dynamic has had dire consequences for Asian Americans, especially women. Of the 3,800 hate incidents reported against Asian Americans last year, 70 percent were directed at women. Exoticized and fetishized Asian American women have borne a dual burden of both racism and sexism, viewed on one hand as submissive and sexually available “lotus blossoms” and on the other as manipulative and dangerous “dragon ladies.”

Asian women are particularly harmed by US militarism and foreign policy—economically, socially, and physically. In Korea, women have long been collateral damage from militarized US foreign policy. The 1950–53 Korean War, which killed 4 million people, led to social and political chaos, separated families, and orphaned and widowed millions, creating conditions where women were without homes and work. This forced women into prostitution, according to Katherine H.S. Moon, an expert on US military prostitution in South Korea and author of the book Sex Among Allies.

Exhibitions Catch Glimpse of Korea

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Over a million Korean women have worked in “camptowns” that surround US military bases in South Korea. This system of military prostitution was controlled by the South Korean government and supported by the US military in order to strengthen military alliances and prop up the South Korean economy. Yet the women were stigmatized, “destined to invisibility and silence,” according to Moon.

These camptowns not only facilitated the immigration of thousands of Korean “war brides” to the United States, but also transported the system itself. As the US military steadily reduced its troop presence in Asia, camptown establishments, facing social upheaval and economic uncertainty, began sending their madams and sex workers to US domestic military sites through brokered marriages with US servicemen. Many of these exploited Korean women arrived in the US South, a region housing many domestic military bases, which saw the proliferation of military prostitution. By the 1980s, the Korean American sex trade would spread from these Southern military towns to elsewhere in the United States—including the Atlanta metropolitan area, site of Tuesday’s horrific mass shooting.

We see this anti-Asian violence now manifesting in ramped up US aggression toward China and the ubiquitous US military presence throughout the Asia-Pacific region. According to American University professor David Vine, there are approximately 300 US bases in the Asia-Pacific region circling China, which along with “aggressive naval and air patrols and military exercises, increases threats to Chinese security and encourages the Chinese government to respond by boosting its own military spending and activity.” The military buildup is raising regional military tensions, and increasing the risk of a deadly military clash or what should be an unthinkable war between two nuclear-armed powers.

Protestors hold signs that read "hate is a virus" and "stop Asian hate" at the End The Violence Towards Asians rally in Washington Square Park on February 20, 2021 in New York City.

If we are to successfully stop anti-Asian hatred here in the United States, we must recognize how US foreign policy perpetuates it and end US militarism and wars throughout the Asia-Pacific region. The Biden administration could start by formally ending the Korean War, which cost nearly $400 billion (in 2019 dollars) to fight, and continues to be a source of justification for military-centered policies by the United States, South Korea, Japan, and others in the region.


Christine AhnChristine Ahn is the executive director of Women Cross DMZ and coordinator of Korea Peace Now!

Terry K ParkTerry K Park is a lecturer in the Asian American Studies Program at the University of Maryland, College Park.

Kathleen RichardsKathleen Richards is the communications director of Women Cross DMZ.

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Review of James Bradley’s “The China Mirage: The Hidden History of American Disaster in Asia 

HNN  April 3, 2015

In James Bradley’s “The China Mirage” he asks why his father found himself fighting the Japanese on Iwo Jima. Here he traces the roots of that war to ill-advised U.S. policies, its economic and paternalistic interest in China and its fear that Japan also had a serious and competing interest in China and East Asia. He ends up concluding that his father wound up on that godforsaken island so China could be freed from Japanese control and exploitation, thus allowing the U.S. and its British, Dutch and French imperial friends free access to its markets, resources and geographical position.

I recently watched “Sand Pebbles,” a mesmerizing 1966 film about an American gunboat navigating the Yangtze River deep into the Chinese interior during the Nationalist-warlord-Communist civil wars of the mid-1920s. What the film never explains is that the ship was there to protect commercial rights and extraterritorial privileges that European and American imperialists had seized over many decades of one-sided accords.

In 1784 the “Empress of China,” an American ship funded in part by businessmen eager to profit from the China trade, arrived in Canton. And well into the 19th Century a few more Americans, one of whom was Franklin Delano Roosevelt’s grandfather, made their fortunes from the opium trade. Long before the U.S. became a debtor nation to China many American businessmen dreamed about vast treasures to be made in the lucrative China trade. “Imagine,” I once heard my CCNY political science professor say in class, “if every Chinese man and woman wore a white shirt every day what it would mean to American manufacturers of white shirts.”

