Mateo Wills comienza esta corta nota con un planteamiento categórico: prohibir los abortos no acaba con éstos, pero criminaliza su práctica. Luego continua examinando como a partir de la segunda mitada del siglo XIX en el estado de Illinois se usó la prohibición del aborto para perseguir a las mujeres pobres e inmigrantes. Para ello se fundamenta en un artículo de la Dra. Leslie J. Reagan analizando cómo las autoridades de la ciudad de Chicago usaron mecanismos ética y moralmente cuestionables para perseguir a todos los que de una forma estuvieron involucrados en un aborto. Vale la pena citarle
Según Reagan, “la tolerancia popular del aborto moderó la aplicación” , por lo que aquellos que tuvieron abortos generalmente no fueron arrestados, procesados o encarcelados. Pero las “investigaciones oficiales y la exposición pública” todavía se usaban para disciplinarlos y castigarlos. “Los procedimientos de investigación en sí mismos constituían una forma de castigo y control”, incluso para amigos y familiares, ya que se suponía que las hermanas, por ejemplo, conocían los detalles íntimos de la vida reproductiva de sus hermanos.
De esta forma se creo un sistema punitivo en el que se vieron atrapadas, como siempre, las mujeres pobres, inmigrantes y de minorías étnicas.
La Dra. Reagan es profesora en el Departamento de Historia de la University of Illinois Urbana-Champaign, donde dicta cursos de Historia de los Estados Unidos, historia de la medicina, salud pública y ciencia, mujeres, género y sexualidad, es autora de Dangerous Pregnancies: Mothers, Disabilities, and Abortion in Modern America. University of California Press, 2010).
Wills es escritor y bloguero.
Vigilancia del abortoJSTOR 12 de julio de 2022
Prohibir el aborto no detiene los abortos, por supuesto, pero sí castiga a los involucrados. Durante la segunda mitad del siglo XIX, los estados estadounidenses anularon la aceptación de abortos por parte de la ley común antes de las dieciséis semanas y aumentaron su poder policial para controlar los cuerpos de las mujeres. Illinois, por ejemplo, criminalizó el aborto en 1867 y prohibió los abortivos, medicamentos o dispositivos utilizados para inducir abortos, en 1871.
La académica Leslie J. Reagan explora cómo las autoridades de Chicago hicieron cumplir estos códigos penales durante las próximas siete décadas. “El estado procesó principalmente a los abortistas, la mayoría de las veces después de que una mujer había muerto, y los fiscales se basaron para obtener evidencia en declaraciones de muerte recopiladas de mujeres cercanas a la muerte debido a abortos ilegales”, señala Reagan.
Según Reagan, “la tolerancia popular del aborto moderó la aplicación”, por lo que aquellos que tuvieron abortos generalmente no fueron arrestados, procesados o encarcelados. Pero las “investigaciones oficiales y la exposición pública” todavía se usaban para disciplinarlos y castigarlos. “Los procedimientos de investigación en sí mismos constituían una forma de castigo y control”, incluso para amigos y familiares, ya que se suponía que las hermanas, por ejemplo, conocían los detalles íntimos de la vida reproductiva de sus hermanos.
En los registros de cuarenta y cuatro investigaciones forenses del condado de Cook que examinó, Reagan encontró que todas las mujeres que tuvieron abortos eran inmigrantes de clase trabajadora o hijas de inmigrantes. El enfoque del estado “en regular el uso del aborto por parte de las mujeres de clase trabajadora” significó que la vigilancia policial eximió en gran medida a las mujeres de clase media y alta.
La mayoría de las mujeres que tuvieron abortos estaban casadas, pero el estado concentró su aplicación en “mujeres solteras y sus parejas”. Es decir, las parejas masculinas podían ser arrestadas y encarceladas por embarazar a las mujeres en primer lugar y/o ayudar en un aborto; era común que estos hombres fueran encarcelados antes de las investigaciones del forense.
La clave para los enjuiciamientos de los abortistas fueron las “declaraciones de muerte” (“dying declaration(s)”) extraídas de mujeres que morían por abortos ilegales. Un ejemplo de estos “interrogatorios humillantes sobre asuntos sexuales por parte de funcionarios masculinos” data de 1916. Carolina Petrovitis era una inmigrante lituana y casada y madre de tres hijos. El médico llamado por los vecinos le negó la atención hasta que escuchó una declaración que implicaba a un abortista, una práctica estándar con algunos médicos. Después de que Petrovitis admitió que una partera le había practicado un aborto, fue enviada a un hospital. Allí, las autoridades, alertadas por el médico original, trajeron a la policía. Cuando le dijeron que iba a morir, se le pidió a Petrovitis detalles sobre quién realizó el aborto, los instrumentos utilizados y el nombre del padre. La declaración de muerte de Petrovitis, una excepción a las reglas de rumores que podrían usarse en la corte, fue firmada con su marca justo antes de que pereciera.
Reagan detalla cómo los médicos y los hospitales “sirvieron al estado en la recopilación de pruebas”. La Asociación Médica Americana, que tenía su sede en Chicago, había liderado la acusación de prohibir el aborto en todo el país. Sin embargo, algunos médicos estaban preocupados por los derechos de privacidad de sus pacientes. (Otros, por supuesto, realizaron abortos). La ley de Illinois no requería que los médicos reportaran evidencia, pero aquellos reacios a hacerlo “quedaron atrapados en el medio entre sus responsabilidades con sus pacientes y las demandas del gobierno”.
En 1904, se estimó que “de seis a diez mil abortos [fueron] inducidos en Chicago cada año”. Algunos de estos fueron por mujeres embarazadas en casa. En la década de 1920, un estudio de la Oficina de Niños de Chicago estimó que al menos el once por ciento de las muertes relacionadas con el embarazo y la maternidad siguieron a abortos ilegales.
Reagan informa que para todas las investigaciones, nunca hubo más de un puñado de enjuiciamientos reales anualmente. La oficina del fiscal del estado “nunca ganó más de uno o dos de ellos” al año. Las acciones legales contra el aborto aumentaron en las primeras décadas del siglo XX, pero el número de condenas apenas cambió en la década de 1940.
En la década de 1940, los fiscales cambiaron de táctica, allanando lugares donde se realizaban abortos en lugar de esperar las muertes por el procedimiento, ya que los avances médicos en la década de 1930 habían hecho mucho para salvar a las mujeres de abortos fallidos. “El sistema siguió siendo punitivo para las mujeres atrapadas en él”, concluye Reagan.
El Imperio de Calibán 