It is Bradley’s contention that Americans have misunderstood and misjudged China, wedded as they were to the fantasy that China’s vast population was yearning to be Westernized and Americanized while ignoring that it had national interests of its own. This was never more obvious than after 1931, when the Japanese – eager to control China – invaded Manchuria, which the U.S. promptly denounced as an act of aggression. For both nations the great prize was China. Japan and U.S. were on the road to war.

When the Japanese attacked Pearl Harbor virtually every American believed, then and now, that it was a sneak, unwarranted attack on an innocent America. Far less concerned about Nazi conquests in Europe, most Americans were furious at what the “Japs” did on December 7th, FDR’s “Day of Infamy.” It then became morally and legally justifiable to incarcerate America’s Nisei and Issei in western desert camps (for different reasons, Norman Thomas, Robert Taft and J. Edgar Hoover were among the few public figures to object) and fight a savage Pacific war, ending with nuclear bombs directed at Japanese civilians.

Over the years writers like Bradley have challenged the dominant consensus that Japan, not the U.S., had alone provoked the war and was an expansionist, militarist state, unwilling to compromise—that is, accept American demands that it surrender its leading role in China. Bruce M. Russet’s largely forgotten 1971 book, “No Clear and Present Danger: A Skeptical View of the U.S. Entry into WWII” argued, instead, that the U.S. contributed mightily to the coming of war by its embargos (in concert with Britain and the Dutch) of oil and raw materials on a Japan which had none of these vital resources. While “the threat to Japan of a raw material scarcity was obvious,” the policy of “gradually tightening economic measures,” Russett concluded, “was an escalation that was to drive Japan not to capitulation, as it was intended to do, but to war with the United States.”

Bradley’s view is that if the Japanese had submitted to U.S. demands it would have meant abandoning China in favor of an updated imperial and pro-western Open Door Policy. But Japan saw U.S. intervention in China as no different from the Monroe Doctrine, which demanded absolute American control of the Western Hemisphere. Once its oil pipeline was shut down, Japan, writes Bradley, was stranded like “an industrialized beached whale.” Neither Tokyo nor Washington would budge, leading Dean Acheso, Henry Stimson and Henry Morgenthau, among other White House hawks, to “set the war clock ticking in Tokyo.” Surprisingly, Bradley reveals that neither FDR nor Cordell Hull, his Secretary of State, knew that Acheson & Company had unilaterally cut off oil shipments which, the Japanese historian Akira Iriye concluded in 1981, “had a tremendous psychological impact upon the Japanese” and led directly to Tokyo’s suicidal decision to go to war.

“The China Mirage: The Hidden History of American Disaster in Asia,” is a vivid, bracing and careful study, sure to be dismissed by some as revisionist history. Echoing Russett’s argument about the embargos and sanctions against Japan, but going far beyond it, Bradley charges that long before Pearl Harbor, U.S. policymakers were willing to go to war if Japan ever conquered British and French Southeast Asia and Dutch Indonesia since that would mean the loss of rubber, tin and tungsten that helped fuel American industry. Some of Bradley’s arguments were already accepted in part by George Herring (“From Colony to Superpower”): “[we] backed a proud nation into a position where its only choices were war or surrender. John Toland’s verdict was that “a grave diplomatic blunder” was enabled “by allowing an issue not vital to basic American national interests—the welfare of China— to become, at the last moment, the keystone of her foreign policy.” (Think of the U.S’s deepening involvement with Ukraine today.) Indeed, Jonathan Marshall’s “To Have and Have Not” wrote that FDR – who inherited his grandfather’s passion for China – and his pro-Chiang Kai-shek, anti- Communist aides – agreed with the “fundamental proposition that the U.S. could not afford to lose the raw materials and sea lanes of Southeast Asia,” never saying out loud that such a policy might lead to war – a warning for Americans today that should China ever move on those disputed rocky, uninhabited islets in the South China Sea claimed by Japan, the Philippines and China, our mutual defense treaties would oblige us to go to war.

The U.S. managed to avoid a shooting war during the Chinese civil wars but from late 1927 on placed its bet on Chiang. As WWII drew to a close and the UN was being established FDR insisted that Chiang’s China be made a member of the UN’s Big Four, which the ever quotable and opinionated Churchill mocked. “In Washington,” he wrote in the fourth volume of his wartime memoirs, “I had found the extraordinary significance of China in American minds, even at the top. Strangely out of proportion.” But FDR could not be persuaded.

For years, Washington’s foreign policy elite and compliant mass media helped shaped popular support for Chiang and his glamorous Americanized wife, whom Henry Luce, the son of missionaries, repeatedly praised in his influential “Time.” Meanwhile, millions of American dollars were lavished on Chiang and his wife’s powerful Soong family, fostering the illusion that the Kuomintang was actually fighting the Japanese. The money often disappeared (think of all those unaccountable billions sent to our Iraqi and Afghan war “allies”). As Bradley puts it, “Chiang handled the foreign loot,” a sentiment with which Truman later agreed when he called Chiang and his allies thieves. Finally, in 1949, Chiang Kai-shek and the Kuomintang, America’s favorites, were defeated by Mao’s communists and the U.S. refuse to recognize the change until Nixon and Kissinger took their secret trip to Beijing.

The truth is that there never would have been a Korean War (or a Vietnam War) had there not been a Cold War between Moscow and Washington. So in June 1950 it was easy for American policymakers to misread an “an incident in a small Asian civil war as a challenge to their global containment policy, incorrectly concluding that Moscow—working through Beijing and Pyongyang—had ordered the crossing [of the 38th Parallel] when it was only a North Korean action.” To call off the dogs, Acheson recommended Truman send in the military without a congressional authorization. Once the shooting began and after Chinese “volunteers” entered the war, the China Lobby and its allies in Congress began denouncing Truman as an appeaser for losing China. General MacArthur and the China Lobby repeatedly urged Truman to “unleash” Chiang’s exiled and defeated army against the Chinese and North Korean forces. After Truman fired MacArthur for insubordination, the China Lobby went berserk. “The son of a bitch [Truman] should be impeached,” growled Joe McCarthy. If that weren’t enough, Bradley writes that Acheson, incredibly, advised Truman “to send covert military aid to the French in Indochina for their war against Ho Chi Minh. With no debate– and none was sought—a Wise Man, rattled by events in Asia he little understood, committed the U.S. to current and future wars.” As David Halberstam, in “The Coldest Winter,” his revealing book about the Korean War, commented, correctly, “The issue of China itself hovered over every decision.”

“Who Lost China” became the deceitful and inflammatory slogan of demagogic politicians, private and religious interests, wealthy businessmen and Joe Mc Carthy and his minions. They pounced on an intimidated and frightened State Department and White House. Veteran China specialists were fired, persecuted and prosecuted for reporting that Mao was not Stalin’s stooge and Chiang and his cohorts were corrupt and ineffective. (See, for example, John Paton Davies, Jr.’s “China Hand: An Autobiography.”)

In retrospect, a fearful and angry nation had gone mad. Blacklists, jail terms, a few, but very few, Soviet spies (we had our spies too in Russia), and a shamefully conformist mass media helped scare and silence potential critics. Bradley mentions that Acheson’s infamous and secret NCS-68 policy was adopted in April 1950 and transformed the nation into the militarized global avenger of “evil” nations and also into an enduring national security state, which Dwight Eisenhower later but unsuccessfully, warned us against. Bradley makes it easier to understand LBJ’s plunge into Vietnam, George Bush’s ill-fated invasion of Iraq and Obama’s immersion into the Middle East’s tangle of complex religious and political rivalries.

Now, as if in a repeat of past history, Obama’s baffling “pivot to Asia” is clearly aimed at a powerful China, no longer an American or Japanese supplicant. There are lessons to be learned about war and peace and Bradley’s valuable book offers a warning about past and future unnecessary entanglements.

Murray Polner is a blogger, writer and HNN Book Department editor.

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Retomo el análisis del libro Crucible of Empire que inicié a mediados de noviembre pasado. En esta ocasión enfocaré un corto, pero muy interesante ensayo de la historiadora norteamericana Anne L. Foster, titulado “Prohibiting Opium in the Philippines and the United States. The Creation of an Interventionist State”. La Dra. Foster es profesora asociada en el Departamento de Historia de la  Indiana State University. Ésta es autora de numerosos ensayos en diversas revistas  profesionales y coeditora, junto al sociólogo Julian Go, de una colección de ensayos titulada The American State in the Philippines: Global Perspectives (Duke University Press, 2003, ISBN: 0-8223-3099-7, publicado en las Filipinas por Anvil Press en 2005). Las áreas de especialidad de la profesora Foster son la historia de las relaciones exteriores de los Estados Unidos y del sudeste asiático.

En “Prohibiting Opium”, Foster examina la política norteamericana contra el consumo de opio en las Filipinas como parte de la orientación temática del libro que forma parte, es decir, como un mecanismo para examinar cómo las colonias estadounidenses influyeron en el desarrollo político de su metrópoli. Según la autora, el desarrollo de una política prohibiendo el consumo de opio en las Filipinas ha sido poco atendida, a pesar de su innegable importancia para entender el origen de las políticas anti-drogas en los Estados Unidos. Los norteamericanos prohibieron el opio en las Filipinas en 1908, seis años antes que en el territorio continental estadounidense, lo que le permite a Foster alegar que  el proceso filipino influyó de forma decisiva en la decisión en contra de los opiáceos en los Estados Unidos. Tal decisión conllevó la aprobación de la primera ley anti-narcóticos en la historia norteamericana.

Fumadero de opio, Manila, 1924.

Según Foster, la campaña en contra del opio en las Filipinas estuvo liderada por misioneros norteamericanos llegados a las islas después de 1898 y procedentes, en su mayoría, de la China. Estos misioneros vieron en la adquisición de las Filipinas una oportunidad para promover la prohibición del consumo de opio en los Estados Unidos. En otras palabras, la autora nos da un gran ejemplo de cómo se entrecruzan las esferas domésticas e imperial dentro de una relación colonial, pues los misioneros utilizan  la colonia como base para iniciar una política que se pretende exportar hacia la metrópoli.  De esta forma, la colonia deja de ser un mero receptor de las políticas e influencias procedentes de la metrópoli  y se convierte en un campo de experimentación social, legal y policial. Los frutos de tal experimentación  trascienden la sociedad colonial y terminan siendo implantados en la metrópoli.

Manila a principios del siglo XX.

Los objetivos de los misioneros chocaron con la actitud poco cooperadora de los oficiales coloniales norteamericanos, quienes no vieron con simpatía la prohibición del consumo de opio en las Filipinas. De acuerdo con Foster, el interés económico influyó  de manera decisiva en  la actitud de los oficiales coloniales porque el comercio de opio representaba una “fuente estable de ingresos” para el gobierno de las islas. Además, los oficiales coloniales se preguntaban, no sin alguna razón, por qué prohibir el opio en las Filipinas si su consumo era legal en la metrópoli.

La  estrategia de los misioneros en su lucha contra el opio en las Filipinas fue   asociar  su consumo con China y lo chino. Según Foster, ello respondió a una razón muy sencilla: la mayoría de ellos habían vivido en territorio chino, donde el  uso de la droga estaba muy extendido. Los misioneros estadounidenses habían sido testigos presenciales del efecto del uso del opio entre los chinos y usaron esas experiencias como argumento para conseguir su ilegalización en las Filipinas como un primer paso hacia su prohibición en los Estados Unidos. La presencia de chinos opiómanos en las Filipinas facilitó su labor, dándoles una justificación adicional.  Los  misioneros estadounidenses no eran los únicos en asociar el opio como un vicio chino, pues en los países del sudeste asiático era común la creencia de que los  chinos eran más propensos a su uso que los locales. En el caso filipino, el gobierno colonial español había limitado legalmente el consumo de opiáceos a los habitantes chinos de las islas, lo que unido al costo de este vicio, limitó el consumo de la droga entre los filipinos.

Los opositores del consumo de opio usaron la asociación de éste con los chinos para promover su prohibición tanto en los Estados Unidos como en las Filipinas. Sus argumentos eran muy sencillos. Primero, tanto en las Filipinas como en los Estados Unidos los chinos eran representados como extranjeros, es decir, como entes que no pertenecían a la “nación”. Si sólo los chinos fumaban opio, entonces, su ilegalización no afectaría a quienes sí eran considerados parte de  la “nación”. De esta forma, la prohibición de lo opiáceos  sólo afectaría no sólo a un sector minoritario, sino racial y culturalmente ajeno, foráneo, extraño.  Segundo, la obsesión de los chinos con el opio era presentada como evidencia de cómo éstos rechazaban la integración en la cultura norteamericana. El consumo de opio entre los chinos residentes en los Estados Unidos era visto como una práctica anti-norteamericana que reflejaba un claro rechazo de la cultura y la forma de vida estadounidenses; como una prueba de que los chinos no querían incorporarse a la cultura. Tercero, los fumaderos de opios eran presentados como centros de perdición,  donde jóvenes mujeres blancas eran corrompidas y convertidas en drogadictas, y en esclavas sexuales de hombres chinos. En conclusión, los estadounidenses usaron la imagen del opio como un vicio chino para marcar diferencias raciales, nacionales, culturales y hasta morales. De ahí que se alegara que la prohibición del consumo de opio sólo afectaría a un grupo minoritario y extranjero, que, además, rechazaba integrarse culturalmente y que corrompía con su vició a la sociedad estadounidense. Con ello se obviaba la amplitud y el carácter multiétnico del consumo de opio en los Estados Unidos.

De acuerdo con la autora, detrás de la oposición al consumo de opio se escondía un claro rechazo a la presencia china, tanto en las Filipinas como en los Estados Unidos. Los activistas anti-opio creían (¿albergaban la esperanza?)  que la ilegalización de los opiáceos llevaría a los chinos a regresar a su país, lo que facilitaría su implementación tanto en las Filipinas como en los Estados unidos.  No todos los observadores y analistas del tema del consumo de opio pensaban que la prohibición de éste fomentaría el regreso de miles de chinos a China. Un grupo de pesimistas alegaba que los opiómanos permanecerían tanto en los Estados Unidos  como en las Filipinas y que se convertirían en criminales, y en un serio problema social y criminal. De ahí que plantearan el tratamiento médico como solución al problema de la adicción al opio.

Tras la ilegalización del opio en 1914, los norteamericanos adoptaron el sistema de tratamiento existente en las Filipinas desde 1905.  En el sistema filipino, los adictos –de forma voluntaria o tras ser acusados por posesión de la droga– tenían la opción de recibir tratamiento médico gratuito. Los oficiales coloniales estaban muy orgullosos de este sistema porque creían que simbolizaba la dedicación y el compromiso del gobierno colonial con el bienestar de los filipinos, además, de su afán de ayudar a los adictos  a “volver a ser miembros productivos de la sociedad”. Este planteamiento me lleva a preguntarme si  el programa de tratamiento era visto como un elemento más de la representación del colonialismo norteamericano en las Filipinas como  un proceso de civilización e ilustración de sus habitantes. ¿Hasta qué  punto quienes aceptaban el  tratamiento ­­–es decir, la ley impuesta por el gobierno colonial– eran dignos de ser salvados, como los que habían aceptado el control norteamericano de las islas –también impuesto– habían sido dignos de ser civilizados por sus amos coloniales?  En otras palabras, ¿hasta qué punto este elemento se inserta en el  discurso colonial estadounidense en las Filipinas?

La ilegalización del opio en los Estados Unidos vino acompañado de un cambio  en la imagen del opiómano. Algunos médicos y oficiales de salud pública siguieron viéndole como a un enfermo que necesitaba asistencia médica y que no debía ser juzgado.  Sin embargo, otros galenos, oficiales sanitarios y, sobre todo, oficiales judiciales veían la adicción al opio como un vicio que debía ser castigado. Para ellos, el adicto era un criminal que debía ser encarcelado, no un enfermo. En este esquema represivo, el tratamiento estaba reservado para los prisioneros.  Según Foster, la distinción que se hacía entre quienes debían recibir tratamiento y quienes debían ir a la cárcel estaba enmarcada en las ideas de la época en torno a quien merecía ser salvado. En otras palabras, el gobierno estadounidense estaba más dispuesto a invertir dinero tratando a adictos de clase media,  “blancos y educados”  que en hacer los mismo con las minorías o los miembros de la clase trabajadora. Éstos últimos eran vistos como “una amenaza que debía ser removida de la sociedad en vez de  ayudarles a reintegrarse a ésta”.

Hamilton Wirght

Foster hace un recuento del proceso que llevó a la prohibición de la importación de opio a las Filipinas en 1905 (efectivo en 1908). De esta forma los Estados Unidos se convirtieron en la primera potencia colonial en el sudeste asiático que prohíbe el opio en su colonia, pero ello no alteró la legalidad de esa droga  en territorio metropolitano. Los misioneros y reformistas, especialmente el Obispo Episcopal de las Filipinas Charles H. Brent, iniciaron una campaña para prohibir el opio en las colonias cercanas y convencieron al Presidente Teodoro Roosevelt a convocar una  conferencia internacional en 1909. Las potencias coloniales europeas aceptaron la invitación norteamericana  y en preparación para tal reunión se acordó que todos los países participantes investigarían el tema del consumo de narcóticos tanto en la metrópoli como sus colonias. El Departamento de Estados de los Estados Unidos contrató a Hamilton Wright, un claro enemigo del opio, para que realizara tal investigación. Wright encontró que en los Estados Unidos existían miles de opiómanos. Además,  criticó que  la nación norteamericana promoviera la prohibición del opio en Asia cuando esa droga era legal en los Estados Unidos. Los medios noticiosos difundieron esta vergonzosa contradicción, lo que forzó la intervención del Congreso federal. En 1909, los legisladores estadounidenses aprobaron una ley prohibiendo la importación de opio listo para ser fumado. Según Foster, esta ley preparó el caminó para la aprobación, en 1914, de la Ley Harrison regulando la importancia, distribución y consumo de opiáceos en los Estados Unidos (la cocaína también fue incluida en esta ley).

Foster también enfoca el tema del tráfico de opio.  Como era de esperar, tras la prohibición de la droga ni los chinos regresaron a su país ni el consumo de opiáceos acabó. Por el contrario, la ilegalización del opio  abrió las puertas al negocio del contrabando de la droga. Las autoridades coloniales norteamericanas tomaron una serie de fuertes medidas para enfrentar el problema del contrabando. Para ello, recurrieron a tres instituciones coloniales policíaco-represivas:  la policía  municipal de la ciudad de Manila, el  Philippines Constabulary –un cuerpo  paramilitar creado por los norteamericanos que estaba compuesto por locales, pero comandado por estadounidenses– y el Servicio de Aduanas federal.  La autora presta especial atención a la presión que el gobierno norteamericano ejerció sobre los británicos para que éstos controlaran el contrabando de  opio desde sus colonas hacia las Filipinas.

La autora cierra su ensayo con una observación muy relevante. Según ella, se puede trazar parte de los orígenes de la llamada guerra contra las drogas en el desarrollo de un campaña largamente olvidada contra el trafico de opio en las Filipinas, que fue justificada como una mecanismo para proteger a los filipinos. De acuerdo con Foster, para combatir el contrabando de opio, los Estados Unidos promovieron  la prohibición regional y mundial de la droga. Además tuvieron que adoptar  acciones represivas en las islas y en los Estados Unidos que cambiaron las leyes y políticas estadounidenses. El gobierno norteamericano se embarcó en una campaña firme contra la prohibición de opio que se hizo cumplir a través de medidas represivas y policíacas contra los traficantes. Para Foster, tales medidas constituyen un importante antecedente de las políticas antidrogas estadounidenses adoptadas en las últimas décadas del siglo XX.

Este es un trabajo muy valioso, que enfoca el colonialismo como un proceso que se desarrolla en dos sentido, dejando claro cómo la colonia  fue usada  como campo de experimentación de políticas de control social, médico y legal, que luego fueron adoptadas por la metrópoli. La colonia deja así de ser un mero recipiente o víctima de las acciones y/o políticas metropolitanas para convertirse en protagonista del drama colonial. Para ello, Foster analiza, de forma clara y directa, un tema poco estudiado por la historiografía del imperialismo estadounidense, pero de gran relevancia y actualidad dado el papel que juegan los Estados Unidos en el consumo actual de drogas ilegales.  Foster también deja claro el impacto del control del opio en las Filipinas sobre las prácticas legales y policíacas norteamericanas, es decir, sobre el desarrollo del Estado en la sociedad estadounidense.

Antes de finalizar sólo me queda hacer un último comentario. Al concentrarse en la labor de los misioneros norteamericanos, la autora no atiende una pregunta que me resulta medular: ¿qué  papel jugaron los filipinos (políticos, religiosos, médicos, etc.) en este proceso? La ausencia de los sujetos coloniales en el ensayo de Foster me intriga y me lleva a preguntare si éste es más bien un problema de acceso a fuentes. Espero que este corto ensayo sea una pieza de un trabajo de mayor envergadura que le permita a Foster contestar esta pregunta y otras preguntas, además de seguir examinando las complejidades de la relación colonial de Estados Unidos y las Filipinas, la más controversial de sus colonias.

Norberto Barreto Velázquez, Ph. D.

Lima, Perú, 18 de diciembre de 2009

Nota: Las traducciones del inglés son todas mías. Los interesados en el tema del opio podrían consultar los siguientes trabajos del Dr. Dale Geringer: “Prohibiting Opium in the Philippines –May 3rd 1905-2005” en Drugsense.com y “The Opium Exclusion Act of 1909” en Counterpunch.com

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